El fallo de la Corte que aplica a los detenidos por los delitos de lesa humanidad, el computo del dos por uno, por el cual se cuentan dos años de prisión por cada uno efectivo, mientras no se ha dictado una condena firme, se inscribe en una jurisprudencia que ha comenzado a determinar el máximo tribunal, por la cual deben aplicarse las normas penales normales a este tipo de delitos, por sobre la interpretación judicial. 

Semanas atrás, otro fallo de la Corte también en un caso particular,  estableció que debía aplicarse la prisión domiciliaria, a un detenido por este tipo de delitos. Decisiones judiciales, habían privado de este beneficio de la ley penal a detenidos por los delitos de lesa humanidad. 

El argumento de la Corte, es que al no haber una ley específica que prive a los detenidos por este tipo de delitos de los beneficios generales de la ley penal, la interpretación judicial no debe privarlos de ellos. 

En los dos fallos, la decisión fue tres a dos entre los cinco miembros del máximo tribunal, aunque no sean exactamente los mismos quienes votaron de una u otra forma en cada caso. 

Para quienes desde el ámbito militar y la sociedad civil, reclaman una política de conciliación respecto a la violencia que tuvo lugar en la Argentina en los años setenta, este nuevo fallo es un avance, que permitirá la libertad de una cantidad relevante del millar de detenidos en las llamadas causas de lesa humanidad. 

Para las organizaciones de derechos humanos, el fallo es un retroceso respecto a las decisiones judiciales que se venían aplicando y consecuencia de una política del gobierno impulsada en esta dirección.   

Esta decisión de la Suprema Corte, se produce justo la misma semana en la cual el Plenario del Episcopado integrado por un centenar de obispos que se reúnen dos veces al año, tratará el tema de la “reconciliación”, buscando impulsar el diálogo entre las partes que protagonizaron este conflicto en los años setenta. 

Esta coincidencia, puede o no ser casual, pero muestra que se están produciendo hechos concretos en función de una política que busca tender puentes con la división más dura que ha tenido la Argentina en el siglo XX. 

También tiene lugar, cuando llegan a 400 los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que han muerto mientras estaban detenidos por estas causas. 

Es posible que estos hechos también tengan relación con la conmemoración del la fecha del último golpe militar el pasado 24 de marzo, en la cual discursos y consignas, avanzaron hacia la reivindicación de las organizaciones guerrilleras que actuaron entonces. 

Es que esta actitud, generó reacciones, como la misma marcha que tuvo lugar una semana después el 1 de abril en apoyo del gobierno que tuvo como ámbito principal la misma Plaza de Mayo y como protagonista cuantitativamente más importante personas mayores a 50 años que vivieron los años setenta. 

Pero también todo esto tiene lugar con un cambio de contexto político. Para el Kirchnerismo, reivindicar las organizaciones guerrilleras de los años setenta y hacer de los derechos humanos una bandera, era una parte importante de su proyecto político, más allá de la utilización política del tema que se hacía. 

Cambiemos en cambio retoma la política del Radicalismo, que suele ser denominada de “los dos demonios”, por la cual la violencia se dio entre dos partes que actuaron al margen de la ley. 

Para las Fuerzas Armadas, tanto los fallos de la Corte como el llamado del Episcopado a la reconciliación, son hechos en dirección a superar las secuelas de un pasado, en el cual ninguno de los que hoy están en actividad, lo estaban entonces.