El movimiento indigenista ecuatoriano

Sep-28-00

I. Los indígenas como actores del poder político

La reactivación del diálogo entre el gobierno ecuatoriano y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) comenzaría a producirse próximamente, aunque aún no se han definido los términos y plazos en los que el presidente Gustavo Noboa Bejarano se reuniría con el líder indígena Antonio Vargas.

La CONAIE planteará la puesta en marcha de políticas que beneficien a los pueblos indígenas en cuatro frentes específicos: educación, salud, infraestructura y reactivación económica. Respecto de los dos primeros, la Confederación buscará la aplicación de lo establecido en la Constitución con relación a los derechos colectivos, y fundamentalmente en lo que respecta al apoyo a las direcciones nacionales de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib) y Salud Indígena, preservando la idea de impulsar prácticas de medicina natural y alternativa así como rescatar, mediante la educación, los principios culturales de las comunidades.

Nacionalidades indígenas en Ecuador (Por región e idioma)

NACIONALIDAD

REGIÓN

IDIOMA

Awa

Costa y Sierra

Awapit

Chachi

Costa

Cha'Palaachi

Epera

Costa

Epera

Tsachila

Costa

Tsafiqui

Manta-Huancavilca

Costa

Castellano *

Shuar-Achuar

Amazonía

Shuar-Chicham

Siona-Secoya

Amazonía

Paicoca

Huao

Amazonía

Huao Tiriro

Ai'Cofán

Amazonía

A’ingae

Quichua

Amazonía y Sierra

Quichua (Runa-shimi)

* Su idioma originario ha desaparecido, tras cinco siglos de colonización


El contexto de este acercamiento es la implementación de la dolarización y otras recetas del FMI: frente a las nuevas medidas políticas y económicas, la administración Noboa intenta dar ante la comunidad internacional una imagen de consenso y espíritu de concordia a través del diálogo con todos los sectores.

El escenario sociopolítico ecuatoriano, sin embargo, muestra una fractura estructural del poder desde los acontecimientos del 21 de enero de 2000, cuando el movimiento indígena, en una alianza con militares de rango medio, logró destituir al presidente Jamil Mahuad Witt, al tiempo que constituía un efímero gobierno de "Salvación Nacional".

En el marco de una escalada especulativa del dólar, cuando los sectores de la economía presionaron para que el gobierno adopte la convertibilidad o la dolarización, los sucesos de enero de 2000 pusieron al movimiento indigenista como uno de los actores políticos más relevantes de Ecuador.

Pero este rol político que adquirieron atemoriza a una parte importante de la sociedad. Los motivos de esta actitud podrían explicarse por el alto grado de desconocimiento que aún hoy existe sobre este actor social y político, que durante mucho tiempo fue marginado y que ahora emerge luego de haber pasado desapercibido durante décadas. La sociedad ecuatoriana ha mostrado marcados signos racistas: no sólo niega sus raíces indígenas, sino que además muestra indiferencia y hasta cierto desprecio hacia el simbolismo de la cultura india. Mientras en el Perú circula como moneda el 'inti', y en Bolivia se canta y baila sin vergüenzas con instrumentos y ritmos indios, es común escuchar en Ecuador los motes de indio sucio o "longo".

El levantamiento indígena tuvo varias lecturas: algunos lo atribuyeron a una manipulación de las fuerzas militares, otros tuvieron una actitud "paternalista" minimizándolo como un justo reclamo de un sector marginado, y hubo quienes, fundamentalmente desde el oficialismo, lo calificaron de "golpismo" y "aventurerismo".

II. El movimiento indigenista en los 90

El derrocamiento de Mahuad no hizo más que cerrar un ciclo de complejas transformaciones internas del movimiento indígena ecuatoriano, que se fueron desarrollando durante la última década.

Desde el levantamiento de 1990, que incorporó a los indígenas como un poderoso actor social en el escenario nacional, hasta la llegada a la participación política en 1996, a través del movimiento Pachakutik, fueron transformando sus estructuras y ejes de su discurso, que pasaron de la lucha por la tierra (reivindicación fundamental entre 1950 y 1980), a la actual demanda por la plurinacionalidad, que incluye los mencionados reclamos por la educación intercultural bilingüe, el sistema de salud, la acción social, la reconstitución de los pueblos originarios, etc.

