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con cierto modelo económico al que consideran
fracasado, a quienes lo ven como un organismo que ha dirigido su accionar
a intentar contribuir al crecimiento económico del país,
y a los que consideran que el FMI no tuvo la firmeza necesaria en el pasado
para impedir los desajustes fiscales que han sido moneda corriente durante
los últimos años.
Paralelamente, el país en crisis, con una tasa
de desocupación del orden del 25%, una fuerte caída de la
producción industrial, estimaciones de contracción de la
economía para el 2002 que llegan al 10% y una constante devaluación
del peso frente al dólar, se encuentra liderado por una administración
que debió acceder al poder en forma vertiginosa, repentina y desordenada,
luego de aquellos convulsionados días en que se sucedieron cinco
presidentes. Transcurridos aproximadamente tres meses desde que asumiera
Duhalde, se pueden extraer ciertas conclusiones respecto de su política
económica y, en especial, del modo en que interactúa con
el gravitante papel que ha adquirido el Fondo Monetario Internacional.
Una de las características principales que muestra
el gobierno de Duhalde es un alto grado de improvisación y constantes
marchas y contramarchas en sus decisiones en materia económica
que provocan un permanente desgaste en los argentinos. Puede recordarse
al respecto una de las afirmaciones de Duhalde en su primer discurso presidencial
cuando resaltó que se iba a respetar la moneda en que se realizaron
los depósitos, para luego decidir su pesificación, como
así también su postura evidenciada al inicio de su mandato
en cuanto a no aplicar retenciones a las exportaciones. En el marco de
este constante ir y venir, no debiera sorprender la pasividad, cautela
y reticencia por seguir prestando demostrada por el FMI, facilitada por
el hecho de que la crisis argentina no ha contagiado otros países,
ni resultan llamativas aquellas palabras pronunciadas ya tantas veces
por el Gobierno de los Estados Unidos que llegan hasta a ofuscar a casi
todos los argentinos, me refiero en particular "al plan económico
sustentable".
Resulta interesante imaginar por un momento cómo
sería la política económica del gobierno de Duhalde
si el país no tuviera esta enorme dependencia hacia el Fondo Monetario
Internacional; vale decir, sin que existiera alguien con poder suficiente
como para intentar limitar y corregir ciertas decisiones que se adoptan.
La respuesta no resulta muy alentadora y ello ha movido al FMI ha tener
que requerir al Gobierno la modificación de ciertas normas que
fueron promulgadas. Frente a esta cruda dependencia, cuánto más
ordenado sería dictar estas medidas habiendo ya obtenido la conformidad
del Fondo, en lugar de tener que seguir el penoso y desgastante camino
de promulgación/negociación con el FMI/modificación.
Un ejemplo de este accionar lo constituye lo que acontece en torno a la
Ley 25.563 conocida como "Reforma a la Ley de Concursos y Quiebras".
A pesar de haberse logrado la supresión de ciertos artículos
antes de su promulgación, tal como la comentada capitalización
compulsiva de deudas, la ley sigue siendo objeto de permanentes reparos
por parte de las autoridades del Fondo, quienes requieren de su pronta
derogación, antes de acceder a efectuar nuevos desembolsos.
Los requerimientos del FMI apuntan también a poner
fin a la persecución de banqueros por la curiosa aplicación
de la resucitada Ley de Subversión Económica, lograr de
una vez un acuerdo serio y realista entre la Nación y las provincias
en materia presupuestaria, cumplir con la disminución del gasto
público en aquellas áreas que, como el Congreso Nacional,
podrían bien funcionar con prácticamente la mitad de su
presupuesto, combatir eficazmente la evasión fiscal, despolitizar
el juicio a los miembros de la Corte, realizar una previsión de
emisión monetaria que sea cumplible y ajustada a la realidad del
país, no establecer controles de precios, terminar con el corralito
financiero, dar inicio a la renegociación de la deuda externa con
los acreedores extranjeros, y así sucesivamente. Estas medidas
requeridas por el Fondo, cuya razonabilidad y necesidad parecen evidentes,
constituyen el "plan económico sustentable" tan comentado;
vale decir, un plan económico viable en el largo plazo.
Las acciones de este gobierno, cuando no estuvieron influenciadas
por el FMI, han estado más cerca de llevar al país al aislamiento
que a perseguir su integración con las economías del mundo
occidental, y se han caracterizado por una preocupante visión de
corto plazo, adoptando medidas que pretenden tener efectos anestésicos
pero que de modo alguno apuntan a solucionar los problemas de fondo, a
los que correspondería sujetar a medidas estructurales como las
recomendadas por el FMI.
Si bien es cierto que no todas las recomendaciones efectuadas
por el FMI han sido acertadas, como la criticada sugerencia de proceder
al rescate inmediato de la totalidad de los bonos provinciales en circulación,
que generaría una corrida inflacionaria y debería pues ser
realizado pero en forma gradual y ordenada, y si bien también es
cierto que algunos requerimientos deberían, con la conformidad
del FMI, ser moldeados en función de la realidad social del país,
resulta al menos saludable que, en tiempos de alarmante improvisación,
exista quien oriente y limite las decisiones en materia de política
económica.
Las próximas semanas serán cruciales en
esta difícil convivencia entre el gobierno y el FMI y es de esperar
que la misma transcurra en un clima de mayor diálogo y planificación,
tomando conciencia la dirigencia política de la realidad en la
que se encuentra inmersa en el mundo nuestro país y teniendo en
cuenta que los países que sufrieron graves crisis económicas
durante los últimos años (casos México, Brasil, Corea
del Sur, Turquía y Ecuador) lograron recuperarse gracias a la adopción
de "medidas económicas sustentables" y a la consecuente
obtención de un fuerte respaldo monetario externo.
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