El rol de los militares en Brasil y la región
Actualizado a Mar-24-17 - por Rosendo Fraga

El 17 de febrero, el Jefe del Ejército de Brasil, General Eduardo Villas Boas, planteó una visión muy crítica sobre la situación de su país en un reportaje al diario Valor Económico. Dijo “Hoy somos un país que está a la deriva, que no sabe lo que pretende ser ni lo que debe ser”. Explicó: “Antes, en las décadas del 70 y 80 (la segunda parte del gobierno militar y la primera de la democratización posterior) el país tenía una identidad fuerte, un sentido de proyecto y una ideología de desarrollo”. Consideró que en el presente “Por eso la sociedad está tan dividida y tiene un Estado subordinado a intereses sectoriales”. Ante marchas convocados por personas que reclaman el retorno de los militares a la política frente a la corrupción y el desorden opinó “Entiendo el deseo de aquellos que lo piden. Es porque identifican a las Fuerzas Armadas con el último reducto donde los valores son preservados”. Pero descartó la posibilidad de una intervención política de los militares pese a la crisis política que vive el país argumentando “Brasil es un país más complejo y sofisticado en la actualidad (si se compara con 1964 año del último golpe militar). Existe un sistema de pesos y contra-pesos que lleva a la sociedad a no querer ser tutelada. No hay atajos en este camino. Jamás seremos causa de inestabilidad.” Pese al contenido del mensaje, en el mundo político brasileño no se escucharon voces relevantes pidiendo su relevo. 

El contexto de estas declaraciones, es el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en el primer bimestre del año en materia de seguridad pública, evitando una crisis que pudo haber desestabilizado al gobierno. Temer llegó en febrero a los bajísimos niveles de aprobación que tuvo Dilma Rousseff, cuando fue destituida por el Congreso en agosto del año pasado. El país no termina de salir de la recesión más grave de su  historia que lo afectó entre 2015 y 2016. Al comenzar el año, el desempleo llegó al record histórico de 12,6%. Las denuncias de corrupción afectan a varios integrantes del actual gobierno. Sobre esta situación, en los primeros meses del año tuvo lugar una crisis de seguridad inédita. El 3 de febrero se inició una huelga policial (encabezada por las esposas de los policías porque estos tienen estado militar y pueden ser sancionados), en el estado de Spirito Santo, que en cinco días produjo 100 muertos por la falta de fuerza pública. Fueron desplegados 3.000 hombres de las Fuerzas Armadas en la capital estatal (Vitoria) y la seguridad de fue reestableciendo en los seis días siguientes, aunque se registraron todavía 50 muertos más. En la noche del viernes 10, la huelga policial se contagió al estado de Río de Janeiro,-fronterizo del anterior,- justo dos semanas antes del Carnaval. Temiendo los efectos desestabilizadores de un caos de seguridad durante esta fiesta popular y turística, fueron desplegados en las principales calles, avenidas y playas de la ciudad 9.000 hombres de las Fuerzas Armadas, mientras se limitaban los efectos de la huelga policial. Este despliegue se mantuvo hasta el 22 de febrero. 

Un mes antes, en enero, cuando 130 fueron muertos en enfrentamientos entre bandas de detenidos liderados por los carteles de la droga, un millar de hombres de las fuerzas especiales del Ejército fueron utilizados para desarmar presos, situación que había superado a los guardiacárceles. Se lanzó la “Operación Barrido” a cargo de las Fuerzas Armadas. Mediante ella, fueron secuestradas en diversos penales 2.000 armas de distinto tipo, 271 teléfonos móviles, además de 338 objetivos de posesión prohibida para los presos, como electrodomésticos y dinero. La operación se llevó a cabo entre el 17 de enero y el 3 de marzo, se centró en 10 cárceles de 5 estados, en 3 de las cuales tuvieron lugar matanzas de decenas de presos en la primera quincena de enero. El Ministro de Defensa Raúl Jungmann, dijo que “se trata de una acción complementaria de los organismos de seguridad pública en este momento de tensión” que la duración de la Operación es de un año y que resulta importante que las autoridades la continúen después que se realiza el repliegue militar.       

