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Coronavirus: prioridad a los 100 días de gobierno PDF Imprimir E-Mail
Mar-19-20, por Rosendo Fraga
 
 

El presidente Alberto Fernández asume que el Coronavirus no sólo ha pasado a ser la prioridad de su gobierno en este momento, sino que puede definir la suerte de su mandato. Los sondeos que maneja el oficialismo dan cuenta que 60% está de acuerdo con las medidas que ha adoptado el gobierno y 34% en contra. El lunes 9 de marzo, el Ministro de Salud (González García) dijo "creí que iba a llegar más tarde" reconociendo la subestimación inicial de la pandemia. Dos días después, el Presidente firmo el DNU estableciendo la "cuarentena" para aquellos que llegaran del exterior y hubieran tenido contacto con personas infectadas. 

El viernes, el Ministro de Salud negó que se fueran a suspender las clases. El domingo 15, el Presidente mediante otro DNU aumentó las medidas, cerrando la frontera por 15 días y suspendió las clases hasta el 31 de marzo, recomendando que se diminuya la actividad al mínimo posible. El problema es que en las próximas dos semanas, tanto infectados como muertos irán en aumento. Ello implica que lo probable es que estas medidas se prolonguen o incluso incrementen. Los asesores del Presidente creen que la pandemia es una oportunidad para que afiance su liderazgo político, que el rol de la Vicepresidenta venía poniendo en duda. 

El Coronavirus ha desplazado a la renegociación de la deuda como prioridad de la gestión de gobierno al cumplir 100 días. El jueves 12, el Presidente negó que se fueran a postergar los plazos que estaban previstos para presentar la propuesta de renegociación de la deuda. Al día siguiente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas informaba que la oferta para los acreedores se presentaba en la semana que se inicia el lunes 16 de marzo, de acuerdo a lo que estaba previsto. Entrado el fin de semana trascendía que el gobierno postergaba dicha presentación. Ello tuvo lugar después de días en los cuales el riesgo país creció significativamente y la caída de la bolsa fue muy fuerte. 

Si bien el oficialismo argumentó que la baja global era la causa, la vulnerabilidad argentina la agravó. El gobierno asume que el Coronavirus generará un impacto negativo sobre la economía y el primer día de la semana, analiza medidas para paliar dicho efecto, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, a la que considera integrante de su coalición. Tras cuatro días de paro de comercialización del campo -que el oficialismo caracterizó como "lock out empresario"- la relación campo-gobierno se complicará más. En el marco de la crisis global, el precio de la soja y otros productos que exporta Argentina están cayendo, mientras que los efectos de la sequía han afectado las cosechas. La caída en el precio del petróleo también complica las perspectivas de la economía, dada la relevancia que se da a la explotación de Vaca Muerta. El mantenimiento del precio de la nafta genera controversia política e inversores exigen un "blindaje" para el sector. La caída de la recaudación será un efecto inevitable y la expectativa del gobierno de tener crecimiento en el segundo semestre se aleja. 

La semana que pasó mostró intensa actividad en el Congreso, situación que ahora se frena en la segunda quincena de marzo, en parte a consecuencia de las medidas adoptadas contra el Coronavirus. El oficialismo logró la sanción definitiva de la reforma jubilatoria de jueces y diplomáticos. Fue una victoria política que puede aprovechar si logra los dos tercios en el Senado para cubrir las vacantes que se abrirán. Han renunciado por esta causa 60 jueces y fiscales. Si ellos se suman a las vacantes sin cubrir -que son centenares- llegan al 30% las que podrían cubrirse. El Presidente de la Consejo de la Magistratura (Lugones) ha dicho que con las renuncias que vendrán, el oficialismo tendría para cubrir el 50% de los cargos en la justicia nacional. La reforma para diluir el poder de la justicia federal (Comodoro Py) se ha ido diluyendo por la influencia del Kirchnerismo que la quiere limitar, impidiendo llegue al Congreso. El Ejecutivo envió al Congreso el pliego para el acuerdo del nuevo Procurador (Rafecas) que pondrá a prueba si el oficialismo logra los dos tercios de los senadores presentes necesarios para el acuerdo. 

Frente al proyecto de intervención al Poder Judicial de Jujuy, para permitir la absolución de Milagro Sala, que avanzó en el Senado, el Presidente ha optado por tomar distancia. La crisis generada por el Coronavirus, le ha permitido al oficialismo no enviar al Congreso el proyecto sobre el aborto, cuya sanción sigue siendo incierta en el Senado. La relación del gobierno con los medios muestra señales de tensión. El presidente dijo que "hacen falta jueces probos que no se dejen presionar ni por los poderosos ni los medios".    

En lo político, la Vicepresidenta emprende su noveno viaje a Cuba desde comienzos del año pasado y en Juntos por el Cambio, se suspende la primera reunión de la conducción a la que iba Macri. Ella dijo "yo no gobierno" marcando distancia con la Casa Rosada. Pero en la segunda línea se generan frecuentes conflictos entre "albertistas" y "kirchneristas" como sucede en el área energética. Emprende su noveno viaje a Cuba para visitar a su hija, la que próximamente retornaría al país. 

Los gobernadores por su parte fluctúan entre el contacto con la Vicepresidenta y con la Casa Rosada, para buscar solución a las dificultades económicas que enfrentan. En las internas realizadas en San Juan, el gobernador Uñac se impuso con amplia ventaja sobre su predecesor (Gioja). Las causas que afectan al actual oficialismo se van diluyendo. La semana pasada, fue absuelto el Ministro del Interior (De Pedro) en una que tenía abierta por uso de viáticos. De los juicios que tiene pendientes la Presidenta, sólo uno sigue en marcha (el de Validad) pero se demoraría ahora por el Coronavirus. 

La conducción de Juntos por el Cambio iba a reunirse a comienzos de la semana pasada, pero las divisiones respecto a la presencia de Macri, llevaron a suspenderla. Mientras tanto las causas contra la Administración Macri se mueven con más velocidad. El Procurador General del Tesoro (Zaninni) promovió la intervención judicial del Correo, donde radica una de las dos causas más complicadas contra el ex Presidente. A su vez el Ejecutivo dispuso una Auditoría sobre la actuación de la Oficina Anti-corrupción en la gestión anterior. 

 
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