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Escenario socio-laboral – Febrero 2020 PDF Imprimir E-Mail
Feb-29-20, por Rosendo Fraga
 
 

Febrero 2020. 

I. INTRODUCCIÓN. 

En el punto II de este trabajo, se analiza la política laboral de la Administración Fernández durante febrero de 2020 

En el III, la actividad y los movimientos de los nucleamientos sindicales. 

Por último en el punto IV, los indicadores socio-laborales. 

II. POLÍTICA LABORAL. 

La política laboral de la Administración Macri durante febrero, ha tenido como ejes evitar que los aumentos salariales alimenten la inercia inflacionaria, y achatar los salarios, mediante los aumentos de suma fija. 

Durante el mes, Alberto Fernández tomó contacto directo con todas las expresiones del sindicalismo: Moyano, la CGT representada por Daer y las distintas vertientes de la CTA. 

Con el primero, tras semanas de tensión, logró una tregua. El dirigente camionero aceptó moderar el reclamo de su gremio en paritarias, para que no pase a ser una referencia para los otros gremios del sector privado y un argumento para los estatales. Como compensación, logró posiciones en la segunda línea del gobierno en el área de transporte y un mejor acceso a la Superintendencia de Servicios de Salud, que maneja el flujo de las obras sociales. Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a no impulsar las causas judiciales abiertas contra él y su familia durante el gobierno de Macri. 

En el caso de la CGT, el objetivo del Presidente fue lograr que los gremios privados acuerden postergar hasta el segundo semestre la actualización salarial mediante paritarias y que por ahora acepten la suma fija otorgada en enero, que finalmente el sector privado pagó, tras sostener que no podía hacerlo (fue el caso de las PYMES). La central sindical peronista, liderada por dirigentes que han sabido negociar con todos los gobiernos, se acerca al Presidente, pero evitando intervenir en las diferencias y matices entre Cristina y Alberto. Por esta razón, no toma partido en la renovación de autoridades PJ que tendrá lugar hacia fines de marzo. 

Con las distintas vertientes del sindicalismo combativo reunido en la CTA, el objetivo del gobierno,- logrado hasta ahora,- es manejar la relación con dos gremios claves: docentes y el sector de los estatales reasentado por ATE, más combativo que  UPCN, que está en la CGT. El gobierno se planteó pasar a planta permanente trabajadores contratados desde hace más de 10 años. Al mismo tiempo, revisar los contratos de la Administración Macri y en especial los de mayor monto. Al mismo tiempo, ha logrado que los gremios del sector público acepten que la doble indemnización para ellos finalice en junio. 

Pero el éxito más importante, ha sido el cierre de la paritaria docente nacional. El líder del gremio más importante (SUTEBA), a comienzos de febrero, dijo que iba a garantizar el inicio de las clases. Ello generó críticas dentro del mismo, señalando que su esposa ha sido incorporada en un cargo de Subsecretaria en la Administración Kicillof. 

El 26 de febrero, el Ministro de Educación (Trotta), logró el acuerdo nacional docente. El salario inicial de 20.000 pesos, se llevó a 23.000 hasta junio, con un incremento del 23,3%. A ello se agregó una suma fija de 4.800 pesos que se pagará en cuatro cuotas. Fue un éxito para el gobierno que logró evitar  la cláusula gatillo que realimenta la inflación. 

En la provincia de Buenos Aires, Baradel logró que las clases se inicien en fecha, aunque todavía el gobierno provincial no ha presentado su propuesta de aumento concreta. 

Este acuerdo, alcanzado por un gobierno peronista con gremios combativos que hoy están con el gobierno, hubiera sido muy difícil en la Administración Macri-Vidal, que durante cuatro años, tuvieron muchas dificultades para que las clases empezaran en fecha. 

El  Ministro de Trabajo (Moroni), anunció que se analizaba elevar la edad jubilatoria, pero rápidamente lo desmintió. 

Un tema que preocupa a los dirigentes sindicales, es la tendencia del Ministerio de Trabajo y la justicia laboral, a otorgar la personaría a nuevos gremios, que compiten con la personería gremial que tienen los gremios tradicionales. 

En los primeros días del nuevo gobierno, Camioneros sintió la amenaza que implica el otorgamiento de la personaría a gremios paralelos. Pero esta tendencia en el ámbito de la cartera laboral se fue moderando en febrero, a medida que avanzaban las conversaciones del Presidente con los dirigentes sindicales. 

Pero al finalizar el mes, un fallo de la Cámara Laboral volvió a encender la alarma. Otorgó la personería gremial, a una organización de sólo 88 trabajadores, el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Promoción. 