Pachakutik es una organización política, no dependiente de la Confederación, pese a estar íntimamente ligada a ella, ya que por lo menos un 50% de su Comité Ejecutivo está integrado por representantes de la CONAIE, y su coordinador, Miguel Lluco, es un histórico líder indígena. En 1997 logró formar un bloque de 15 diputados (8 indios y 7 aliados) sobre 70, en la Asamblea Nacional, además de obtener el nombramiento de 10 alcaldes, concejales en 11 municipios y consejeros provinciales en 13 provincias (sobre 21).

La conformación de la Constituyente de 1998, que reconoce la existencia de los derechos colectivos para los pueblos indígenas, significa una transformación que trasciende las tradicionales demandas del movimiento. La incorporación de la figura de los "Derechos Colectivos" dentro de la Constitución actual, plantea problemas difíciles de resolver, como la armonización con las leyes existentes y la definición deontológica del sujeto de estos derechos.

A pesar de las consignas de apertura y plurinacionalidad invocadas por el Gobierno, resulta innegable la exclusión, la marginación y la pobreza que sufren las comunidades: el 45% de la población es indígena, el 80% de los habitantes rurales viven en la pobreza absoluta, y aún cuando los campesinos producen el 75% de los artículos básicos, sólo cuentan con un 35% de la sierra productiva.

Los sucesivos levantamientos de marzo y julio de 1999 se realizan, justamente, contra una realidad que en la práctica los excluye social, política y económicamente. Los indígenas consiguen mediante este recurso la constitución de las "mesas de diálogo", en marzo, y la revisión de un feroz ajuste en el precio de los combustibles y del gas doméstico, además de la promesa del Gobierno de iniciar políticas sociales inmediatas, en julio.

Poblaciones indígenas en Ecuador
(estimación)

Costa del Pacífico

Awa

1.600

Chachi

4.000

Tsachila

2.000

Sierra

Quichua

3.000.000

Amazonia

Quichua

60.000

Cofán

800

Siona Secoya

1.000

Shuar

40.000

Achuar

500

Huaorani

2.000

Fuente: Elaboración en base a Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: Nuestro proceso organizativo, 2d ed. (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1989),Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

Lamentablemente, aunque ambos levantamientos tuvieron efectos inmediatos, los resultados duraron muy poco: las "mesas de diálogo" no funcionaron debido a la actitud oficialista, y el compromiso del Gobierno de adoptar una política social y revisar los programas de ajuste se desarmó cuatro meses después, cuando el Estado lanzó un duro paquete de medidas económicas, las que implicaron la suba de los combustibles, el congelamiento de los salarios y la eliminación de los subsidios sociales.

El período que va de julio a diciembre de 1999 transcurrió entre el descontento de la población y el intento del régimen demócrata-cristiano de Mahuad de recomponer su fuerza política y conseguir acuerdos a nivel parlamentario para aplicar su proyecto de privatización.

III. Cronología del levantamiento de enero de 2000

Las primeras semanas de enero fueron críticas para Ecuador: desde el anuncio de Mahuad, el día 9, sobre sus intenciones de aplicar un programa de "dolarización" de la economía, hasta el levantamiento del 21, se realizaron una serie de protestas que se extendieron por todo el país, mediante marchas y bloqueos que sucedieron a pesar de la represión y del Estado de Emergencia dictado por el gobierno. La combinación de éstas, sumadas a la adhesión de un sector militar sublevado, provocó la caída del Presidente, aunque no pudo evitar que asuma en su lugar el entonces vicepresidente Noboa, quien, como está demostrado, logró continuar con los planes de su antecesor e imponer la dolarización.

Los principales actores de estos sucesos fueron la CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), y otras organizaciones obreras, campesinas y populares que incitaron a un levantamiento nacional para marchar hacia Quito, estructurados bajo el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador -un organismo surgido el 11 de enero para centralizar la lucha, e integrado principalmente por la CONAIE, la CMS y algunos sindicatos, entre ellos el petrolero-, en el que participaron más de 800 representantes. También se constituyeron Parlamentos provinciales y locales que funcionaron como referentes.

