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El desafío que asecha detrás de la estabilidad política y el crecimiento económico brasilero PDF Imprimir E-Mail

Ago-04-08 - por Fabián Calle

En los últimos dos años, entremezcladas con abundantes noticias e informaciones sobre la estabilidad política lograda en Brasil luego de los avanzados intentos de la oposición para llevar a juicio político al Presidente Lula da Silva en el año 2005, el crecimiento económico, el control de la inflación y la mejora de los indicadores sociales, se conocieron crecientes y alarmantes datos sobre la situación de la seguridad interior de la potencia sudamericana. En este sentido, recientemente medios internacionales dieron a conocer el pedido de custodia especial reclamada por los candidatos de diversos partidos políticos con vistas a las próximas elecciones municipales y estaduales en ciudades como Río de Janeiro. A ello se sumó la reciente decisión del Secretario de Seguridad de esa ciudad de prohibir la utilización de fusiles de asalto (tipo FAL o M-16) por parte de las fuerzas policiales como consecuencia de diversos casos de balas perdidas que provocaron muertos y heridas en la población civil. Todo ello complementado por el escándalo desatado por la supuesta connivencia entre un grupo de militares brasileños y un "Comando" o grupo del crimen organizado que derivó en la entrega y posterior ejecución de jóvenes pertenecientes al parecer a otra organización delictiva. Con el objeto de darle un marco más amplio y sistemático a este cúmulo de hechos, cabe revisar qué dicen algunas de las principales estadísticas y estudios internacionales sobre la situación del Brasil en materia de seguridad ciudadana.

Las estadísticas de la UNESCO a comienzos del presente siglo colocan al Brasil entre los 4 primeros países del mundo en número de muertos por armas de fuego (entre 120 y 136 por día) y secuestros junto a Colombia y México y como el segundo consumidor de cocaína del mundo luego de los EE.UU. Asimismo, en los últimos 10 años fueron asesinadas en Brasil cerca de 400 mil personas y que el narcotráfico controla la mayoría de las favelas. En lo referente a la Argentina, un informe de Naciones Unidas del año 2008 coloca a nuestro país en uno de los primeros puestos en porcentaje de sociedades latinoamericanas que consumen drogas. Por su parte, el SEDRONAR dependiente del gobierno argentino ha difundido estudios que establecen que un 7,6% de la población ha consumido o consume cocaína. No casualmente, la cuestión de la seguridad ciudadana y el crimen organizado no dejan de tener un impacto central en algunos influyentes informes e indicadores internacionales al momento de analizar los casos de Brasil y la Argentina y en especial el primero de ellos. En este sentido, el ampliamente difundido "Indice de Estados Fallidos" que publica anualmente la revista Foreign Policy y la Fund For Peace Foundation de los EE.UU., coloca en sus ediciones 2007 y 2008 (sobre un total de 177 países analizados y en donde la posición 1 corresponde a la peor situación posible y el 177 al Estado más estable) en una más que modesta posición 117. Lo cual coloca a esta potencia regional sudamericana en el lote de casos "fronterizos" entre los situados en "zona de peligro" y "estables". La Argentina el sitial 151 al lado del Uruguay y levemente peor que el 157 de Chile1. Al momento de justificar la mediocre colocación del Brasil en el presente ranking, los investigadores destacan, junto a la fuerte presión demográfica y altos grados de inequidad y marginalidad, la creciente actividad del crimen organizado, las bandas y el narcotráfico. En el caso argentino, estos mismos especialistas advierten de manera clara, si bien menos dramática, en estos mismos puntos (no así en lo relacionado a la presión demográfica).

De manera complementaria, la destacada revista The Economist, por medio de su Intelligence Unit, dio a conocer en el año 2008 el Global Peace Index (adjudicando la posición 1 a los casos más favorables y el último puesto al más crítico). El mismo tiene como objetivo mesurar, sobre un total de 121 países, los grados de violencia y propensión al conflicto externo e interno. Este semanario del establishment político y financiero internacional, coloca al Brasil en la menos que óptima posición 83 y a la Argentina en la 52. Al igual que en caso de las justificaciones utilizadas en el Índice de la revista Foreign Policy previamente citado, la menos que buena ubicación brasileña es justificada por temas tales como el crimen organizado, bandas, proliferación de armas livianas y narcotráfico2.

El propio y tan popularizado Plan Colombia parece, según la misma directora de la DEA Karen Tandy en afirmaciones realizadas en el año 2007, haber tenido un mejor desempeño como factor de lucha contra las guerrillas y grupos armados en Colombia que como instrumento para reducir la producción de cocaína. Asimismo, esa no reducción se ha visto acompañada, según esta misma autorizada fuente de la lucha antinarcóticos, por el rol del mismo "Plan" en lograr al menos desviar hacia Europa y América latina embarques que antes iban hacia territorio estadounidense3. Por todo ello, ni la Argentina ni Brasil deberían depositar sus esperanzas de una atenuación de la problemática nacional y regional en materia de estupefacientes y actividades delictivas vinculadas en lo que se viene realizando en la zona andina y en especial en Colombia hasta el momento. La reciente y aguda escalada de violencia narcoterrorista en México y en especial la zona Norte fronteriza a los EE.UU. son un recordatorio de la necesidad de no caer en visiones lineales e ingenuas sobre la evolución de este factor corruptor y disgregador en el hemisferio4.

