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Chile: Debate electoral, 'Una historia que se repite' PDF Imprimir E-Mail

Jul-31-08 - por Claudio Fuentes (FLACSO)*

El repertorio de los periodos electorales es bastante conocido y reiterativo: la función parte con la ya recurrente crítica de la oposición respecto al intervencionismo electoral del gobierno; continúa con la defensa de la obra de la Concertación, en su vertiente flagelante y auto-complaciente; y culmina con un análisis de los resultados electorales donde todos resultarán ganadores. Entremedio, poco se avanza para definir y establecer mecanismos para evitar potenciales abusos de poder.

Existe consenso en identificar el intervencionismo electoral como la desviación de fondos públicos para fines electorales, es decir, con el propósito de incidir en el voto de las personas. En esta definición, la línea entre lo legal e ilegal es clara: si se derivan fondos públicos que están destinados a un propósito específico con el objetivo de comprar votos, aquello debe ser investigado y sancionado. Tanto el poder Judicial como la Contraloría han asumido un rol relevante en este sentido, aunque tales instrumentos tienden a ser lentos y actúan ex post facto.

Otra dificultad se presenta en casos donde no existe este desvío de recursos, pero para ojos de la opinión pública podría considerarse una influencia indirecta en las preferencias de las personas. ¿Constituye intervencionismo que la Presidenta defienda la permanencia de la coalición en el poder? ¿Constituye intervencionismo que un alcalde inaugure una multicancha pocos meses antes de las elecciones? La línea entre la promoción de resultados al final de una gestión y el intervencionismo electoral es difusa por lo que es en estos casos donde debe primar el criterio político.

Una arista del debate, entonces, es definir en forma precisa lo qué se entiende por intervencionismo electoral. Sería absurdo pedirle al gobierno de turno que deje de funcionar durante un período electoral, más si se trata de uno de cuatro años. Pero tampoco debiésemos aceptar que todas las inauguraciones del ámbito central y local se hiciesen unos días antes de verificarse un acto eleccionario. Allí es donde se requiere un acuerdo político de modo de definir la frontera entre intervencionismo y promoción de resultados.

Otra dimensión del debate se refiere a los autores de este intervencionismo. Cuando la Contraloría constató que en municipios de la oposición se estaban definiendo programas de acuerdo a si las personas estaban inscritas o no en los registros electorales, descubrimos que los partidos de la Alianza no estaban libres de culpa. Pareciera ser que existiría una tendencia natural de las personas de buscar mantenerse en el poder. El legislador, entonces, debiese actuar bajo el triste pero realista supuesto que las personas buscarán perpetuarse en el poder.

Así las cosas, no queda otra solución que establecer métodos eficientes de control de potenciales abusos de poder. Uno de los principales problemas para el caso chileno es que se carece de instituciones que preventivamente disuadan a los que ostentan poder de abusar de éste. Contamos con un Servicio Electoral que no tiene ni las atribuciones ni las capacidades materiales para realizar auditorias selectivas de modo de controlar el uso de recursos privados y públicos durante tiempos de campaña electoral. Si existe un escándalo, lo sabremos varios años después, dado que dependerá de la denuncia que haga alguna persona o de los mecanismos de control administrativa de la Contraloría.

La reforma a la ley de financiamiento electoral debiese considerar un cambio de rol sustantivo del Servicio Electoral a fin de convertirlo en una instancia que audite selectiva y aleatoriamente las campañas electorales. La amenaza de una auditoria debiese ser el mejor desincentivo para abusar del poder.

*Columna de opinión del Director de FLACSO-Chile, Claudio Fuentes, publicada en el diario La Tercera, el miércoles 23 de julio de 2008. Fuente: www.flacso.cl

 
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