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El gran Buenos Aires: escollo inesperado para el kirchnerismo PDF Imprimir E-Mail
Feb-10-21, por Rosendo Fraga
 
 

La postergación de las PASO es el centro de la actividad política en febrero, aunque es un tema menor o incluso irrelevante. El año pasado Chile realizó su referéndum constitucional y Bolivia una elección presidencial mientras mantenían altos niveles de pandemia. Pasando a este año, Ecuador acaba de realizar su elección presidencial, en abril la hará Perú, en noviembre Chile y en diciembre Nicaragua. También se realizarán elecciones legislativas en México y El Salvador, al igual que en Argentina. 

Aunque en este listado de países todos ellos han tenido fuerte cantidad de muertes y contagios, en ninguno se pospuso la elección, ni tampoco está previsto que se lo haga, pese a las dificultades con la vacunación que se plantea. Sólo Argentina aparece así con un proyecto de postergar fechas electorales, argumentando la pandemia y en concreto la incertidumbre respecto a la vacunación. La primera idea fue la de suspender por única vez las PASO que obligan a dos actos electorales sucesivos. Fue impulsada por la casi totalidad de los gobernadores y el presidente, pero la oposición de Cristina y La Cámpora impidieron que este proyecto avanzara. 

Después dos diputados radicales plantearon postergar las primarias de agosto para septiembre y así acortar el tiempo de las internas y la elección nacional, que es el último domingo de octubre. Ante una nueva insistencia de los gobernadores para suspender las primarias, Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, ha propuesto una alternativa compleja: hacer el mismo día la primaria y la elección, adjudicando el resultado electoral a la lista que más votos saque dentro de cada partido. En los hechos, funcionaría como una Ley de Lemas. La Constitución dice que cualquier modificación de tipo electoral necesita la mayoría absoluta del Congreso (mitad más uno de los legisladores), lo que sería necesario en cualquiera de estas alternativas. La oposición se opone a cambiar el cronograma electoral y en esto coinciden sus diversos sectores. 

La razón de esta disputa está en el control político del Gran Buenos Aires entre La Cámpora y los intendentes. Los gobernadores prefieren suspender las PASO porque de esta manera reducen riesgos electorales al enfrentar una primera elección en agosto y una segunda en octubre, partiendo de la premisa de que cuanto más tiempo pase, mejores serán las condiciones electorales para el oficialismo, sea del partido que sea. El objetivo político de La Cámpora es utilizar las primarias para disputar las intendencias al peronismo tradicional, ganando espacio con concejales propios en la elección de medio mandato y obteniendo finalmente una victoria en las municipales de 2023. Sin primarias obligatorias, el poder electoral de los intendentes se fortalece; en caso contrario, se debilita. 

Por esta razón, la propuesta de Máximo Kirchner de hacer las primarias el mismo día que la elección apunta a permitir el crecimiento de La Cámpora en 2021 como paso intermedio para obtener intendencias en 2023. Esta discusión -no resuelta- motivó el jueves 4 de febrero la "reunión cumbre" en la Casa Rosada, de la que participaron el presidente de la Nación; el ministro del Interior, Wado de Pedro; Máximo Kirchner; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y Sergio Massa. Pero el problema de fondo en esta puja de poder es que la asunción de Máximo como presidente del peronismo bonaerense el próximo mes de marzo sigue sin resolverse. 

A mediados de diciembre el presidente, la vicepresidente, el gobernador de Buenos Aires y el presidente de la Cámara de Diputados, anunciaron que el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, asumiría como presidente del peronismo bonaerense. Pero para ello es necesario declarar la acefalía del partido, cuyos mandatos vencen recién en diciembre de 2021. Para concretar la acefalía es necesaria la renuncia de dos tercios de los integrantes y también de los casi 1.000 congresales. La realidad es que el presidente del partido, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, mantiene su negativa a renunciar, posición que hasta ahora acompaña toda la estructura partidaria provincial. Es un límite inesperado para la cúpula oficialista. 

Mientras tanto, la vicepresidente Cristina Kirchner continúa con su sistemática "construcción de poder". El ámbito judicial es prioritario en ese sentido. En la primera semana de trabajo del Congreso logró el acuerdo para que el juez Alejo Ramos Padilla, alineado con el oficialismo, ocupe el Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, donde ha surgido la mencionada resistencia a la llegada de La Cámpora al poder partidario. Se están cubriendo vacantes en la Cámara Federal con jueces afines al oficialismo. En el Consejo de la Magistratura, un kirchnerista tomaría la presidencia en las próximas semanas, después de unos cambios de posición favorables al oficialismo de algunos de sus integrantes. El presidente acompaña este avance y el domingo 7 de febrero dijo respecto a la Corte Suprema en un reportaje que "hoy es un tribunal muy poco cualificado socialmente" y respecto a la situación judicial de Milagro Sala sostuvo que "es el caso de lawfare por antonomasia", coincidiendo con la línea del kirchnerismo. La ofensiva para desplazar al procurador general de la Nación (Eduardo Casal) se acelera y para ello se producen cambios en el tribunal de enjuiciamiento que tendría que juzgarlo. 

El debate por la Justicia se agudizó al reanudarse esta semana el juicio de la obra pública en Santa Fe que involucra a la vicepresidente. Esta idea de la "construcción de poder" se extiende al área económica. El Senado, en su primera sesión del año, estableció que las autoridades estatales encargadas de regular la competencia requieren acuerdo de esta Cámara, lo cual implica un mayor control del kirchnerismo, que tiene amplia mayoría en el Senado. En las relaciones exteriores la vicepresidente quiere lograr el acuerdo para tres embajadores donde coloca militantes: China (Vaca Narvaja), Cuba (Ilarregui) y Bolivia (Basteiro), quien ocupara el cargo durante su segundo mandato. En Rusia ya está en funciones el nuevo embajador (Zuain), quien ha jugado un rol importante en las gestiones para adquirir la vacuna Sputnik V. 

En la semana que se inicia el Gobierno intenta poner en marcha un acuerdo de precios y salarios para contener la inflación, mientras que los problemas por la vacunación continúan y puede reabrirse el conflicto policial. El incremento de la inflación de los alimentos en enero ha puesto en alerta al Gobierno en el año electoral. Entre el 9 y 10 de febrero serán recibidos en Casa Rosada la CGT, el movimiento sindical que lidera Hugo Moyano y las distintas facciones de la CTA. 

En principio, aceptarán participar de este acuerdo pero eludirán comprometerse con un porcentaje de aumento para todo el año, que el gobierno pretende sea del 29%. A partir del 11 de febrero serán citados los líderes empresarios, comenzando por la Unión Industrial Argentina. En este ámbito hay resistencia al acuerdo en gestación, porque el Gobierno sostiene que hay precios que ya están subiendo por encima de lo permitido. La intención del presidente es presentar los resultados de este acuerdo el 24 de febrero. 

En cuanto a la vacunación, se realiza en desorden y sin previsión -como sucede en muchas partes del mundo- en cuanto al flujo de las vacunas. Lo cierto es que la vacunación como "epopeya" ha dado lugar a la vacunación como "riesgo electoral". Para el 11 de febrero está convocada una nueva protesta salarial en el ámbito de los 95 mil integrantes de la policía bonaerense. Son convocados desde una página de internet ("Policías Reclamando"), que tiene 50.000 visitantes. Más allá de lo que suceda ese día, es claro que se trata de la reaparición de un problema no resuelto y que es clave para la seguridad y también para la política, como se vio en septiembre del año pasado.

 
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