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Militares en operaciones terroristas en Tarija PDF Imprimir E-Mail

Jul-11-08 - por Ignacio J. Osacar (Coordinador de la Comisión de Defensa del CENM)

"Si algo sale mal a Ud. no lo conocemos". Con esta frase se despide el responsable de la operación del agente encubierto, a quién se envía a cometer un hecho ilegal, que puede variar desde un hurto simple hasta un asesinato, que al parecer es de gran interés para alguien "de muy arriba",  y para lo cual todos están convencidos que se hace "por la Patria". La ejecución de este tipo de operaciones puede comprobarse en países donde rige el estado de derecho, con gobiernos democráticos y libremente elegidos, como en los otros, donde desde ya, no es necesario andar con tantos escrúpulos y la impunidad está asegurada. En todos los casos no es habitual emplear personal militar en servicio activo, por que difícilmente se pueda evitar el escándalo público si quedara expuesto.      

Es difícil definir dónde se encuadra el incidente que involucra al Subteniente de Caballería del Ejército de Bolivia Georges Peter Nava Zurita, que -joven aún- ya ingresó como un destacado en la historia de su país. Este oficial fue detenido por arrojar un explosivo que provocó considerables daños en el frente del Canal 4 de televisión de la cadena opositora Unitel, en Yacuiba, durante la madrugada del 21 de junio. Este atentado parece más inspirado por los relatos de infancia de algún abuelo que asaltó a la bayoneta las trincheras paraguayas en la Guerra del Chaco, que por la planificación detallada y la fría ejecución que caracteriza a las fuerzas especiales, lo que complica seriamente no sólo al Ejército, sino también a la misma Presidencia de la Nación.

El sine qua non de la acción encubierta es, para quien la ordena, que pueda negar tener  vinculación alguna con la misma. En el caso de quien la ejecuta, es algo más complicado, pero podemos decir como regla general que: es fundamental que nadie lo vea, pero si lo ven, que no sospechen, si sospechan, que no lo detengan, si lo detienen, que no lo procesen, si lo procesan, que no lo juzguen, si lo juzgan, que no lo condenen, y si lo condenan, que pueda salir al poco tiempo, para disfrutar de una significativa suma de dinero en compensación por los contratiempos sufridos.

Lo dicho es aplicable a la mayoría de los casos, aunque en otros, cuando ni siquiera se tuvo éxito en la misión encomendada o el escándalo fue mayúsculo, dejando a los superiores que ordenaron la operación algo desilusionados, es aconsejable que tome la iniciativa de comenzar una nueva vida en otro país y con otra identidad, ya que ahora es una molestia. Como vemos, son varias las instancias donde el operador en cuestión puede despegarse de una situación comprometida, o bien ser recatado de ella discretamente con aceptables costos monetarios y políticos.

Al parecer, en esa tarea se encuentran ahora los funcionarios del gobierno boliviano, que obviamente han aconsejado al oficial mantener silencio ante la indagatoria fiscal, y que simultáneamente divulgan la versión de que estaba borracho, porque la alternativa de calificarlo de demente, que sería la más conveniente, es poco creíble, considerando los puestos de responsabilidad que ocupaba hasta el día anterior.

No hay demasiados elementos que permitan verificar algo de profesionalismo en el ataque al canal de televisión. El Subteniente Nava se bajó de un vehiculo, colocó el explosivo con un retardo de un minuto, y cuando escapaba, no lejos del lugar chocó contra un taxi, su acompañante escapó, quien estaría identificado como el Subteniente Francisco Flores Montaño, mientras que él fue detenido, junto a otros 9 sospechosos, que lo seguían en un segundo vehículo o que merodeaban las inmediaciones, entre ellos una mujer. Se detuvieron a otras 10 personas que fueron liberadas rápidamente.

