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Consecuencias políticas del coronavirus PDF Imprimir E-Mail
Abr-08-20, por Rosendo Fraga
 
 

La irrupción del Coronavirus ha dejado al presidente Alberto Fernández en el centro de la escena política. Promediando la media docena de sondeos que fueron difundidos en los días siguientes al inicio de la cuarenta, su nivel de aprobación subió del 50 al 75%. Es un fenómeno general, lo mismo está sucediendo con la mayoría de los líderes políticos, del mundo, con pocas excepciones (Bolsonaro en Brasil y Sánchez en España). Incluso Piñera en Chile, que tenía sólo 6% de aprobación, llega  ahora 21%. 

América Latina y el África con las regiones del mundo menos afectadas. En el contexto de la primera, Argentina tiene indicadores mejores que Brasil, peores que México y similares a Colombia, los tres países que la superan en cantidad de población. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha mantenido en silencio, argumentando que una crisis no es conveniente que el liderazgo "tenga dos cabezas". Es una afirmación ambivalente, porque reconoce que ello existe. 

Al mismo tiempo ella sigue "construyendo poder" ocupando posiciones de segunda línea en el gobierno (Dirección del Mercado Central, direcciones de entes reguladores, lugares en el Directorio de YPF, etc.). Su hijo Máximo es su gran "operador" político y a quien ella va construyendo políticamente para que en el futuro pueda ser alternativa presidencial e impulsando impuestos para los sectores de ingresos más altos. 

Pero el Presidente tuvo su primer traspié con la crisis producida por las aglomeraciones en el pago a jubilados y beneficiarios de planes sociales, el viernes 3 de abril. Todavía no hay sondeos que permitan evaluar el costo de estos hechos sobre la figura presidencial. Pero está claro que el mismo gobierno lo asume como el mayor error, no sólo desde que irrumpió el Coronavirus, sino desde el inicio del gobierno el pasado 10 de diciembre. No solamente apareció insensible frente a los sectores más desprotegidos -los adultos mayores frente a la Pandemia y los pobres que cobran la AUH- sino careciendo de la capacidad de gestión que caracteriza a los gobiernos peronistas. 

Además, en los hechos se produjo una ruptura masiva de la cuarentena, aunque lo nieguen las autoridades del Ministerio de Salud. Pero Fernández decidió no producir cambios de funcionarios -ANSES, Banco Central y otros- en la idea de que frente a un escenario difícil en el corto plazo, ceder un funcionario hoy, lleva entregar dos mañana. Pero el viernes 3 coronó una semana en la cual el gobierno fue enfrentando otros costos: el domingo 29, el discurso del Presidente anunciando la extensión de la cuarentena, generó mal efecto en el sector empresario, incluso en la pequeña y mediana empresa; la marcha atrás en la "estatización" del sistema de salud, evidenció improvisación en medidas trascendentes; el encendido elogio a Moyano, no sólo molestó en los sectores medios, sino también en la propia CGT. Fue una semana en la cual el gobierno parecía haber perdido percepción y capacidad de reacción.   

Los efectos sociales de la Pandemia, inevitablemente son negativos y se agravan con el transcurso del tiempo. La Casa Rosada es conciente de que el Gran Buenos Aires -donde vive una cuarta parte de la población total del país-  con niveles de pobreza, desempleo e informalidad superiores al promedio del país, es el mayor riesgo. Para contenerlo se desarrollan dos políticas paralelas, pero convergentes en su objetivo. Se refuerza la seguridad pública, incrementándose el patrullaje de la Policía Bonaerense y las Fuerzas de Seguridad Federales y al mismo tiempo aumentando la asistencia alimentaria, donde las Fuerzas Armadas están jugando un rol en distribuir y cocinar en las villas más críticas de varios municipios como Matanza y Quilmes. 

Tanto la Iglesia como las ONGs, han informado que desde el inicio de la Cuarentena aumentó 40% la concurrencia a los comedores escolares. El freno de la economía tiene un efecto devastador e inmediato en quienes viven en la informalidad, entre quienes la mayoría está en la pobreza. La política del gobierno nacional para enfrentar el problema ha sido la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que es el bono de 10.000 pesos que en principio se pagaría por única vez, a cuentapropistas de las dos categorías más bajas, los beneficiarios de la AUH, los trabajadores informales y algunos segmentos menores. Al viernes  se había inscripto cerca de 12 millones de personas, dos tercios de ellos trabajadores informales. 

El anuncio es que el 13 de abril -cuando se renovarían la Cuarentena pero más flexible- se pagaría el bono. Como ha sido una pre-inscripción y ella debe ahora ser controlada, ello seguramente llevará más de cinco días hábiles. Pero resuelto ello, el desafío es pagarlo a millones de personas, de las cuales dos tercios están en la informalidad y tres cuartas partes no operan con tarjeta.   

En el campo político ha crecido el reclamo por los salarios de los políticos, la oposición se encuentra dividida, los gobernadores apoyan pero reclaman y empresarios y sindicalistas piden menos Cuarentena. En los sectores medios ha crecido el reclamo contra los salarios de los políticos y 12 gobernadores los han bajado, pero el Presidente no acompaña esta política. La oposición se encuentra divida entre el ala "dialoguista" (Larreta y Carrió) y la "dura" (Bullich y Macri en menor medida). Los gobernadores apoyan al gobierno nacional, pero reclaman más fondos y amenazan con emitir "cuasimonedas". El Presidente se reunió con la CGT - en parte para compensar al "encendido" elogio a Moyano- la UIA y la Cámara Argentina de Comercio. En ambos casos recibió reclamos para flexibilizar la cuarentena, para permitir la reanudación de la actividad económica, auque sea en forma gradual. 

En la misma postura se encuentran cada vez más gobernadores e intendentes y el gobierno parece dispuesto a adoptar algunas medidas en este sentido a partir del 13 de abril. El DNU que permite a los intendentes controlar y clausurar comercios por aumentar precios por encima de lo autorizado, puede iniciar una mayor intervención en la economía.

 
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