El gobierno concretó en febrero, el primer avance hacia el acuerdo económico social, al gestar un encuentro UIA-CGT-gobierno. Fue un gesto demostrativo de la voluntad dialoguista de los tres sectores, pero sin avances concretos. 

Pero el proyecto de ley estableciendo el "Consejo Económico-Social", quedó en suspenso, tras la critica pública que realizara al mismo el ex Ministro Lavagna,- a quien se mencionaba para presidirlo,- quien dijo no lo creía ni oportuno ni necesario. 

II. NUCLEAMIENTOS 

La relación de Moyano con el gobierno fue cambiando a lo largo de febrero. Al comenzar el mes estaba entre la tensión y el conflicto. Al finalizarlo, entre el diálogo y la alianza. Tras el encuentro que tuvo con el Presidente,- fue el primero de todos los mantenidos por el Presidente con sindicalistas a lo largo de febrero,-, el dirigente camionero de gran defensor de las paritarias libres pasó a apoyar los aumentos de suma fija. 

Al mismo tiempo que recomponía la relación con la Casa de Gobierno, lo iba haciendo con las autoridades de su área. El Ministro de Transporte (Meoni), visitó el gremio de Moyano, donde recibió críticas, reclamos y elogios. 

Es en este marco, que el dirigente camionero obtuvo el control de la Secretaria de Planeamiento de este Ministerio y la conducción de la Junta de Seguridad y Transporte, donde fueron designados dos abogados de su confianza. 

Los conflictos que enfrenta en al Club Independiente,- donde ha comenzado a ser atacado por un sector de la barra brava,- dejan de tener apoyo desde el oficialismo. Al mismo tiempo, la situación de la empresa OCA,- que controla camioneros y es uno de los mayores empleadores del sector,- que debe 17.000 millones de pesos en impuestos para a ser más manejable.  

Su hijo Pablo,- que siempre expresa posiciones más duras que su padre,- viajó a Venezuela para expresar personalmente su apoyo a Nicolás Maduro. También atacó a la ex Ministra Patricia Bullrich, por haber respaldado los cuestionamientos de los hinchas de Independiente contra el rol de la familia Moyano en el Club. 

En cuanto a los gremios del transporte, la federación portuario-marítima integrada por 16 gremios del sector, cuyo titular es hoy quien representa a Moyano como su triunviro en la CGT (Schmid), hasta que dejó la función al salir Moyano de la central obrera,- del que ahora está distanciado,- denunció que se está gestando un proceso de unidad empresaria en el sector que derivará en  despidos y exigió que se designen autoridades estatales en los puertos, tema que está pendiente. 

Al mismo tiempo el secretario general de la Unión Ferroviaria (Sassia), reclamó que el Congreso trate y sancione una ley de transporte.  

A lo largo del mes, la CGT también fue modificando su posición. Al comenzar su vocero más importante (Daer), sostenía que las paritarias eran irrenunciables. Hacia el final, aceptaba la política de aumentos de suma fija hasta que en el primer semestre se resuelva el problema de la deuda. 

El secretario general de gastronómicos (Barrionuevo), está distante del gobierno y está criticando al mismo tiempo a Macri y a Cristina. 

La evolución favorable al gobierno también se ha dado durante febrero en los gremios combativos, representados por la CTA. El dirigente más relevante de los docentes (CTERA) en el ámbito nacional (Yasky) comenzó diciendo que los aumentos debían tener como piso la inflación y terminó defendiendo los aumentos de suma fija para no alimentarla. 

En este contexto, se pone en marcha el censo de los trabajadores estatales, el primero que se realiza desde 1998. La pugna entre UPCN y Ate por la representación del sector es la cuestión relevante de este censo. El primer sindicato, que es de orientación peronista y está en la CGT, tenía el 72% de los afiliados y ATE que es combativo 28%. 

Durante el mes de febrero, tuvieron lugar varios enfrentamientos violentos intra-sindicales. Uno de ellos fue en la UTA, donde el sector disidente tomó la sede sindical nacional reclamando elecciones y realizó un paro parcial. Otro fue en SOEME,- el sindicato de la minoridad,- en el que los partidarios del anterior secretario general, que hoy está con prisión domiciliaria acusado de lavado de dinero y otros delitos (Balcedo), tomaron el sindicato reclamando su retorno. También tuvo lugar un fuerte enfrentamiento violento en el sindicato de vigiladotes de Mendoza entre fracciones en pugna. 

En cuanto a las medidas de fuerza han sido casos aislados. Los "metrodelegados" realizaron paros parciales en los subterráneos, pidiendo primero la estatización de la empresa y después más medidas contra los efectos nocivos del abesto. Los judiciales también realizaron un paro con movilización en contra de la reforma jubilatoria del Poder Judicial, que también los afecta. 

