Entre el control de la calle y el pacto social
Set-19-19, por Rosendo Fraga
 

El control de la calle es un tema relevante a 40 días de la primera vuelta y la izquierda ha logrado tener la delantera en ello. El Frente de Todos tiene un relativo control de los sindicatos combativos alineados en los tres sectores de la CTA (docentes, estatales, etc.) y de los movimientos sociales "moderados" (CCC, CTEP y un sector de Barrios en Pie). Marchan, reclaman, pero han recibido el mensaje de Alberto Fernández de evitar violencia y provocaciones, aunque no acatado en los hechos el pedido de abandonar la calle. Pero es la izquierda, la que tiene la iniciativa y desafía al ganador de las PASO. 

El FIT-U, de ideología trozkista, cuyo candidato (Del Caño), participará de los debates presidenciales y competirá en la primera vuelta, es la expresión política de los sindicatos más combativos (neumático, comisiones internas de varios gremios importantes, etc.) y los movimientos sociales "duros" (Polo Obrero, FOL, Frente Darío Santillán, otro sector de Libres del Sur, etc.) más los partidos políticos de esta orientación (PO, PTS, etc.), completan la expresión de esta corriente política, que en las PASO tuvo sólo el 3,5% de los votos y controlan el 10% de los "salarios solidarios" que entrega el gobierno a estos movimientos (20.000). Pero cuando la política baja a la calle las minorías activas se potencian. 

La izquierda realizó el acampe de 48 horas frente al Ministerio de Acción Social y decidirá ahora si realizan otro de 72 en el mismo lugar durante la semana que se inicia. El 24 de octubre,- antes de la vida electoral,- realizarán una marcha hacia la Plaza de Mayo, "contra el Presidente, los gobernadores y el FMI", que tendrá lugar en 21 provincias simultáneamente, cortes, marchas y concentraciones.  

Mientras esto sucede en la calle, Alberto Fernández avanza con su proyecto de "pacto social", buscando proyectar una idea de gobernabilidad posible en este marco. En Tucumán lo presentó junto con el Presidente de la UIA (Acevedo) y el Secretario General de la CGT (Daer). Se planteó entonces un acuerdo de precios y salarios por seis meses al inicio del nuevo gobierno. 

A ello se sumó la Iglesia Católica, con un encuentro que realizó el fin de semana la Pastoral Social del Episcopado, con la participación de políticos del oficialismo y la oposición, dirigentes sindicales y empresarios y movimientos y organizaciones sociales. El Arzobispo de Buenos Aires (Poli),- próximo al Papa,- propuso el "dialogo entre todos"  y la necesidad de un "pacto social", coincidiendo con la terminología utilizada por el candidato del Frente de Todos. Pero la idea es todavía imprecisa. Tan es así, que en mismo encuentro, Felipe Sola, dijo  que este pacto sería por sólo uno o dos meses y limitado a un congelamiento de precios, a cambio de rebajas impositivas. 

Cerca de Alberto Fernández, se dice que aspirar a llegar al 55% de los votos, para así tener fuerza política suficiente para imponer este pacto. Pero esta intención implica que pretendería superar le record del 54% alcanzado por Cristina Kirchner en su reelección de 2011. Mientras tanto ha tenido que prolongar su permanencia en Cuba por los problemas de salud de su hija. 

Por su parte el oficialismo decidió apoyar en el Congreso el proyecto de ley de asistencia alimentaria, para evitar el costo político de oponerse y no lograrlo. Fue aprobada en diputados por 222 votos a favor y sólo una abstención. El miércoles 18 de setiembre tendría sanción definitiva en el Senado. Implica reforzar con 10.000 millones de pesos lo destinado a comedores escolares, populares, de los movimientos sociales y las organizaciones religiosas. 

Ello no va a terminar con la presencia en la calle de la izquierda y la inflación prevista para setiembre que puede alcanzar 6%, no contribuirá a bajar la tensión social.  Durante la semana, el Ministro de Economía (Lacunza), presentaría en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2020, que la oposición sostiene no tiene sustento en la realidad en temas como crecimiento, inflación y financiamiento de la deuda. El gobierno ya asume que el desembolso del  FMI pendiente, no entraría antes de la elección y en consecuencia busca un financiamiento alternativo, que difícilmente encuentre. 

En este marco, es probable que la incertidumbre económica aumente y no disminuya en los 40 días que restan hasta la elección. Ello hace aún más difícil los planes del gobierno para reducir la ventaja del Frente por Todos. Macri viaja a la asamblea de la UN que se realiza anualmente en New York y buscará contactos con jefes de gobierno, que den imagen de respaldo en este momento.    

En este marco, la justicia muestra claras señales de girar a favor del poder que viene, como ha sucedido en la Argentina en los últimos cuarenta años. Han tomado celeridad dos causas que afectan al grupo Macri: la del correo y la de prórroga de peajes (están imputados (Dietrich e Iguacel). El hermano del Presidente (Gianfranco), está involucrado en cuatro causas. La decena que tiene el anterior Ministro de Hacienda y Finanzas (Dujovne), ha comenzado a avanzar y otro tanto está sucediendo con las que afectan a su predecesor (Caputo). También se han presentado denuncias contra el Presidente del Banco Central (Sandleris) y se investigan en la justicia federal supuestas irregularidades en el acuerdo con el FMI. 

Por otra parte, un empresario muy próximo al Kirchnerismo (Cristóbal López), sería liberado en los próximos días. Las dos causas que afectan a la familia Kirchner (la madre y los dos hijos), que son Hotesur y los Sauces,  hoy no tienen fechas precisas para continuar. Al mismo tiempo, en la Corte hay 19 causas pendientes contra el estado nacional, habiendo sumado una la provincia de San Juan, reclamando fondos de Vialidad Nacional.