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El año de Alberto en el poder PDF Imprimir E-Mail
Dic-13-20, por Rosendo Fraga
 
 

El 10 de diciembre Alberto Fernández cumple un año en el poder, habiendo sido su relación con la vicepresidenta el problema político central. La cuestión ha sido el poder y a lo largo de los meses fue quedando en evidencia que el "presidente árbitro" que Fernández esperaba dio paso a una vicepresidente con crecientes manifestaciones de poder. Cuando el 20 de marzo se inició la cuarentena, el presidente se puso como prioridad el mantener la imagen positiva que por la pandemia estaba entre 65 y 70 puntos. 

Al mismo tiempo, Cristina Kirchner se concentró en la "construcción de poder", término que en el peronismo implica colocar militantes en las posiciones y cargos con poder. Esta fase de su estrategia culminó el 29 de agosto, cuando por primera vez desde el 10 de diciembre de 2019 estuvo presente en la Casa de Gobierno para la presentación del acuerdo de la deuda. En ese periodo ella fue eficaz en acumular poder, mientras que durante el mismo periodo el presidente vio disminuir su imagen positiva. En los dos meses que transcurrieron desde dicha fecha hasta el 26 de octubre, ella se concentró en imponer su agenda al Gobierno. Es decir, que los temas de interés para el kirchnerismo fueran asumidos por el presidente y su equipo. En gran medida logró este objetivo. La tercera etapa se inicia el mencionado 26 de octubre, cuando la carta de Cristina hecha pública fue una manifestación de su poder. A partir de entonces, su esfuerzo se centró en lograr que los temas de su agenda avanzaran y se convirtieran en la gestión del Gobierno. 

En este marco, avanzaron en las últimas semanas los temas de la agenda del kirchnerismo. El primero es la influencia sobre la Justicia. De las diversas acciones puestas en marcha, la reforma de atribuciones del Procurador General que le otorgan mayor control sobre los fiscales y reducen de 48 a 37 los senadores necesarios para designarlo es la acción más relevante, que ya ha logrado media sanción en el Senado y que la logrará probablemente en Diputados antes de fin de año. 

El cuestionamiento de la Corte por confirmar la sentencia contra el ex vicepresidente Amado Boudou profundiza el conflicto. El presidente cedió posiciones en las últimas semanas frente a los objetivos de la vicepresidenta en este tema. En segundo término está el control de los medios. La regulación de las tarifas de los servicios audiovisuales, el observatorio para verificar las noticias "falsas y de odio" y el reciente fallo del juez federal Martínez de Giorgi exigiendo a un periodista del diario La Nación que dé a conocer su fuente en una información que afecta a la vicepresidente, son acciones en esta dirección. 

El tercer punto es la política contra "los ricos". No hay apoyo en la opinión pública en usurpaciones y expropiaciones, pero sí, en cambio, hay consenso para aumentar impuestos a los grandes patrimonios. El proyecto impulsado por el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, ya tuvo aprobación de esta Cámara y la tendrá también en el Senado antes de fin de año. 

En cuarto lugar está la ruptura del diálogo de la Casa Rosada con la oposición y la ofensiva contra el Jefe de Gobierno porteño para evitar que se transforme en una opción competitiva para 2023. La ley que reduce la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires ya tiene media sanción de Diputados y la tendrá seguramente en Senadores en el curso del mes de diciembre. 

Por último, la vicepresidente se ha reservado el manejo de tres relaciones internacionales de carácter bilateral: China, Rusia y Cuba. Mientras el presidente abrió el diálogo con Biden y Bolsonaro, la postura de la vicepresidente lo obligó a no cuestionar el resultado de la elección legislativa venezolana. 

En este contexto, el Congreso será en el primer mes del segundo año de la presidencia de Fernández un mes decisivo en el ámbito parlamentario. La prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero y la convocatoria de extraordinarias hasta el 28 de febrero muestra la intención del Gobierno de utilizar intensamente el Congreso durante el próximo trimestre. La sanción definitiva del "impuesto a los ricos", la reducción de la coparticipación porteña y la reforma de las atribuciones del procurador, como se dijo, tendrán sanción definitiva antes de fin de mes. 

También la tendría la ley que cambia el coeficiente para el aumento de los jubilados, que el Ejecutivo tuvo que flexibilizar en función de los requerimientos de la vicepresidenta, "suavizando el ajuste". El proyecto de "sustentabilidad" de la deuda será también aprobado. En cambio, el proyecto para legalizar el aborto tiene una situación más compleja. Está previsto que el 10 de diciembre la Cámara de Diputados lo trate y apruebe, como pasó en la Cámara Baja dos años atrás. El presidente tiene la intención de tener también sancionado este proyecto antes del 31 de diciembre, pero acá faltan algunos senadores para lograrlo. Sólo si la vicepresidenta ejerce su influencia sobre ellos será posible la sanción en la Cámara Alta, pero hasta ahora Cristina ha decidido mantenerse al margen del tema. Sobre legisladores indecisos influye también la posición activa asumida por el Papa Francisco en este tema. 

En el juego de poder entre presidente y vicepresidenta, si el proyecto no fuera aprobado en Senadores se pondría en evidencia que sin la vicepresidente, el Gobierno no puede avanzar. Respecto al acuerdo con el FMI, el consenso requerido por el organismo obligaría a una ley. Acá nuevamente aparecería la posición del Senado dependiente de la decisión de Cristina. 

A ello se agregan el problema de la pandemia, que parece transformarse en el problema político de la vacunación, la imagen del Gobierno al cumplir un año y el aumento de la pobreza y el desempleo. La baja en la cantidad de infectados y en muertes favorece al Gobierno, que quiere hacer de la vacunación una "epopeya", como dice el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pero la situación sobre ella es incierta. Incluso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que "hay que ver si va a estar la vacuna antes de fin de año". 

En el contexto del enfrentamiento con el Jefe de Gobierno porteño, el Ministerio de Salud ha informado que el distrito con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes es la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es exacto. La llamada "grieta" llega también a las encuestas de opinión. Una publicada por el Diario Perfil el 6 de diciembre da cuenta que la aprobación de la gestión de Alberto Fernández es del 42% y la desaprobación del 53%. Al respecto, desde comienzos de abril, la primera descendió 21 puntos y la segunda aumentó 21. Por el contrario, una encuesta publicada en Página/12 el 7 de diciembre pone la aprobación del presidente en 55% y la desaprobación en 42%. 

Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en el último trimestre del año está en el 42,2% de la población y la indigencia en 14,2%. Pero la asistencia social (Plan Alimentar, IFE, extensión de la AUH) evitó que la pobreza llegara al 53,1%, mientras que en el caso de la indigencia llegaría al 28,5% sin las ayudas.

 
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