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Crece la influencia militar en América Latina PDF Imprimir E-Mail
Set-18-20, por Rosendo Fraga
 
 

La resolución de la crisis político-institucional peruana ha confirmado el papel de arbitraje que tienen los militares en algunos países de América Latina. El presidente Martín Vizcarra, sin base propia en el Parlamento, fue acusado de corrupción en la contratación de un cantante. Instrucciones que él dio a colaboradores de que declaren disminuyendo las veces que dicho personaje concurrió a la presidencia, se transformó en el eje del pedido de juicio político. Sobre 130 legisladores, 65 (la mitad más el presidente de la Asamblea) votaron para enjuiciarlo. El presidente de la Asamblea, el opositor Manuel Merino de Lama, llamó a los jefes militares para ver si lograba su apoyo en su objetivo de desplazar al presidente, quien tiene más de 60% de popularidad. Ya cuando el Congreso el año pasado designó una presidenta paralela, gobernadores y Fuerzas Armadas decidieron respetar a Vizcarra, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones. 

En esta oportunidad, el presidente del parlamento intentó comunicarse con el Jefe del Comando Conjunto, General César Astudillo -máxima autoridad militar-, quien no contestó a sus reiterados llamados. Ante este fracaso, el líder del movimiento para desplazar al presidente llamó al Comandante General de la Armada, el Almirante Fernando Zerran, que lo atendió y escuchó su posición, pero no le dio una respuesta positiva. Para destituir al presidente hacen falta 87 legisladores, 22 más de los que votaron el juicio político. La posición militar fue importante para definir legisladores indecisos a favor de la continuidad del presidente. 

La misma semana tuvo lugar en la Argentina una huelga de la policía bonaerense, inédita porque la protesta rodeó la residencia presidencial y se negaron a dialogar con el presidente Fernández. El problema militar en la región es un problema de entidad política, como lo muestra la historia. Las rebeliones policiales, en cambio, son sociológicas, aunque puedan tener consecuencias políticas. El gobierno argentino, frente a la entidad de la protesta, decidió ceder, aceptando aumentar el salario y no sancionar a quienes participaron en la rebelión. En Bolivia, a fines del año pasado, cuando el país enfrentaba protestas extendidas, la policía decidió quitarle la colaboración al presidente Evo Morales, replegándose incluso del mismo palacio presidencial. 

Ante esta situación, Morales convocó a los mandos militares para pedirles que se hicieran cargo del control de la seguridad y encontró una respuesta negativa. Esto lo llevó a renunciar. Es decir, que en Bolivia la rebelión policial terminó generando la caída del gobierno. Una década atrás, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, enfrentó dos rebeliones policiales que reclamaban por salarios y promesas incumplidas. El presidente reprimió con el Ejército, que lo sostuvo. Estos hechos muestran que en este momentos, cuando la región es la más insegura del mundo y el narcotráfico, entre otros problemas, ha aumentado considerablemente, también lo ha hecho el rol de la policía. Sus protestas y rebeliones tienen consecuencias políticas. 

Pero el hecho regionalmente más importante en este sentido es Brasil, donde un presidente que es militar retirado, Jair Bolsonaro, cumple el 1° de enero dos años de ejercicio en el poder. En su gabinete hay un tercio de militares (algunos en actividad) y un general paracaidista en activo viene ejerciendo el Ministerio de Salud hace más de dos meses. La pandemia ha comenzado a ceder. Bolsonaro, con una combinación de carisma y aumento de subsidios a los sectores más pobres, ha logrado consolidarse. Si hoy fuera la elección presidencial, saldría primero en la primera vuelta y ganaría también la segunda contra cualquier candidato. El 27 de noviembre se realizan elecciones municipales y los candidatos del presidente obtendrán buenos resultados. Los militares en Brasil actúan como un poder moderador. Tres meses atrás frenaron la ofensiva del presidente para hacer un autogolpe, disolviendo el Congreso y removiendo la Suprema Corte. Habían impedido esta alternativa que paradójicamente lo benefició a Bolsonaro, que la impulsaba. 

Brasil tiene 209 millones de habitantes y es la mitad de los 12 países de América del Sur en población y un tercio del total de América Latina. La consecuencia de lo que suceda en este país se proyecta a toda la región. Brasil se ha transformado en un aliado de EEUU en la región, lo que no sucedía desde hace medio siglo. El 12 de septiembre un estadounidense, Mauricio Claver-Carone, ha sido elegido el primer presidente del BID de esta nacionalidad. Esto es consecuencia de la alianza Washington-Brasilia. Los analistas occidentales daban por muerto a Bolsonaro cuando la pandemia irrumpió en Brasil. Una gran cantidad de contagios y muertes hicieron que Brasil fuera el segundo país por cantidad, pero hoy la situación de Bolsonaro es la contraria. 

Otros hechos demuestran este nuevo rol de los militares en la región. Lo sostuvieron al presidente Lenin Moreno en Ecuador ante las protestas violentas que pusieron en riesgo la gobernabilidad; en Chile pusieron un límite a su rol frente al presidente Piñera en la represión de las protestas que pusieron también en riesgo la gobernabilidad, que se iniciaron el 18 de octubre; en Uruguay, en las elecciones que tuvieron lugar el año pasado un general recientemente retirado se presentó y salió tercero, definiendo el resultado a favor del actual presidente, Luis Lacalle Pou, de centroderecha. 

Pero las Fuerzas Armadas y de seguridad no son las únicas que han aumentado su influencia política en la región al comenzar la tercera década del siglo XXI: también lo ha hecho la Justicia. El creciente involucramiento de los gobernantes en causas de corrupción le ha dado a las acciones de los jueces consecuencias políticas importantes. 

El caso más importante fue el "Lavajato" en Brasil, que generó las condiciones para el juicio político que desplazó a Dilma Rousseff y llevó  la cárcel a Lula, impidiéndole ser candidato. Decisiones judiciales impiden a Evo Morles ser candidato a senador en esta elección y a Rafael Correa serlo a vicepresidente en la elección del próximo año. En el pasado reciente Honduras y Paraguay muestran casos de desplazamientos de presidentes donde los tribunales supremos tuvieron participación decisiva. 

En la Argentina, los proyectos del gobierno para modificar la estructura judicial guarda relación con la intención por parte del oficialismo de manipularla para neutralizar las causa de corrupción. Los medios de comunicación también han aumentado su poder en una región donde las instituciones han perdido poder y la credibilidad en los políticos se ha deteriorado. Los gobiernos de centroizquierda progresista los consideran adversarios e incluso enemigos, mientras que la regulación del ejercicio del periodismo es un tema que está en conflicto en varios países de la región.

 
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