El 21 de enero, alrededor de 20 mil manifestantes lograron llegar a Quito y adueñarse del centro de la ciudad, que se encontraba bajo la protección de cordones policiales y en un clima de fuerte agitación. Fue en medio de este escenario que irrumpieron unos doscientos oficiales del ejército, que neutralizaron a la policía y permitieron a la multitud penetrar en el Congreso Nacional y en la sede de la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo, en una decena de provincias, se tomaban las gobernaciones y varios municipios.

Ese mismo día, se constituyó la Junta de Salvación Nacional. Emitió su primer decreto desconociendo los tres poderes del Estado y tomó sus primeras resoluciones. La misma fue integrada por el nuevo Presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez; Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Fausto Cobo; Comandante del Ejército, coronel Luis Aguas; Jefe del Estado Mayor del Ejército, coronel Gustavo Lalama; Jefe de la Fuerza Terrestre, coronel Jorge Brito, y Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ex magistrado Carlos Solórzano.

Antes de abandonar el palacio de Carondelet, Mahuad anunció a la prensa que no renunciaría a su cargo y denunció un intento de golpe de Estado, poco después de que las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo. En su discurso dijo que el grupo golpista no tenía ni la preparación académica ni la capacidad para gobernar al país, y sostuvo que la dirigencia militar debía retomar el mando y castigar a los culpables porque Ecuador no podía ser gobernado por un grupo de coroneles golpistas y de un dirigente indígena.

Ignorando las declaraciones de Mahuad, los integrantes de la Junta marcharon en la noche hasta la sede del gobierno, acompañados por la multitud, para entablar conversaciones con el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otros altos oficiales. Aunque Mendoza mantenía el control de la mayoría de las unidades, los militares sublevados recibían el apoyo de una parte del ejército, además del brindado por el movimiento indígena y las organizaciones sociales.

En la reunión que mantuvieron, Mendoza se comprometió a respetar el alzamiento popular y atacar la corrupción. Sin embargo, tres horas después, anunció que renunciaba a la Junta, pidió su pase a retiro y reclamó que el vicepresidente Gustavo Noboa asumiera la Presidencia, iniciándose en ese momento la instauración de un gobierno cívico-militar respaldado por los sectores populares. Vargas vivió la actitud de Mendoza como una traición.

Frente a la irreversible situación del derrocamiento de Mahuad, el vicepresidente Noboa firmó el decreto Ejecutivo N° 001 mediante el cual asumió la Presidencia de la República, y dio su primer mensaje a la nación desde el salón de sesiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado en el complejo del Ministerio de Defensa Nacional, rodeado de los comandantes del Ejército, Telmo Sandoval; de la Fuerza Aérea, Ricardo Irigoyen; y de la Marina, Enrique Monteverde; y, de la Policía Nacional, Jorge Villarroel. En el acto demostró el respaldo que tenía por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Apenas un día después, el Ministerio Público anunciaba que promovería juicios penales en contra de los militares y civiles que propiciaron la insurrección en contra del orden constitucional.

El papel de las Fuerzas Armadas, aunque sorpresivo, resulta hoy evidente: ya Vargas, mientras se organizaba, invitaba al Ejército y a la policía a que se unan al movimiento. Por otra parte, los militares esperaban utilizar la protesta popular como un punto de apoyo para consumar sus planes, aunque nunca habrían imaginado que quienes se convertirían en los auténticos protagonistas de la lucha serían los indígenas y no ellos.

La Junta de Salvación Nacional se disolvió inmediatamente, cumplido su objetivo político de tomar el Gobierno y luego entregarlo, para dar una salida a la crisis revolucionaria del Ecuador.

IV. Situación actual y perspectivas

El pedido de disolución de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y la creación de un gobierno de "Salvación Nacional", en la cual los indígenas tuvieron una directa participación, muestran claramente una dimensión nueva dentro de las dinámicas organizativas del movimiento. La aguda crítica al Gobierno y la capacidad de alianza demostrada con los sectores militares de rango medio, dan cuenta de la transformación cualitativa que hoy les permite sentarse a negociar con el poder. Actualmente los indígenas tienen fuerza a nivel nacional, a pesar de sus carencias evidenciadas para organizarse.

