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La crisis de la justicia debilita al presidente PDF Imprimir E-Mail
Mar-07-21, por Rosendo Fraga
 
 

La crisis del poder ejecutivo con el poder judicial está escalando del plano político al constitucional. El discurso del Presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del congreso del 1 de marzo y el alegato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, realizado tres días después, el jueves 4 de marzo, sobre el juicio por "el dólar futuro" mostraron una coincidencia sin matices. El cuestionamiento a La Corte fue directo, el Presidente dijo que se trataba de la institución con menor prestigio social y la vicepresidenta la acusó de ser un instrumento del "Lawfare". El viernes 5 de marzo el Presidente afirmó que "todo lo que dijo ella es verdad" refiriéndose al duro alegato contra el poder judicial realizado por la vicepresidenta. 

Un año atrás, en el primer discurso del Presidente en análogas circunstancias, se expresó en forma muy diferente. Se refirió a la justicia en función de reformarla para modernizarla. Un año después, su intención parece ser el cambio de los funcionarios judiciales actuales. Una Cristina confrontativa con la justicia, un Alberto moderado frente a ella, han dado paso a una identificación de los dos con el Presidente sumándose a la posición de la vicepresidenta. La renuncia al cargo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, implica un retroceso significativo del presidente. De todos los ministros del poder ejecutivo era la más próxima a él en términos personales y políticos. Desde el inicio del gobierno fue criticada por su bajo nivel de confrontación con la Justicia. Periodísticamente se menciona a dos militantes "K" para reemplazarla: Juan Martín Mena, quien la secunda en el ministerio de Justicia, y el diputado Martín Soria. 

Explícitamente, el Presidente al sumarse a la teoría del Lawfare asume la posición de la vicepresidenta de que sus causas son consecuencia de una "persecución política". El ejecutivo parece haber llegado a la conclusión de que mientras no alinee a la Suprema Corte con su línea política no logrará un control de la justicia y seguirá sujeto a fallos contradictorios. Al mismo tiempo, un militante "K", Diego Molea, asumió semanas atrás la presidencia del consejo de la magistratura que propone la designación y remoción de los jueces. 

Respecto al alegato de Cristina en las causas, dijo que había una "persecución política" contra la vicepresidenta y que debía mantenerse la "presunción de inocencia a su favor". Para ocupar las vacantes en el juzgado federal 6 y en el 11 que ocupaban los jueces Claudio Bonadío y Sergio Torres. Los candidatos que se presenten a rendir examen tendrán que responder sobre la "teoría del Lawfare". La Corte se ha mantenido en silencio, sin que ninguno de sus miembros responda. Uno de ellos, Juan Carlos Maqueda, fue seleccionado por Duhalde en 2002; otros dos, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, por Nestor Kirchner; y los dos restantes, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por Mauricio Macri. Cabe señalar que el último también fue ministro de justicia de Macri. Los 5 fueron designados por la mayoría calificada de dos tercios de los senadores presentes. Es decir que es un tribunal independiente por su origen. A ello hay que agregar que los dos discursos delinearon un "enemigo político" integrado por la justicia, los medios de comunicación y los grupos económicos concentrados. 

El estallido del escándalo de la "vacunación VIP" en la tercera semana de febrero, a lo que se sumó el fallo del caso de Lázaro Báez y su familia y en la primera de marzo la crisis en torno a la justicia, han llevado al gobierno a su momento político más difícil. Los sondeos muestran que la imagen de Alberto Fernández ha perdido hasta 8 puntos en la opinión pública y más de la mitad se muestra pesimista sobre la economía del año que se inicia. 

Uno de cada cuatro de quienes votaron por el oficialismo, 12% del total del electorado, cuestiona al gobierno. En este contexto la crisis desatada en la provincia de Formosa llevó al gobierno a sostener el 5 de marzo a que la represión violenta registrada en la capital provincial frente al regreso a la fase 1 del aislamiento era "una campaña contra Gildo Insfrán". Así se expresó el secretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla Corti, al percibir el Presidente las primeras señales del caso desde el área de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), paso a decir que al gobierno le preocupaba "la violencia institucional". 

Ese día derogó un decreto de Macri que restringía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y permitía la expulsión de extranjeros que hubiesen delinquido en la Argentina. Se trata de otra medida coincidente con la postura ideológica de La Cámpora. Pero el Ministro de Seguridad, Sergio Berni -de llegada directa a la presidencia- en un artículo con su firma cuestionó directamente la decisión presidencial. 

Esta situación ha tenido consecuencias en las fuerzas políticas cuando la política exterior de Argentina acaba de asumir una posición favorable al régimen de Nicolás Maduro. En la oposición, creen haber encontrado la oportunidad para polarizar y unificarse. Expresión de ellos es el discurso de Patricia Bullrich. Pero el expresidente Mauricio Macri cree que es su oportunidad para volver a polarizar con Cristina Kirchner y dará su primer paso el 18 de marzo. Ese día presentará su nuevo libro, titulado "Primer Tiempo", en un acto presencial con 800 invitados. En estos momentos, el oficialismo parece impulsar las causas de corrupción contra él y en particular la del "correo". 

El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, abrió también las sesiones de la legislatura el 1 de marzo con un discurso moderado y de manera digital, pero la crítica a su propio partido lo obligaron a sumarse a las críticas y embestidas contra el gobierno. En el peronismo el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, admitió su alineación a Cristina Kirchner al rechazar la cautelar planteada por el Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, contra la convocatoria del peronismo bonaerense a realizar elecciones internas para que Máximo Kirchner sea electo titular del partido. Paralelamente, el exministro de interior y transporte, Florencio Randazzo, criticó públicamente el "proyecto político familiar" de la vicepresidenta, siendo convocado por el presidente del partido nacional José Luis Gioja. 

El "grupo de contacto" -nucleamiento de países de Europa occidental y algunos de América Latina que buscan mediar en el conflicto venezolano- condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, negándole a Argentina a suscribir el comunicado. El anuncio en el discurso, de que se va iniciar una querella criminal al expresidente Macri y sus funcionarios que firmaron el acuerdo para el préstamo del FMI por 57.000 millones de dólares, anticipa que se está imponiendo la estrategia de la vicepresidenta de postergar las negociaciones con el organismo financiero internacional hasta después de la elección.

 
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