Los conflictos internos dentro del Gobierno han llegado a su punto máximo desde el 10 de diciembre de 2019. Se han manifestado a través de las segundas líneas de gobierno, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene ubicados funcionarios militantes en cargos relevantes. El cambio de posición respecto a Venezuela con la aprobación explícita del Informe Bachelet que denuncia las violaciones a los derechos humanos en este país, ha sido la parte más visible durante la semana pasada. La vicepresidenta, como ha sido su estrategia desde el inicio del gobierno, se mantiene en silencio, habla por otros o simplemente "retuitea". 

La renuncia de Alicia Castro a la embajada argentina en Rusia cuestionando la política exterior del Gobierno, sin ser refutada desde el kirchnerismo, es una toma de posición. Cabe recordar que en septiembre de 2015, en la última Asamblea de las Naciones Unidas, Cristina Kirchner se reunió sólo con dos presidentes del mundo: el de China en el ámbito global y el de Venezuela en el marco regional. Sus relaciones con Cuba se han estrechado y esto también influye en sus posiciones. El presidente Alberto Fernández tomó una posición influida incluso por la misma Michelle Bachelet, con quien se comunicó telefónicamente. 

Un vocero del Departamento de Estado nortamericano reconoció el cambio de posición argentino, pero simultáneamente el presidente buscó atenuar este efecto: el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su exposición ante el Senado expresó que a la Argentina le preocupaban las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero también en otros país como Estados Unidos, Colombia y Bolivia. El mismo presidente durante el fin de semana criticó a los Estados Unidos. 

El tema de la Justicia ha sido central en las últimas semanas y lo seguirá siendo en las próximas. Los dos temas claves a resolver por la Suprema Corte son el per saltum de los jueces removidos por el Senado -que manejan causas que amenazan a la vicepresidenta- y el pedido de inconstitucionalidad de la Jefatura de Gobierno porteña al DNU que reduce ingresos de coparticipación del distrito. Hoy no hay elementos para anticipar ninguna de las dos decisiones. Quienes analizan políticamente los movimientos de la Corte piensan que finalmente se pronunciará uno a favor del gobierno y otro en contra, buscando un equilibrio político. Pero la ofensiva del oficialismo continúa. El Gobierno y la mayoría de las organizaciones de derechos humanos no concurrieron a la reunión convocada por Carlos Rosenkrantz, el miembro de la Corte más cuestionado por el oficialismo. Esta fue una decisión de la ministra de Justicia Marcela Losardo, uno de los miembros del Gabinete más próximo al presidente. 

Al mismo tiempo, en el Senado dieron acuerdo para la designación de 28 jueces y fiscales, entre los cuales se destacan una cantidad importante de origen kirchnerista, poniendo en marcha la cobertura de las vacantes con candidatos afines al oficialismo. En cuanto a la reforma judicial, el oficialismo anunció que posterga el tema y no lo va a tratar en lo que queda de las sesiones ordinarias que finalizan el 30 de noviembre. Algunos han querido ver en esto una señal de distensión política, pero la realidad es otra. El proyecto fue aprobado en el Senado con la mayoría (automática) que tiene el peronismo y que conduce con firmeza Cristina Kirchner. Pero la situación en Diputados es otra: al oficialismo le faltan 10 diputados y en estas condiciones no es fácil conseguirlos. En esta Cámara el peso del kirchnerismo es muy fuerte, ya que el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos es Máximo Kirchner. 

Pero el acto que se realiza el jueves 17 de octubre para conmemorar el 75  aniversario del peronismo se realiza en un contexto de susceptibilidad política mientras la oposición ha realizado un nuevo y contundente "banderazo". Hay  dos visiones al respecto: los que piensan que el acto será para afirmar  políticamente al Presidente, y los que sostienen que permitirá la reunificación del  peronismo tras las recientes disidencias con vistas a la unidad frente a las  elecciones legislativas. 

La CGT es el promotor del evento y su intención es  fortalecer al Presidente. Dicho fortalecimiento no será tanto por la cantidad de  gente que se sume al acto -que será sólo virtual- sino por el lanzamiento de la  candidatura de Alberto Fernández para presidente del PJ, como ya lo adelantó el  actual titular, José Luis Gioja. Se parte de la base de que para que esto tenga efecto  político tiene que tener apoyo explícito de los gobernadores, quienes hasta el  momento se han mantenido en silencio. Todavía no está claro si la Vicepresidenta  concurrirá al acto. Si no lo hace dará pie a suspicacias y reforzará la idea de las  diferencias internas; si lo hace, dará significado de unidad al acto. 

Cinco días antes,  el lunes 12 de octubre, tuvo lugar un nuevo banderazo de la oposición que reclama  por diversos temas, como las restricciones con motivo de la pandemia, los intentos  del oficialismo por dominar políticamente a la Justicia y la defensa de la  Constitución. Como en las protestas anteriores, estos llamados "banderazos" que  han coincidido con las fechas patrias, han dejado las manifestaciones callejeras en manos de la oposición. 

Paradójicamente, ésta se encuentra en una situación política  interna difícil. En la votación de 28 jueces en el Senado, 4 legisladores del PRO  votaron en contra, 16 se abstuvieron y 10 desconectaron el sistema electrónico. La  oposición nucleada alrededor del PRO se muestra así unida y fervorosa en las  calles pero dividida y prudente en su dirigencia. Macri reapareció buscando capitalizar el hecho pero su figura sigue siendo motivo de controversia en el campo opositor. 

Las usurpaciones y el aumento de casos por la pandemia son claves en la situación social. La Corte ha definido una posición respecto a las usurpaciones de origen indigenista en la Patagonia al rechazar el pedido de que funcionarios judiciales y policías sean invalidados por la persecución que se ejerce sobre ellas. De no hacerlo, se hubieran paralizado las causas que se desarrollan sobre este tema. 

Por su parte, el Jefe de Gabinete ante el Senado sostuvo que el Gobierno va a desocupar los predios usurpados a partir de que exista sentencia judicial firme. Es una definición que hubiera requerido más precisiones. El 14 de octubre vence la última prórroga que la Justicia ha dado para el desalojo del asentamiento establecido en el Gran Buenos Aires (Guernica). Será un test que en este caso debe enfrentar el gobierno bonaerense y también lo será para el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, quien tendrá que conducir el desalojo tras la rebelión policial de un mes atrás. 

En cuanto a la pandemia, el Gobierno es consciente del costo político que implica la continuidad de la "cuarentena atenuada", al cumplirse 207 días de cuarentena. Al 12 de octubre, en muertes acumuladas por país la Argentina ocupa el puesto 12° y el 14° en muertes cada 100.000 habitantes, pero en cuanto a los infectados totales ya ocupa el puesto 6°. El dato más preocupante surge del relevamiento semanal de casos que realiza la Universidad Johns Hopkins, donde la Argentina se encuentra entre los cinco países con peor desempeño en el manejo de la pandemia. En la semana que acaba de terminar, se dio un promedio de 215,1 contagios cada 100.000 habitantes, exactamente el doble que el promedio hace dos meses. No está claro si el "pico" ha llegado. Hasta el momento, en los últimos dos meses, la tendencia ha sido el incremento claramente en el total país, siendo la baja proporción de testeos una de las causas de esta situación.