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Argentina, entre la pandemia y el deterioro social PDF Imprimir E-Mail
Set-25-20, por Rosendo Fraga
 
 

La evolución de las encuestas permite entender lo que está sucediendo con la política. El 20 de marzo, cuando se anunció la cuarentena, en las diversas encuestas Alberto Fernández tenía una aprobación de 65 a 75%: fue el momento de mayor popularidad en sus 9 meses y medio de gobierno. Su actitud decidida y la amenaza que significa la pandemia para la gente explican la opinión favorable. 

Esta situación se mantuvo aproximadamente durante los primeros 100 días de los más de 180 que lleva la cuarentena. Hacia fin de junio esta situación era distinta: Alberto Fernández había perdido entre 15 y 25 puntos durante ese periodo. A partir de ese mes (junio) la caída ha sido más pronunciada por la falta de resultados concretos en el tema de la pandemia. Desde julio, los casos de muertes por la pandemia empezaron a subir hasta llegar a un pico en septiembre, sin certeza sobre lo que seguirá sucediendo. En la semana que pasó (del 13 al 19 de septiembre) la Argentina ocupó el cuarto lugar entre los 10 países con peor desempeño según la Universidad Johns Hopkins, y ya lleva dos semanas consecutivas siendo el que mayor cantidad de muertes cada 100.000 habitantes tiene en este grupo (en torno a 3,4). 

En marzo, gobierno y oposición coincidían en la necesidad de un esfuerzo común frente al coronavirus y Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta sumaban puntos de aprobación con esa actitud. A partir de julio, esto empezó a cambiar. Primero con la actitud diferenciada que empezaron a tener la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, frente a flexibilizar o mantener determinadas restricciones. Esto llevó a la crisis oficialismo-oposición que ha tenido lugar en septiembre, evidenciada en la reducción de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro de la imagen ha sido mayor en el oficialismo que en la oposición. 

Ahora, anunciados 200 días de restricciones (que se renovarán o no el 11 de octubre), el Gobierno trata de sacar la cuarentena del centro de la escena. Las largas exposiciones de Fernández de finales de marzo se redujeron en junio, después se transformaron en anuncios grabados para redes sociales, y el treceavo y último mensaje lo hizo sólo una locutora. La estrategia del Gobierno a partir de julio fue tratar de poner la agenda de la postpandemia como tema central. Pero esto no ha sido posible. La idea de reactivación de la economía y la resolución del tema de la deuda interna y externa (condición necesaria para reactivar la economía) no ha tenido éxito. La incertidumbre de los mercados en la segunda quincena de septiembre respecto a la Argentina así lo confirma. 

Mientras tanto, las manifestaciones de protesta de diverso tipo se incrementan. La más grave ha sido la protesta salarial de la policía bonaerense, tema que no ha quedado cerrado y puede tener nuevas manifestaciones: llegó a dos tercios de las policías provinciales y activó pedidos de aumento de salarios en el sector público. Por otro lado la oposición sigue ganando la calle. El primer banderazo fue el 20 de junio, el segundo el 9 de julio y el tercero el 17 de agosto, los tres coincidiendo con fechas patrias. De ahí en más, se sucedieron tres hasta el sexto, que tuvo lugar el sábado 19 de septiembre, con una frecuencia ya desvinculada con las fechas patrias. 

La prolongación de la cuarentena a 200 días, cuando los casos siguen subiendo, es el problema más difícil del Gobierno. Entrando en el séptimo mes de cuarentena, el hartazgo en la clase media frente a las restricciones está ganando la calle, combinándose con reclamos políticos como la impunidad frente a la corrupción, la independencia de la Justicia, etc. 

