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Enfrentamientos en la frontera de Venezuela con Colombia PDF Imprimir E-Mail
May-26-21, por Rosendo Fraga
 
 

En los primeros días de mayo, el New York Times publicó que grupos guerrilleros colombianos considerados terroristas por EEUU y la Unión Europea, habían instalado zonas liberadas en Venezuela. Concretamente en la frontera con Colombia, en el estado venezolano de Apuré. Estos grupos habían empezado a gobernar de hecho en la zona. Uno de ellos es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que es el mayor grupo guerrillero que queda en América Latina. El año pasado comenzaron a dominar la parte venezolana de la península de Guajira. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo niega, también estarían operando en otros lugares del país. 

La crisis social derivada del colapso económico ha dado a estos grupos la posibilidad de extender su influencia. En abril las Fuerzas Armadas Venezolanas habían lanzado una operación en el estado de Apuré para desplazar a un grupo disidente de las FARC que rechazó el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Durante los últimos dos años se desató una guerra entre estos grupos por el dominio de rutas de tránsito de contrabando de drogas, y la violencia recayó principalmente sobre los indígenas wayuu, que se encuentran entre los dos países. Por temor, muchos integrantes de esta etnia -varios miles- huyeron a Colombia. En esta caótica situación, el ELN fue desplazando a las bandas locales. En el sur del país, los grupos armados conocidos como "sindicatos" que dominan la minería ilegal, gestionan la electricidad y el combustible. A lo largo de la extensa frontera de Venezuela con Colombia, el ELN y otros grupos guerrilleros dominan la zona. 

Semanas atrás, el Ejército Bolivariano fue derrotado en un enfrentamiento con el "10° Frente Martín Villa", de la disidencia de las FARC. Este grupo informó que capturó "ocho prisioneros de guerra" después de una emboscada realizada el 23 de abril, cuando 300 guerrilleros atacaron a 30 militares del cuerpo de élite que contaban con el apoyo de helicópteros de combate. El enfrentamiento se dio en Apuré y los guerrilleros informaron también haber matado a 12 militares venezolanos y herido a 8. 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) afirmó encontrarse buscando a efectivos desaparecidos y que soldados heridos estaban volviendo a su base como podían. El "10° Frente" apeló a los buenos oficios de la Cruz Roja para que, en coordinación con la ONU y la OEA, intervinieran como si se tratara de parte del conflicto que mantiene con el estado colombiano. Dijeron también que las FANB están en posiciones defensivas en Apuré, replegadas en sus bases y sin salir a patrullar. Los choques entre el ejército chavista y la disidencia de las FARC habrían comenzado el 21 de marzo, con el ataque de fuerzas venezolanas contra los enemigos de sus dos aliados, Iván Márquez y Jesús Santrich, que lideraban el Frente "Segunda Marquetalia". El gobierno venezolano no reconoce dicha alianza y acusa al "10° Frente" de estar al servicio de Colombia y de la CIA. 

El 18 de mayo fue muerto Santrich en territorio venezolano, el líder guerrillero colombiano que era aliado del chavismo. Tuvo lugar en la serranía de Perijá, en territorio venezolano. El Frente "Segunda Marquetalia" en un comunicado dijo que comandos colombianos por orden del presidente Iván Duque habían asesinado a su jefe. Pero también se especuló que mercenarios lo habrían ultimado para cobrar la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense por Santrich. 

Este ex dirigente de las FARC, que fue un activo negociador en el acuerdo de paz de 2019 -aunque su dureza complicó las gestiones que realizaba Cuba a favor del acuerdo-, decidió volver a la lucha armada, cuando fue requerido judicialmente por Washington. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, dijo que la muerte de Santrich confirmaba la actuación desde Venezuela de "narco-criminales" refugiados allí. Al momento de ser ultimado, Santrich estaba protegido por un "anillo de seguridad" de 12 hombres y coordinaba personalmente la reorganización de otra facción de las FARC llamada "Frente Martín Caballero". Era un paso más tras haber organizado la disidencia "Segunda Marquetalia" junto a Iván Márquez, quien fuera también negociador de las FARC con el gobierno colombiano. 

La inteligencia militar colombiana sostiene que este grupo opera fundamentalmente en Venezuela con colaboración de las fuerzas chavistas. Santirch fue capturado en Colombia en abril de 2018 con fines de extradición, pero en marzo de 2019 fue liberado por disposición de la Suprema Corte, lo que implicó una crisis para el presidente Iván Duque. En su comunicado sobre la muerte de Santrich, la "Segunda Marquetalia" reconoció su apoyo a las protestas violentas que tienen lugar en Colombia. 

La ONG Fundarredes, que sigue la actividad de los grupos armados ilegales colombianos, sostuvo que el enfrentamiento armado que culminó con la muerte de Santrich lo protagonizaron el "10° Frente" de las FARC liderado por Gentil Duarte contra la "Segunda Marquetalia", comandada por Santrich y Márquez. La ONG informó que la actividad de estos grupos colombianos se había extendido a los estados de Apuré y Zulia (limítrofes), Guárico y Miranda (centro), Barinas (oeste) y Bolívar (sur). De acuerdo a esta fuente, Santrich venía operando en el barrio "23 de Enero" de Caracas, bajo protección del chavismo. Según el referido comunicado de la "Segunda Marquetalia", que también utiliza la sigla FARC-EP, la camioneta donde viajaba fue atacada con fuego de fusiles y granadas. Ya muerto, le cercenaron el meñique izquierdo, supuestamente para asegurar su identificación. Dicen que los comandos fueron extraídos en un helicóptero amarillo rumbo a Colombia. El comunicado finaliza con un claro mensaje: "Al pueblo colombiano, movilizado desde hace 20 días en protesta permanente contra el mal gobierno, le pedimos, en homenaje a Santrich, no aflojar en su justa lucha y a lanzarse con todas sus fuerzas a derrotar a este maldito régimen que nos está exprimiendo hasta el alma". 

El 25 de mayo la inteligencia militar colombiana hizo público un informe de medio centenar de páginas sobre la acción de grupos ilegales colombianos que estaban actuando desde la frontera venezolana. Adjudicó al ELN 1.100 combatientes y a las fracciones disidentes de las FARC aproximadamente 400, asumiendo la importancia del problema.

 
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