El nuevo rol político de los movimientos indígenas y sociales en el Ecuador, aportan un nuevo vértice a la situación de la convulsionada Región Andina, que se suma a los ya establecidos por la guerrilla colombiana, a la presencia de un frente militar de las FARC a 70 kilómetros del Canal de Panamá y a las políticas impredecibles del presidente venezolano Hugo Chávez. Todo esto, en un marco donde se combinan la corrupción, enfrentamientos armados, partidos políticos débiles y una fuerte concentración de pobreza y desigualdad social a lo largo de la Cordillera.

Mientras que durante la década del ochenta, fueron los sindicatos quienes dieron conducción política a las resistencias contra el poder, en los noventa fue el movimiento indígena quien pasa a ocupar este lugar. Su movilización despertó expectativas e introdujo la posibilidad de llevar adelante los cambios necesarios en la agenda social ecuatoriana.

Para la CONAIE, cuando el movimiento criticó a los tres poderes del Estado y pidió un cambio radical de la política, tuvo una amplia aceptación en la sociedad y su propuesta fue válida para el 75% de la ciudadanía: hasta ahí actuaba como un referente legítimo del contrapoder social. Pero cuando pasó a la acción y con un grupo de militares jóvenes intentó convertirse en gobierno, paradójicamente, su propuesta perdió legitimidad y credibilidad social.

A partir de esta afirmación, la aspiración de estos movimientos para convertirse en una opción factible de poder se torna muy dificultosa, ya que deberían cambiar la lógica de acción con la que han construido su historia de resistencia y organización.

Hoy, el reto fundamental está relacionado con la realización de la Consulta Popular que promueven desde marzo de este año y que tiene como objetivo transformar la estructura política y económica del país. Parte de los temas a tratar serían la dolarización y la cesión de la base de Manta para la lucha estadounidense contra el narcotráfico.

Esta consulta popular que propone la CONAIE ocurriría cuando la dolarización aún no arroja resultados económicos positivos (aunque el uso de la divisa estadounidense ya está prácticamente generalizada), y la economía ecuatoriana sigue deprimida, presentando no más que signos leves y escasos de recuperación. La inflación alcanzó la cifra más alta de América latina cuando trepó en junio al 103%, y la cesión de la base de Manta, impulsada por la próxima entrada en vigencia del Plan Colombia, genera una ardua polémica por el temor a los efectos que pueda tener en el país (similares a los causados por la fumigación de las plantaciones de coca en el bajo Putumayo y el excesivo control de las Fuerzas Armadas que generaron en las poblaciones fronterizas ecuatorianas la caída del intercambio comercial y una inmigración excesiva).

Otro de los temas que el Movimiento Plurinacional Pachakutik busca incorporar a la consulta, es la amnistía a los oficiales que participaron en el alzamiento.

El país se encuentra ahora bajo la incipiente dolarización de su economía y su futuro dependerá, como nunca antes, de su capacidad para insertarse exitosamente en el mercado mundial a través de un aumento en las exportaciones y la habilidad de atraer inversión extranjera.

Otro aspecto que atrae la atención de los analistas es el proceso autonómico que tiene lugar en varios estados ecuatorianos. Como resultado del mismo, cinco provincias del Litoral -Guayas, El Oro, Manabí, Sucumbíos y Los Ríos- ya se han pronunciado en favor de la autonomía, mientras que Esmeraldas prepara la consulta popular que seguramente tendrá igual destino.

Pero la "fiebre autonomista" que supone el plebiscito afronta ya las primeras tácitas objeciones. En 6 provincias de Sierra y Amazonia y en 20 cantones manabitas, donde ya se realizó la consulta, gran parte de los votantes no comprendieron las diferencias semánticas entre "descentralización" y "autonomía".

Ahora el Gobierno necesita el consenso colectivo para llevar adelante su programa, y los indígenas no sólo están planteando sus reclamos mediante propuestas concretas –aunque algunas despiertan resistencias-, sino que también están reconociendo los errores cometidos. Sólo la voluntad política de ambas partes permitirá coincidir en un plan que no despierte nuevos y costosos enfrentamientos.

Norma Domínguez

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