Sobre la necesidad de (re)adaptar la Política de Defensa Nacional
Set-02-18, Por Natalia Peritore
 

La aprobación y publicación de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional -DPDN- (Decreto 703/2018) así como del Decreto 683/2018 a partir del cual se concibe el empleo del instrumento militar ante agresiones de origen externo (ya no solamente de otros Estados, tal como había sido establecido en el Decreto 727/2006), ha sido materia de discusión y debate en la sociedad argentina (más específicamente, en los medios de comunicación masiva). 

Haciéndonos eco de las definiciones realistas de las relaciones internacionales, estamos inmersos en un sistema internacional anárquico compuesto por Estados soberanos. Ahora bien, no sería apropiado pensar que sólo está constituido por Estados. Desde hace ya varias décadas, que el reconocimiento de la existencia de actores de naturaleza no estatal constituye una necesidad al momento de plantear directivas en materia de política exterior, seguridad y defensa, acordes al contexto internacional, en general, y regional, en particular. 

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, entre los fines del Estado, se encuentra el de brindar seguridad y bienestar a su población. Tal seguridad posibilita, en mayor o menor medida, el desarrollo tendiente a lograr el bienestar nacional. La nueva DPDN sostiene que "la ausencia de conflictos militares en la región se contrapone con el aumento de problemáticas de seguridad transnacional"[1]. De hecho, hace referencia a la permeabilidad de las fronteras y al carácter transfronterizo de organizaciones criminales que confieren desafíos a la seguridad nacional, diferentes a las amenazas estatales convencionales. 

Ante esta situación, resulta necesario redefinir el rol de las instituciones estatales encargadas de proveer seguridad y defensa. No se trata de "importar amenazas", sino de realizar una adecuada apreciación estratégica que nos permita identificar las amenazas propias a nuestra seguridad y evaluar las mejores alternativas de acción frente a ellas. Antes hacíamos referencia a la anarquía característica del sistema internacional. Más allá del marco jurídico internacional y de la cooperación existente, los Estados son los actores responsables de brindar seguridad a su población. 

La nueva DPDN, a diferencia de la anterior, abre la posibilidad (y plantea la necesidad) de adecuar el Sistema de Defensa Nacional a los desafíos estratégicos emergentes de los escenarios global, regional y nacional, contemplando amenazas de naturaleza no estatal. Este aspecto, junto al apoyo del Ministerio de Defensa en el Sistema de Seguridad Interior, han suscitado una serie de críticas. En parte, dada la coyuntura política, en parte, dada la cultura política argentina. 

¿Por qué hacemos referencia a la cultura política? Porque ésta puede ser entendida como "el conjunto de creencias, valores, pautas, normas, símbolos, usos y costumbres específicamente políticas, compartido de manera más o menos homogénea y/o diversa por los ciudadanos de una comunidad política que moldea el sistema y proceso políticos, marcando las actitudes de los ciudadanos ante y dentro de los mismos, y dirigiendo sus pautas de orientación hacia los objetivos políticos"[2]. 

Esta definición nos lleva a pensar que las experiencias pasadas de quiebres institucionales característicos de la historia argentina del siglo XX, forman parte de tal cultura. Resulta necesario recordar los hechos pasados y aprender de los errores cometidos para no repetirlos. Pero éstos no deberían bloquear debates que la sociedad argentina se debe en vistas de generar políticas de Estado que respondan a las necesidades propias del país.


[1] Decreto 703/2018, Anexo 1. 

[2] Bueno, Alberto (2016). La cultura de seguridad y defensa: una propuesta de análisis conceptual desde la Ciencia Política. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 8, 45.