La visión del Jefe del Ejército sobre la seguridad pública es muy crítica, pero considera que la intervención militar en este campo debe ser corta y circunscripta, como ha sucedido ahora. Dijo que la situación es crítica, ya que en el país hay 60.000 homicidios por año y desaparecen 20.000 personas anualmente. Pero sostiene que “existe una visión incorrecta de que las Fuerzas Armadas pueden sustituir a la policía. Tenemos características distintas.” De acuerdo a su experiencia, los militares “fuimos empleados en la favela de Maré (en Río), durante 14 meses y el complejo de Alemán (en la misma ciudad) estuvimos 18 meses. No solucionamos el problema y cuando salimos todo volvió a ser como antes”. En los dos casos, la intervención se dio durante gobiernos del PT. Por esta razón, Vilas Boas puso límite cronológico al despliegue militar en Río, para que no fuera más allá de los 12 días. Cabe recordar que los militares brasileños fueron desplegados en esta ciudad para reforzar la seguridad pública y evitar atentados, tanto para el Mundial de Futbol de 2014 como las Olimpiadas de 2016, lo que facilitó su despliegue en el mismo ámbito en febrero de este año. Para el jefe militar, el descontento que existe en la sociedad brasileña, puede crear condiciones para el triunfo electoral de un líder populista y comparó con lo que ha sucedido recientemente con Trump en los EEUU. 

El rol de las Fuerzas Armadas es relevante hoy también en dos países de América Latina: Venezuela y México. En el primero de ellos, los militares son el sostén político más importante del Chavismo, cuando está asediado por la crisis económica y la impopularidad. Aproximadamente la mitad de los gobernadores de provincia y de los integrantes del gabinete son militares. Recientemente, el Presidente Maduro decidió que todos los ministros quedarán subordinados al Ministro de Defensa, convertido en una suerte de primer ministro. Mientras no se produzca una escisión en el apoyo militar al Chavismo, la oposición no encuentra una estrategia eficaz frente a su autoritarismo. En México, se ha abierto una polémica sobre el rol de los militares en la seguridad interior. El país ha tenido en una década 150.000 muertos y 28.000 desaparecidos en la lucha contra los carteles de la droga y entre ellos por el control del negocio. El Presidente anterior (Calderón), decidió ir a la confrontación  contra los carteles empleando para ello a las Fuerzas Armadas y el actual (Peña Nieto) siguió esta política, que fue apoyada por los EEUU, desde el final de Bush (h) y en los dos mandatos de Obama, frente a la corrupción y la infiltración de las fuerzas policiales. El Ministro de Defensa y el Presidente después, pidieron al Congreso se sancione una “ley de seguridad interior” que de marco jurídico al accionar militar en seguridad pública. Las organizaciones de derechos humanos han criticado la iniciativa, por considerar que transformará la situación excepcional en permanente y porque acusan a los militares de un uso excesivo de la violencia contra la población. Pero una encuesta reciente de Parametría, mostró que 60% prefiere en las calles al Ejército porque confía más en él, que a la policía, por quien opta el 18%. Pero en Ecuador, que realiza la segunda vuelta de la elección presidencial el 2 de abril, han tenido un rol electoral relevante. Tiene a su cargo la custodia electoral y el jefe del Ejército (Castro), fue relevado semanas atrás por el Presidente Correa, por haber dicho que se había perdido la supervisión del escrutinio. La realidad es que el jefe militar habría impedido que el gobierno manipulara el resultado a favor de su candidato (Moreno), que de alcanzar el 40% de los votos,- estuvo a menos de un punto de obtenerlo,- hubiera sido electo en primera vuelta. 

En conclusión: el 17 de febrero, el Jefe del Ejército brasileño realizó declaraciones públicas muy duras respecto a la situación del país, aunque descartó la posibilidad de una intervención militar como en el pasado; lo hizo en el contexto del rol asumido por las Fuerzas Armadas en el primer semestre del año, tanto en las cárceles como en las calles, donde las huelgas policiales crearon una situación difícil para el gobierno de Temer; en la visión del jefe militar, el despliegue militar en estos casos debe ser circunscripto y limitado en el tiempo, como ha tenido lugar ahora, desarrollándose entre el 3 y el 22 de febrero en Spiritu Santo y Río y  ello sucede cuando en Venezuela las Fuerzas Armadas son el respaldo más importante de un Chavismo que ha perdido consenso y en México, se debate dar un marco legal para la actuación militar en la seguridad pública.