Paralelamente, durante la larga cuarentena se ha fortalecido políticamente la vicepresidenta Cristina Fernández respecto al presidente. A fines de marzo se decía que la mejora en la imagen de Alberto Fernández le iba a permitir independizarse de ella. Mientras el presidente exponía sobre la pandemia, ella se dedicaba a "construir poder", es decir, aumentar su influencia en el peronismo y los funcionarios de gobierno. La imagen positiva de Cristina se encuentra entre 25 y 30%; no ha aumentado durante la larga cuarentena, es más, ha bajado algunos puntos. Pero no ha pasado así con su poder político. 

El 30 de agosto su presencia en la Casa de Gobierno por primera vez desde el 10 de diciembre de 2019, en el acto por el fin de la negociación de la deuda, simbólicamente fue una asunción del poder real. El miércoles 16 de septiembre, cuando el Senado aprobó la remoción de tres jueces que llevan causas amenazantes para la vicepresidente, fue una demostración concreta de su ejercicio de poder. El peronismo tiene 41 senadores: la totalidad, sin faltar uno, estuvo presente para votar esta remoción (36 eran suficientes). Es excepcional una presencia de este tipo porque es normal que falten 3 ó 4, más allá de que el modo virtual favorezca la concurrencia. Los senadores tienen una estrecha relación con sus gobernadores. Esto implica también que políticamente la totalidad de los 18 gobernadores del peronismo y sus aliados, apoyaron esta decisión. Es más, el presidente firmó el decreto para la remoción dos horas después de la votación, demostrando una celeridad que se convirtió en un gesto político. Pero es claro que el avance de Cristina no favorece la estabilización de la situación política y económica. 

Desde el 24 de agosto, en paralelo con el avance ostensible de la vicepresidenta, el ex presidente Duhalde ha avanzado con manifestaciones que han aumentado la tensión política: su anuncio el 24 de agosto de que en la Argentina puede haber una guerra civil o un golpe militar, o la del 17 de septiembre diciendo que, según su impresión, Alberto Fernández se encuentra "groggy como De la Rúa a fines de 2001" (también dijo que él, en algún momento, se había encontrado en esa situación), son prueba de ello. 

Los 200 días de cuarentena -aunque el gobierno elude ahora el término- muestran que genera un deterioro acumulado en los sectores que están debajo de la línea de pobreza. De acuerdo al INDEC, el nivel de pobreza ya alcanza al 44,7% de la población y el de indigencia o pobreza extrema al 10,3%. Para UNICEF, la pobreza en los niños y adolescentes para fines de 2020 alcanzaría al 62,9% del total. Desde otra perspectiva, para el Observatorio Social de la UCA, en el segundo trimestre se perdieron 950.000 puestos de trabajo (formales e informales) respecto a enero. En cuanto al hambre, para la UCA la cantidad de personas que pasan hambre se duplicó: pasó del 7,5 al 14%. 

El gobierno sostiene que los sectores populares no se movilizan porque acatan las restricciones por la cuarentena, pero la realidad es que aunque estos se encuentran desmovilizados, seguirán votando por el Gobierno aunque estén desmotivados. A esto hay que agregar que se ha gestado un problema que condicionará la economía y las relaciones sociales en la década que se inicia: hoy el Estado le está dando de comer a 11 millones de personas (antes de la pandemia eran 8 millones) y se estima que esto continúe siendo así por varios años. En los militantes de los movimientos sociales afines al Gobierno se evidencian diferencias. El sector que responde a Juan Grabois no comparte la oposición a las usurpaciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está decidido a no usar la fuerza pública para los desalojos, mientras que sí lo hizo el gobierno nacional para desalojar los terrenos ocupados del ferrocarril Mitre. 

El viernes 18, un movimiento social que responde a Milagro Sala y apoya al gobierno, cortó la panamericana reclamando más subsidios de trabajo para sus cooperativas. Aunque es jurisdicción nacional, la Gendarmería, que la tiene en este ámbito, no actuó. Policías bonaerenses negociaron la apertura de un sólo carril. La seguridad es un campo en el cual por una u otra manera se transmiten las tensiones acumuladas durante la cuarentena. 

 
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