Desde la Revolución Mexicana y durante los últimos 71 años, la vida política de México ha estado bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fundado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). Indisociablemente arraigado en el gobierno y la escena pública mexicana, el PRI convirtió a este país en un virtual sistema de partido único. O como se lo suele llamar, en un "partido-estado".

El domingo 2 de julio, por primera vez desde el ascenso del PRI hace más de siete décadas, se plantea la posibilidad de alternancia en el poder. De acuerdo a las tendencias electorales de los últimos meses, el candidato del partido oficial, Francisco Labastida, podría perder las elecciones presidenciales frente al postulante del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, en alianza con el Partido Verde.

Casi cincuenta y nueve millones de mexicanos están habilitados para votar por un nuevo presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y renovar el Congreso Federal, de 128 senadores y 500 diputados, en las que serán, de acuerdo a los analistas, las elecciones más transparentes de la historia del país.

Casi todos los analistas coinciden en que el Instituto Federal Electoral (IFE), un organismo independiente del gobierno, está en condiciones de garantizar que el recuento de sufragios sea limpio. Frente a las sospechas de fraude que han sido habituales en la política mexicana, el IFE ha invertido casi mil millones de dólares para organizar un sistema altamente sofisticado que incluye una cédula de votación con foto, cinta magnética y doce claves de seguridad. Junto con un padrón con foto y firma de cada uno de los 58,7 millones de votantes.

Aunque esto no ha servido para diluir la otra sospecha sobre la calidad de la democracia mexicana en el último siglo, que es el clientelismo electoral del Estado. Este, constituido principalmente por la asistencia social del gobierno federal pero también por otros mecanismos más directos, se encuentra muy extendido en las zonas rurales y en los sectores de menor nivel socioeconómico.

Los candidatos para estos comicios son seis:

• Por el PRI (Partido Revolucionario Institucional): Francisco Labastida Ochoa, de 57 años, ex gobernador de Sinaloa (1987-1992) y ex ministro de Gobernación (del Interior) entre 1998 y 1999;
• Por la Alianza por el Cambio (PAN – Partido Acción Nacional + PVEM – Partido Verde Ecologista de México): Vicente Fox Quesada (PAN), de 57 años.

Por la Alianza Por México (PRD – Partido de la Revolución Democrática + PT – Partido del Trabajo + CD – Partido Convergencia por la Democracia + PAS – Partido Alianza Social + PSN – Partido de la Sociedad Nacionalista): Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD), de 66 años, que por tercera vez consecutiva en 12 años se presenta como candidato opositor a la presidencia, y actualmente es el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

• Por el Partido de Centro Democrático (PCD): Manuel Camacho Solís.

• Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) + Nueva República: Porfirio Muñoz Ledo, quien renunció oficialmente a su candidatura presidencial el 14 de junio para sumarse a la campaña de Vicente Fox.
  
  
• Por el Partido Democracia Social (PDS): Gilberto Rincón Gallardo.

México tiene una constitución presidencialista, que otorga al primer mandatario la titularidad del gobierno, el estado y las Fuerzas Armadas. El sistema se ve además caracterizado por una serie de tradiciones surgidas en el régimen del PRI, que refuerzan y a la vez limitan el poder del cargo. El presidente se pone a la cabeza del partido y se reserva la facultad de designar al candidato sucesor, pero su poder no puede extenderse más allá de los términos de un mandato presidencial.

Aunque nunca se amenazó su poder en el estado federal, su mayoría electoral se ha ido debilitando en los últimos años. En 1997 el PRI perdió por primera vez el control absoluto en el parlamento y las primeras elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fueron ganada por el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, quien hoy vuelve a competir por la presidencia. Hoy los partidos de la oposición gobiernan en 9 de los 31 Estados, el Distrito Federal y 16 de las capitales de Estados, que representan a la mayor parte de la población urbana del país.

Pese al fracaso reiterado de las negociaciones para formar un frente opositor PAN-PRD, la posibilidad de que votantes de otras fuerzas finalmente confluyan alrededor de la candidatura de Fox está planteada dadas las características de esta elección, donde lo que se debaten no son sólo planes de gobierno sino fundamentalmente el recambio del poder.

Pero la clave más importante, es la que se refiere a las mencionadas características de la elección. Lo que está en juego en primer lugar es la capacidad del PRI, imbricado en el estado federal tras siete décadas de ejercicio ininterrumpido, de ceder el poder. Y en segundo término, su capacidad de controlar el escenario sociopolítico que puede producirse en el caso de una victoria ajustada y de un manto de sospechas sobre el proceso electoral, tras el caso peruano un mes atrás y el rol de la opinión pública internacional en el mismo. Cualquiera sea el resultado electoral, significará un paso adelante hacia la apertura democrática en un país donde la alternancia en el gobierno era insospechable algunos años atrás.

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