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La visión sanitarista de la gestión PDF Imprimir E-Mail
Abr-20-20, por Rosendo Fraga
 
 

El presidente Alberto Fernández en su discurso del 10 de abril, ratificó la extensión de la cuarentena hasta el 26 del mismo mes y su compromiso con una visión "sanitarista" en la gestión de la Pandemia. Las encuestas del oficialismo, tras episodios negativos como fueron las colas de los jubilados el viernes 3 de abril y los sobreprecios pagados por el Ministerio de Acción Social por alimentos destinados a los sectores más vulnerables, no habría tenido una caída significativa. El apoyo de la población a la Cuarentena sigue siendo alto y la imagen del Presidente, es 20 puntos mejor que de quien lo sigue en el mundo político. 

La interpretación de los estrategas del oficialismo, es que el acatamiento sin limitaciones de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la causa principal de esta imagen. Por esta razón y empalmando con la política exterior definida por el gobierno argentino antes de la Pandemia, las criticas a Trump y Bolsonaro, se acentúan por parte del Presidente argentino. La oposición entre salud y economía, que el Presidente argentino a hecho a favor de la primera, tiene en sus palabras un lema que la justifica: "de la economía se vuelve de la muerte no". 

En un reportaje que le hizo el Director del diario Perfil Jorge Fontevecchia publicado dos días después del discurso, tuvo dos definiciones significativas: sin dejar espacio para otro punto de vista, afirmó "Me siento muy seguro de mí mismo" y tomó distancia del Peronismo -que lo llevó al poder- diciendo: "Soy más hijo de la cultura hippie que de las veinte verdades peronistas".   

Los gobernadores siguen apoyando al Presidente, de quién dependen para sobrevivir económicamente. Los ingresos que reciben de la coparticipación nacional, han caído por la baja de recaudación. Al mismo tiempo se han reducido sustancialmente los que cobran en el ámbito provincial. La posibilidad de tomar deuda se ha limitado mucho, salvo excepciones como la Ciudad de Buenos Aires. 

En esta situación, cada provincia está negociando por su lado el apoyo financiero de la Casa Rosada. Pero también empiezan a desarrollar acciones independientes, como la realizada por el Gobernador de Córdoba (Schiaretti) de pagar con bonos a sus proveedores, lo que también hizo el Intendente de la Capital (Llalloyra) alineado con él. Aunque el gobierno nacional dice que estos bonos no son "cuasimonedas" -que media docena de gobernadores públicamente dicen analizan emitir, encabezados por el de Santa Fe (Perotti)- se ha comenzado a transitar un camino, que probablemente se extenderá. 

La provincia de Buenos Aires es un caso particular, dada la importancia del distrito y la proximidad del Gobernador (Kicillof) con la Vicepresidenta (Cristina). Deuda, refuerzo de fondos para la provincia y asistencia directa para los vulnerables del Conurbano, justifican esta prioridad. En cuanto al Jefe de Gobierno porteño (Larreta) se ha alineado con el Presidente, al percibir que esta proximidad lo beneficia en las encuestas, le da margen para negociar temas difíciles como la reducción de la coparticipación de su distrito y lo fortalece en la sorda pugna por el liderazgo del PRO que ha comenzado. 

Pero el debate sobre la situación institucional comienza a emerger, al prolongarse la cuarentena y seguir sin funcionar ni el Poder Legislativo ni el Judicial. Alberto Fernández ha firmado 30 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en cuatro meses de gobierno (Se cumplieron el 10 de abril). Es un record en su uso, desde la crisis del 2002. La Pandemia genera una situación de emergencia, que origina medidas excepcionales. 

En el caso argentino, el Congreso ha dejado de funcionar, algo que no se justifica institucionalmente. El Senado, presidido por la Vicepresidenta, no ha sido convocado. Al mismo tiempo, el Presidente de la Cámara de Diputados (Massa) intentó lograr apoyo de sus colegas para sesionar tecnológicamente, pero no lo obtuvo (tampoco para reducir las dietas). Pero el impuesto a "los ricos" denominado "Patria" que es impulsado por el Kirchnerismo, requeriría la reunión del Congreso. 

En cuanto al Poder Judicial, vive la cuarentena general, habiéndola extendido hasta fin de abril. Se están demorando causas, generando perjuicios sociales y económicos. Que ninguno de los dos poderes esté funcionando -en la mayoría de los países con régimen democrático han seguido activos- comienza a plantear la duda -también como en otros países- del riesgo de que lo transitorio se transforme en permanente, como ha sucedido más de una vez en la historia. Pero la realidad es que el Ejecutivo ocupa un espacio que los otros dos poderes hasta ahora van dejando vacío. En cuanto al diálogo con la oposición, tiene poca intensidad y algunos de sus dirigentes comienzan a reclamarlo.  

Aunque es la situación social, la más critica tanto en la coyuntura como en el mediano plazo. El mismo Ministro de Producción (Kulfas) ha dicho que Argentina comienza a vivir la peor crisis económica de su historia. No es una frase grandilocuente. La misma Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo primero que era la peor crisis de la historia, después que era la más grave en 100 y por último que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. 

El gobierno asumió que el trabajo informal es el más castigado por el freno de la economía y ello se ha hecho evidente en los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense. Tanto los intendentes, como la policía y los "curas villeros", advierten sobre el riesgo de desbordes y las fuerzas de seguridad tienen como prioridad contenerlos. Ha puesto en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el bono de 10.000 pesos que se pagará  - por ahora- por única vez. Se anotaron muchas más personas que las esperadas por el gobierno: casi 12 millones. De ellas, sólo 2,3 la han cobrado, por ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La gran mayoría de los restantes son informales, ya sean que han perdido el trabajo o que han cesado en la actividad cuentapropistas. Las dificultades para realizar el control y el pago, han llevado a postergar del 13 al 21 de abril, el inicio del pago. 

La CGT y las entidades empresarias (UIA y la Cámara Argentina de Comercio) han reclamando ante el mismo Presidente la flexibilización de la cuarentena, pero sin demasiado éxito. Pero la cuestión política central en los próximos meses será cuáles serán las consecuencias políticas cuando baje el Coronavirus -si no hay segunda "oleada"- y emerjan los costos económicos y sociales de la Cuarentena.

 
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