La crisis desatada por el supuesto pago de sobornos por parte del Ejecutivo al Senado para la aprobación de la reforma laboral, es la más grave sufrida por la Cámara Alta en un siglo y medio de historia, desde que el país se organizó institucionalmente.

Vista en la perspectiva de una crisis que afecta tanto al Legislativo, como el Ejecutivo, al oficialismo como a la oposición, ya que ambos están comprometidos en las denuncias, que han sido presentadas en la justicia por el Vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez.

Las renuncias que se han producido entre algunos senadores en la tarde del viernes 1 de setiembre, son de dos tipos. Algunas de ellas, como las del senador justicialista Eduardo Bauzá, son sólo al fuero, para permitir la investigación judicial. Otras, como la del senador Eduardo Menem,- hermano del ex-presidente,- son a la banca. Pero habrá que ver si se trata de renuncias indeclinables, o decisiones que puede ser revisadas si las respectivas legislaturas provinciales que los eligieron los ratificaran.

En caso de que una renuncia fuera indeclinable, la actual legislatura provincial debe elegir al ciudadano que ocupa la banca hasta la finalización del mandato, el 10 de diciembre del 2001. La renuncia a la banca, implica la renuncia al fuero y en consecuencia la posibilidad del procesamiento judicial.

Las decisiones de senadores renunciando tanto a los fueros como a las bancas, apuntan por parte de algunos senadores, a diferenciarse del resto, adoptando una actitud personal que muestre no temer a la investigación, haciéndola posible al perder el fuero.

Para que un senador pierda el fuero sin renunciar, se requiere que dos tercios del total de miembros de la Cámara se lo quiten, lo que no resulta fácil en la actual circunstancia.

El Senado está muy desgastado y esta crisis profundiza este desgaste. Pero el problema no es sólo el Senado, sino que el Ejecutivo también está complicado. Tanto la crisis, como la investigación, no se agotan en el Legislativo, sino que comprenden también el Ejecutivo y ese es el problema político central a resolver.

Pese a todo, la Argentina se encuentra frente a una crisis política, pero no frente a una crisis institucional. La democracia no está en riesgo en la Argentina de lo que se trata es de renovar los hombres que cumplen los roles dentro de las instituciones y no renovarlas a ellas.

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