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Sin política no hay economía ni paz social PDF Imprimir E-Mail
Set-06-18, Por Rosendo Fraga
 

Desde el punto de vista teórico, la política se encuentra por encima de la economía. Sin la primera, no hay marco para el desarrollo de la segunda. 

Es la norma general, que como siempre, puede tener excepciones y el mundo hoy ofrece varias de ellas. 

Pero también es cierto que la inestabilidad económica puede generarla  en la política y viceversa. Entre ambas, se encuentra la cuestión social, que puede ser un campo de batalla entre ambas y por eso a veces, puede terminar dirimiendo los conflictos. 

Puesto en este contexto, Macri cumple esta semana 1.000 días de gobierno, atravesando el momento más difícil de su gestión, como él mismo lo ha reconocido. 

Desde el surgimiento del Peronismo en los años cuarenta, no ha sido fácil para las fuerzas no-peronistas gobernar la Argentina con éxito. Ni lo lograron Frondizi e Illia en la época en que los golpes militares interrumpían procesos políticos, ni tampoco Alfonsín y De la Rua, cuando los fracasos económicos hicieron colapsar gobiernos. 

La historia no se repite mecánicamente, ni es una regla matemática para prever el futuro. Pero si es un marco de referencia para evitar errores, calcular riesgos y enfrentar problemas. 

No mantener la estabilidad económica, genera riesgos políticos. Hoy los sondeos de opinión aportan elementos empíricos para medirlos. Es así como tras ganar las elecciones legislativas diez meses atrás, dos tercios de la opinión pública aprobaba la gestión del Presidente Macri y ahora lo hace menos de la mitad de ellos. La causa es evidente: en lo que va del año la devaluación ha superado el 100% y el crecimiento del primer trimestre ha derivado en una fuerte recesión en el tercero. 

Quizás lo más complejo de entender en este momento, es como tras recibir Argentina 15.000 millones de dólares derivados del acuerdo con el FMI el 22 de junio, desde entonces el riesgo país aumento 67% y el dólar 49% cuando debió haber sucedido todo lo contrario. 

Esto lleva a revisar si en ello lo político no ha jugado un rol. La misión del FMI dio una señal al respecto, cuando semanas atrás se reunió con la CGT. El mensaje fue claro: sin un acuerdo con los principales actores políticos y sociales, es difícil lograr la credibilidad que restaure la confianza económica perdida. 

La necesidad de este acuerdo, parece tener un horizonte preciso, entorno al presupuesto 2019, que será presentado al Congreso en las próximas semanas y tendrá un trámite de negociación y aprobación parlamentaria que puede llevar hasta diciembre. 

Pero es un tiempo demasiado largo tanto para la incertidumbre económica como para la situación social. 

La primera, requiere se acciones más rápidas y concretas, ya que cuatro meses sin que Argentina recupere el control de las variables económicas y encauce la crisis, implica riesgos que el país no debe tomar. 

Al mismo tiempo, el deterioro económico ha llegado plenamente a lo social. 

La combinación de devaluación, aumento de la inflación y recesión, implica inevitablemente, aumento de la pobreza,- como reconoció el Presidente,- disminución del empleo, caída del salario e incremento de la desigualdad y la informalidad. 

Las señales se hacen ver. El sindicalismo, tanto el representado por la CGT como por las dos CTA, ha convocado un paro general para el 25 de setiembre,  que los sectores más opuestos al gobierno iniciarán medio día antes, con una movilización  hacia la Casa de Gobierno. Será el cuarto paro general del gobierno de Macri, pero en condiciones políticas y económicas más difíciles que los anteriores. 

Los sectores medios, están mostrando un nivel de protesta creciente, como se vio en la marcha en defensa de la educación pública, el prolongado conflicto salarial de los docentes universitarios que cumple dos meses, el paro docente bonaerense que se repitió la semana pasada durante tres días, el paro de médicos de los 80 hospitales bonaerenses que tiene lugar esta semana y las protestas contra el aumento de tarifas que se están poniendo en marcha. 

A ello se agregan los movimientos sociales, que plantean  una serie de reclamos, que tienen como punto de partida la asamblea de todos ellos parea definir la estrategia mañana, que comienza por una marcha hacia el ANSES para exigir el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones y pensiones mínimas,  otra hacia el Congreso para pedir la sanción de los proyectos de ley que han presentado (agricultura familiar, emergencia alimentaria,  adicciones, etc.), seguirá con ollas populares y cortes de vías públicas, convergiendo con el paro convocado por el sindicalismo para el 25 de setiembre. 

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, intenta dar repuesta a esta situación, reasignando 1.000 millones de pesos, para destinarlos a la asistencia social directa y el refuerzo de los comedores comunitarios. En las medidas anunciadas por el gobierno nacional en la mañana del lunes 3, incluyó el incremento mediante un bono de la AUH en setiembre y en diciembre y e incremento de partidas con fines sociales. 

Pero tanto lo económico como lo social, muestran que la política debe moverse con rapidez, para encauzar la inestabilidad económica y contener el conflicto social. Si algo ha dejado de enseñaza la historia reciente, es que no hacerlo, implica para el país costos importantes, que es necesario evitar. 

 
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