En su persona portaba la Cédula de Identificación Militar Nro. 03102007 que lo acredita como oficial activo, nacido el 25 de marzo de 1981 y que es titular de la Cédula de Identidad 5367452 emitida en Santa Cruz; también llevaba otra identificación para ingresar al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, por su condición de instructor de la Fuerza Contraterrorista Conjunta (conocida  como F10), pero la credencial más importante es la expedida por la Presidencia de la República, como oficial de seguridad de la Casa Militar de S.E el Presidente y que permite ingresar tanto al Palacio como a la Residencia.

El vehículo en que se movilizaba era un Toyota Rav4, placa 1481-GPB, alquilado a la agencia Barron's Rent por la Embajada de Venezuela, según consta en todas las documentaciones expedidas por la empresa. La divulgación de este hecho asombroso por lo burdo y comprometedor ha provocado manifestaciones de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista ante el consulado venezolano en Santa Cruz, exigiendo que todos los diplomáticos de ese país sean expulsados. Sería oportuno que el gobierno les exija aclarar a los bolivarianos involucrados algunas cosas antes de irse.

Dentro del vehículo se encontró un fusil Kalashnikov 7,62 mm de origen ruso, con un cargador completo, una pistola Jericó 9 mm israelí y otra Glock 9 mm austríaca, 10 cargas explosivas C4, detonadores, mechas, una granada de gas, panfletos, teléfonos celulares y 1500 bolívares. Algunas fuentes han expresado que el fusil Kalashnicov y la pistola Jericó no son de dotación boliviana sino probablemente venezolana, donde los oficiales comprometidos habrían realizado un curso de perfeccionamiento; otros peritos afirman que el arma es de origen chino o sea de posible pertenencia al Ejército de Bolivia. Un arma boliviana reglamentaria usada en un atentado terrorista es algo grave, pero si ésta fuera venezolana es doblemente grave.

El Senado formó una comisión investigadora para establecer las posibles vinculaciones de las Fuerzas Armadas y de la misma Presidencia en el atentado, y el presidente de la misma, el senador opositor Oscar Ortiz, ha efectuado graves acusaciones contra el General Gualberto Arámbulo, ex jefe de la Casa Militar y actualmente Director de Logística del Ministerio de Defensa, quien se defendió manifestando ser ajeno al hecho y negando su presencia en Yacuiba antes del atentado o posteriormente para contactarse con el oficial detenido.

El Jefe del Ejército Freddy Mackay dijo "por una persona no se puede desprestigiar a toda una institución", y advirtió que las Fuerzas Armadas dejarán que sea juzgado por la justicia ordinaria, y si ésta lo declara culpable, lo darán de baja. Tampoco tiene dificultades en tomar distancia el presidente Evo Morales, quien expresó que "lo que hay que hacer ahora es someterlo a la justicia, si ha participado, es la justicia la que debe actuar en ese ámbito y establecer sanciones". Es posible que ya nadie recuerde haber conocido alguna vez al Subteniente Nava.

En conclusión podemos afirmar que este hecho terrorista introduce elementos para un peligroso escenario, ya visto históricamente en conflictos políticos internos de otros países sudamericanos, donde personal militar y policial de jerarquías medias e inferiores, operan por su propia iniciativa, integrados en grupos armados civiles de uno y otro bando, inicialmente en operaciones encubiertas y a posterioridad enfrentándose en forma abierta, con las simpatías permisivas de algunos de sus superiores militares, otras veces con la instigación directa o, incluso, hasta con el apoyo concreto, dentro y fuera de la cadena de mando pertinente, y sin que las Fuerzas Armadas ni Policiales reaccionen en forma institucional, ejerciendo su responsabilidad para restaurar el orden público o imponer la disciplina, adoptando así una actitud de pasividad e indiferencia ante una situación generalizada de violencia y caos.  

Fuentes:

www.elmundo.com.bo consultado 30-06-08
www.la-razon.com consultado 30-06-08
www.eldeber.com.bo consultado 30-06-08

 
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