Una de las paradojas más grandes de la última elección presidencial en Brasil, más si se las compara con lo que sería el caso argentino, es el bajo perfil que tuvo el tema de la seguridad interior como instrumento para conseguir votos tanto sea esperanzando como asustando al electorado. Ello resulta más significativo aun luego de repasar algunos datos y cifras: 1) Brasil es el segundo consumidor de cocaína del mundo luego de los EE.UU.; 2) los «Comandos» o grupos del crimen organizado -que operan en grandes ciudades como Río de Janeiro, San Pablo, etc.-, cuentan con miles de miembros y en sus arsenales figuran arsenales propios de la guerrilla iraquí: fusiles de asalto AK, M-16, R15, FAL, subametralladoras, granadas de mano, equipos de comunicaciones modernos y, tal como se comprobó pocos años atrás en Río, minas antipersonales y lanzacohetes livianos tipo LAW; 3) la existencia de más 100 muertos al día por uso de armas de fuego; 4) ser el país record en producción de vehículos blindados para empresarios; 5) figurar entre los primeros cuatro puestos internacionales en materia de homicidios y secuestros. Ello y las metodologías usadas por estas organizaciones, puestas claramente en evidencia en mayo 2006 en el Estado de San Pablo con el saldo de 60 agentes gubernamentales muertos, 300 medios de transporte y 60 entidades financieras destruidas, etc., son calificadas por especialistas civiles y militares como propias de guerrillas y grupos terroristas. De hecho, ciertos sectores del gobierno han dejado trascender la necesidad de al menos iniciar un debate legal y político sobre la necesidad de tipificar legalmente estas acciones bajo el manto de terrorismo y con ello potenciar las penas y la jerarquía que el gobierno central y los Estados federales le deben dar al mismo. En las últimas elecciones, el tema no sólo estuvo en gran medida ausente sino que el principal candidato de la oposición, y que lograra una honrosa primera vuelta que forzó al ballotage, fue gobernador durante los últimos 8 años en San Pablo. Estado puesto en «estado de sitio» durante dos días por el «Primer Comando de la Capital» (PCC) en Mayo 2006.

El propio PCC, sigla que en los últimos años ha eclipsado a otras como el «Comando Rojo» de Río de Janeiro, es el subproducto de otros de los dramas de la seguridad en Brasil. Una población carcelaria que se ha más que cuadriplicado en la última década sin que ello se haya visto acompañado por una ampliación semejante de las instalaciones. La otra paradoja ha sido que el gobierno del PT encabezado por Lula da Silva haya sido el que asumiera, por medio de un Decreto Presidencial del 2004, darle un amplio pero claro marco de acción a las FF.AA. para recolectar información y desarrollar planes de contingencia para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico al interior de Brasil y en especial en los grandes centros urbanos. De esta forma, según expresan los militares y especialistas, se irá abandonando las estrategias espasmódicas (y altamente inútiles) de operaciones militares «sorpresa» frente a desbordes de violencia criminal para dar lugar a planes de corto, mediano y largo plazo más coherentes y metódicos (y con bajos niveles de interacción con las fuerzas policiales sospechadas por las propias FF.AA. de altos niveles de corrupción). Aun la amplia participación de Brasil en la Operación de Imposición de la Paz en Haití ha sido calificada por el Jefe del Ejército de Brasil, General Alburquerque, como una fuente de experiencia y entrenamiento para operaciones urbanas en ambientes hostiles que en su momento pueden ser de amplia utilidad para acciones dentro de Brasil.

Si la cuestión nuclear y el desactivar las hipótesis de conflicto entre la Argentina y Brasil fueron los temas centrales del proceso de acercamiento de integración en los años ´80, el comercio en los ´90, el presente comienzo de siglo enfrenta a los decisores de la Argentina y Brasil frente a la imperiosa necesidad y desafío de articular mecanismos de coordinación y cooperación serios y efectivos en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas livianas, contrabando y otras formas de crimen organizado.

A este de por sí alarmante panorama en materia de seguridad, cabría agregarle la existencia de ciertas evidencias por el accionar de personajes ligados a grupos armados colombianos, tales como las FARC y paramilitares, con relaciones directas o indirectas con, por ejemplo, secuestros en Paraguay, tráfico de drogas y armas en Brasil y el control de embarques de narcóticos en la Argentina. La desmovilización de alrededor de 2/3 de los paramilitares en Colombia a partir del año 2006 o las estadísticas sobre las crecientes deserciones en las FARC, no implica -quizás todo lo contrario-, que una cantidad relevantes de estos hombres utilicen sus experiencias en violencia y delito en actividades vinculadas al crimen organizado a nivel regional. Recientes análisis llevados a cabo por instituciones de gran prestigio internacional, tales como el International Crisis Group, no han dudado en advertir sobre la presencia de crecientes grados de connivencia entre grupos remanentes (y aún algunos nuevos) de paramilitares con algunos grupos de las FARC en lo que se refiere a tráfico de drogas y combustibles5.

Referencias:

1http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=272 y http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=384 

2http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/05-30-2007/0004598231 

3 http://www.reuters.com/article/americasCrisis/idUSL08268029 y http://www.ft.com/cms/s/4e642c8a-fd9d-11db-8d62-000b5df10621,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F4e642c8a-fd9d-11db-8d62-000b5df10621.html&_i_referer=http%3A%2F%2Fsearch.ft.com%2Fsearch%3FqueryText%3DKaren%2BTandy%26aje%3Dtrue%26dse%3D%26dsz%3D%26x%3D14%26y%3D4 

4 http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?ID=19202 

5 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4824&l=1

 
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