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Entre la carta de Cristina y las usurpaciones PDF Imprimir E-Mail
Nov-03-20, por Rosendo Fraga
 
 

La carta de Cristina Kirchner superó en sus alcances y consecuencias a los actos del 17 y 27 de octubre. El acto del 17 permitió observar la división del sindicalismo en tres vertientes: la CGT "Albertista" perdiendo poder; Hugo Moyano y sus aliados ganándolo y operando entre el presidente y la vicepresidenta; y el sector de Luis Barrionuevo, reuniendo al peronismo tradicional y poniendo en riesgo la unidad de la CGT de Héctor Daer. 

El acto del 27 fue una revitalización de Kirchner a un nivel superior al de Perón, pero con la curiosidad de que ni Cristina ni Máximo asistieron a la inauguración del monumento en el Centro Cultural Kirchner. Fue la carta de Cristina conocida el día antes la que se convirtió en el hecho políticamente más relevante. Ella puso en evidencia su centralidad y confirmó su eficacia como líder político. Fue precisa hasta para no serlo; dijo que el presidente toma las decisiones, pero que hay funcionarios que no funcionan; convocó al diálogo, pero reduciéndolo a la cuestión cambiaria. 

El presidente dijo que la había sentido como un respaldo a su favor, pero en su núcleo de colaboradores de la Casa Rosada fue percibido como un gesto ambiguo y peligroso. La candidatura de Alberto Fernández para presidente del PJ que se lanzó el 17 de octubre quedó diluida. En este marco, Cristina ratificó su intención de ejercer el liderazgo político. Sabe cómo convertir un detalle en un hecho político, como fue su ausencia y la de su hijo en el acto del monumento. Su presencia en el mismo junto con Fernández hubiera manifestado respaldo y probablemente cordialidad, pero ella prefirió evitarlo. 

Las usurpaciones mostraron divergencias dentro del oficialismo pero la decisión concreta la adoptó la vicepresidenta. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni -que recuperó su espacio con el desalojo de Guernica-, recibe órdenes directas de ella y el gobernador Kicillof la consultó antes de tomar la decisión. Ambos se referencian con Cristina, no con Alberto, al adoptar una decisión crucial y peligrosa. El presidente, por su parte, respaldó la medida -lo mismo hizo con el desalojo del campo de Etchevehere-, pero con ambigüedades para atenuarla: al decir que había ideas de Grabois que no eran ningún disparate buscó neutralizar las críticas de la izquierda de la coalición gobernante. 

El mencionado militante social había responsabilizado al presidente y los gobernadores de Buenos Aires y Entre Ríos por los hechos, pero eludió referirse a la vicepresidenta. En ninguno de los dos hechos participaron fuerzas federales en apoyo de las provinciales. En la realidad, Berni acentuó su rol como principal referente del Gobierno en seguridad, opacando a la ministra nacional del área, Sabina Frederic, contraria a los desalojos. 

El grueso del peronismo -gobernadores. CGT, intendentes del Gran Buenos Aires- apoyó en silencio, pero compartiendo la decisión de poner límites a episodios que pueden derivar en anarquía. Sin embargo, las usurpaciones son una situación extendida en el país que no se ha terminado ni mucho menos. Los motines carcelarios del sábado 31 de octubre en la provincia de Buenos Aires -que terminó cediendo a la presión de los amotinados- muestran que la acumulación de tensiones es múltiple. En este caso, las restricciones de la pandemia precipitaron el estallido de un problema preexistente. 

El rol de la militancia social representada por Grabois es un tema irresuelto pese a los desalojos -que él reconoció como una "derrota"- y la toma de distancia del Papa y el Episcopado. Días antes del desalojo de Entre Ríos, el Sumo Pontífice no recibió una delegación del sector de Grabois, mientras que el día antes Monseñor Ojeda rechazó las usurpaciones como metodología por el riesgo de violencia que implican. 

Pero ahora el Gobierno intentará "compensar" a Grabois por su acatamiento de los desalojos. Representa una estructura amplia en cantidad de militantes y en sus nexos dentro del Gobierno. Pertenece a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), denominación actual de lo que en los últimos años se conocía como la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Grabois lo hace como líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), también integra la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que lidera Víctor Alderete -ex militante maoista-, y el Movimiento Evita, entre otros. La UTEP es la organización que en este campo maneja más recursos del Estado y tiene mayor capacidad de movilización. Esta organización cuenta con un funcionario en la Casa de Gobierno (Fernando "Chino" Navarro) y uno en Desarrollo Social (Emilio Pérsico), ambos del Movimiento Evita, y acaba de tomar el control de la Secretaría de Integración Sociourbana, que pasó de Vivienda a Desarrollo Social con un presupuestos de 8.000 millones de pesos. 

El lema de las "Tres T" -tierra, techo y trabajo- fue asumido por la entonces CTEP y mostró su vinculación con el pensamiento actual de la Iglesia. Pero el trotskismo representado por el Polo Obrero, que resistió el desalojo de Guernica, es una expresión político-social dispuesta a la resistencia violenta, pese a lo cual en determinados casos puntuales está dispuesto a negociar para obtener beneficios. 

Al comenzar noviembre, la oposición da más señales de división que de cohesión en su relación con el oficialismo. El diálogo propuesto por Cristina Kirchner que el Gobierno no va a concretar -como manifestó Alberto Fernández al decir que "los canales de diálogo ya están funcionando"-, ha hecho que algunos sectores de Juntos por el Cambio mantengan que hay que aceptarlo, mientras que otros sostienen que hay que esperar a que el presidente decida avalarlo o no. 

La propuesta de Carrió de que Juntos por el Cambio aporte los dos tercios del Senado necesarios para nombrar de Procurador General de la Nación a Daniel Rafecas, propuesto por el Ejecutivo, es otro tema de conflicto. Los mismos que parecen mantener esta posición (Rodríguez Larreta, Vidal y Carrió) enfrentan a Macri, quien quiere imponer condiciones al diálogo con el Gobierno. 

Al aprobarse el Presupuesto en la Cámara Baja, de los 6 diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor, 5 responden a los gobernadores de Jujuy y Corrientes (ambos opositores) y el restante de La Rioja ya se escindió, formando un bloque aparte. En Mendoza, el Partido Demócrata (conservador) rompió con Juntos por el Cambio, que gobierna la provincia con un radical (Rodolfo Suárez). Frente a las declaraciones de que "Macri ya fue" planteadas entre otros por Carrió, el titular del Radicalismo, Alfredo Cornejo, y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijeron lo contrario. En este marco, ni en el oficialismo ni en la oposición los liderazgos están claros y hay divisiones. 

Mientras tanto, en 227 días de pandemia y restricciones, los muertos en el país totalizan 31.000 y los infectados 1.166.924, lo que lo lleva a estar en los puestos 12° y 7° a escala global, respectivamente. Pero medido en cantidad cada 100.000 habitantes, la Argentina ocupa el 11° en fallecidos (69,7) y tiene un nivel de contagios cada 100.000 similar al de Brasil. Pero es la segunda ola de infección que afecta a los países desarrollados de Occidente la mayor amenaza en los próximos meses.

 
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