Con el cambio de gobierno, se reactivó la presión sindical para que los trabajadores del sector tecnológico, comenzando por los de Mercado Libre, tengan encuadramiento sindical. Camioneros y Bancarios encabezan esta presión que puede tener éxito, en momentos que el titular de la empresa ha decidido radicarse en Uruguay (Galperín) 

En cuanto a las causas por corrupción que afectan a dirigentes sindicales, han comenzado a modificarse a su favor. Es así como "Pata" Medina, ex secretario general de UOCRA La Plata obtuvo la prisión domiciliaria y también la logró el dirigente portuario que estaba preso (Juárez). 

IV. INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES. 

En materia de empleo, el registrado en noviembre cumplió 15 meses consecutivos de baja, siendo la industria el sector más afectado. 

De acuerdo al INDEC, en enero la línea de pobreza para una familia tipo ubicó en 40.000 pesos y la de indigencia o pobreza extrema en 16.000. La UCA, defendiendo su metodología sostiene que la pobreza alcanza al 37,5% de la población, al verse afectada por una de las carencias básicas como mínimo, dando cuenta también que el 21% de los hogares, se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Los alquileres marcan también la difícil situación cómico-social. El 71% de los inquilinos sostiene que tiene dificultad para obtener una garantía. Al mismo tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres en la Villa 31 llegan a 18.000 pesos. 

El Ministerio de Acción Social, busca una transformación de los planes sociales, para que pasen a ser trabajos formales. Se trata de un programa que no es obligatorio y cuya ejecución dependerá de la marcha de la economía. 

También puso en marcha otro para entregar a las familias vulnerables,- las que cobran Asignación Universal por Hijo (AUH),- una canasta escolar gratuita, cuyo costo se incrementó 52% en un año. Se verificó que esta canasta estaba siendo comercializada por algunos dirigentes de movimientos sociales que trabajan en el ámbito del Ministerio. 

En cuanto a la asignación escolar, el Ministerio dispuso que no se exija el cerificado de concurrencia a la escuela para cobrarlo. Es una medida que generó críticas en la oposición, especialistas y ONGs. 

Pero el proyecto central para asistir a los vulnerables, ha sido la tarjeta alimentaria, cuya distribución alcanzó a 600.000 beneficiarios de planes sociales y jubilados que cobran la mínima. Se estableció también una devolución de 700 pesos en alimentos para ellos, mediante tarjeta de débito. 

La titular de la AFIP (Marcó del Pont), con realismo, dijo que solo 20% de los vulnerables usa la tarjeta de débito. 

Gobernadores e intendentes juegan un rol clave en la distribución de esta tarjeta y ello genera el apoyo del estamento político. Pero también genera excesos, como el caso del Intendente justicialista de Pilar (provincia de Buenos Aires), que distribuyó cajas de alimentos con su foto y nombre. 

En cuanto a los jubilados, la política de aumentos de suma fija para los de menos ingresos, al igual de lo que sucede con los aumentos salariales de suma fija, si bien se justifican para una política de redistribución,  están "achatando" su valor para la clase media. 

El titular del ANSES (Vanoli) ha dicho que está política apunta a favorecer a los más vulnerables. 

Cabe señalar que para 2040 se estima que se triplicará la población mayor de 100 años, que la mitad de quienes reciben prestaciones del ANSES no han realizado los aportes y que la Administración Macri prorrogó la amnistía para jubilarse sin aportes,- establecida en el gobierno de Cristina,- hasta 2021. 

El cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, ha generado decenas de miles de amparos judiciales, los que se incrementarán. 

Durante los últimos dos años, cayó el consumo de medicamentos más del 13% por la crítica situación social. El Ministerio de Salud ha prorrogado su congelamiento hasta fines de 2020 y que se entregue medicamentos gratuitos a los jubilados, con una lista de 170 de ellos. 

En materia salarial, durante los cuatro años de la Administración Macri, los salarios en dólares, perdieron el 55% de su valor. 

Durante 2019, solo cinco gremios obtuvieron incrementos por encima de la inflación: bancarios, construcción, estaciones de servicio, encargados de edificios y entidades deportivas. 

El primer gremio grande que el gobierno logró aceptara suma fija para el primer trimestre fue comercio, haciéndolo después varios otros y flexibilizándose la posición del  vocero de la CGT (Daer), quien dijo que "las paritarias son innegociables" a comienzos de febrero. 

Si bien la inmigración no es un problema como en otros países de la región, en particular por el éxodo de venezolanos, hay algunas señales en Argentina. En poco tiempo ha sido creciente la incorporación de docentes provenientes de países limítrofes en las esuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo, en los últimos dos años, se incorporaron 8.000 alumnos venezolanos. 

 
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