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Cuadernos, Cristina y ajuste PDF Imprimir E-Mail
Ago-22-2018, Por Rosendo Fraga
 

Las investigaciones de corrupción precipitadas por el caso "Cuadernos" dominan  la escena política y comienzan a imbricarse con la causa "Odebrecht". La sucesión de testimonios de "arrepentidos" -para la Argentina "colaboradores de la justicia"- en el campo político y empresario ocupan el centro de la escena política y se tornan en una amenaza para ambos sectores. 

En el campo empresario, comenzó alcanzando a la obra pública, pero se van sumando los subsidios al transporte y probablemente los bancos, entre otros. En el ámbito político, comienza por afectar al "núcleo duro" del Kirchnerismo, encabezado por el matrimonio Kirchner, el ex Ministro Julio de Vido, funcionarios de su cartera y secretarios privados de los primeros. Pero el senador nacional y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina ha sido involucrado en la recepción de bolsos con dinero negro, supuestamente destinado a financiar campañas políticas y de su testimonio quedan vinculados a la causa cuatro dirigentes de la Cámpora. 

Las últimas declaraciones de José López podrían complicar a gobernadores e intendentes, por "retornos" que devolvieron por la adjudicación de obras durante el Kirchnerismo. El caso de los "Cuadernos" tiene una matriz similar a la de "Odebrecht", en razón de que en ambos al ámbito de la corrupción es la obra pública y los sobornos que por ella el sector empresario entregó al político. El martes 14 de agosto, el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, declaró en esta causa ante el juez Martínez de Giorgi, por el supuesto pago de sobornos por la adjudicación del "Soterramiento" del Ferrocarril Sarmiento.  

Por su parte el Presidente el 19 de agosto, dijo públicamente "muchos dicen que no me conviene que Cristina termine presa". Es difícil precisar si fue una expresión genuina a una actitud política. Lo cierto es que entre los asesores del Presidente, hay quienes sostienen la conveniencia de que los procesos judiciales no le impidan ser candidata, para "polarizar" nuevamente con ella en 2019, como se hizo con éxito en 2015 y 2017. 

En este marco, la actitud del oficialismo al tratarse el 15 de agosto en el Senado el pedido del Juez Bonadío para permitir el allanamiento de tres domicilios y las oficinas del Senado de la ex Presidenta, no quedó del todo clara. Faltó sólo un senador para el quórum y no estaban presentes dos legisladores del PRO. Pero a ello se agrega que el Presidente había sumado diez senadores a la comitiva con la cual ese mismo día asistió a la toma de posesión del nuevo Presidente de Paraguay, Abdo Benítez. El  miércoles 22, el Senado volvería a tratar el tema y es posible que se apruebe el allanamiento de los tres domicilios aunque no al despacho del Senado. El mismo día, podría tratarse la ley de "extinción de dominio" para los bienes adquiridos con fondos originados en la corrupción. 

Sintiendo la necesidad de evitar la imagen de que el oficialismo busca evitar la prisión de Cristina Kirchner para usarla políticamente, el martes 21 el oficialismo convocó una marcha para pedir que se apruebe el desafuero de Cristina -que el juez Bonadío no ha pedido todavía en esta causa- y que se sancione la mencionada ley de "extinción de dominio". Tuvo una participación y repercusión importante. 

Al mismo tiempo, se desarrollan las negociaciones entre el Ejecutivo y los Gobernadores entorno al "ajuste" acordado con el FMI. No es una negociación fácil. Es probable que se prolongue durante los próximos tres meses y recién finalice en diciembre, cuando se cerrarían las sesiones extraordinarias del Congreso, que presumiblemente serán convocadas. El Ejecutivo pretende dejar de coparticipar el IVA y ello genera el rechazo de los gobernadores de la oposición -que son diecinueve de los veinticuatro- pero también del oficialismo. 

La eliminación del "Fondo Sojero", establecido en 2008 durante el conflicto del Kirchnerismo con el campo, por el que se distribuye un porcentaje del ingreso de la soja a provincias y municipios, genera un fuerte rechazo en el interior. Gobernadores e intendentes han cerrado filas y rechazarán en el Congreso cualquier decreto mediante el cual el Ejecutivo intente eliminarlo. El Ejecutivo ofrece fondos por 9.000 millones de pesos provenientes del ANSES para financiar obras en las provincias, buscando dividir el frente de los gobernadores. 

Simultáneamente, se conoció que el acuerdo con el FMI, incluye el compromiso del gobierno argentino de avanzar en la demorada reforma laboral. La CGT -en la cual se ha debilitado el sector "dialoguista"- se reunirá esta semana con gobernadores y legisladores del PJ, para delinear una estrategia común para enfrentar al gobierno. En este marco no es sorprendente que el FMI esté poniendo atención en lo que sucede en la oposición y que busque acelerar contactos con ella, comenzando por el triunvirato que conduce la central obrera. 

La situación social se deteriora y el mismo Presidente dijo el 17 de agosto que "va a crecer la pobreza por la inflación". Es una afirmación realista, al cumplirse dos años y medio de que anunciara que alcanzar la "pobreza cero", era una de las tres prioridades de su gobierno, junto con la lucha contra el narcotráfico y la unidad nacional. La recesión aumenta el desempleo, ya no sólo en el trabajo informal sino ahora también el formal. 

El año cerrará con una baja de varios puntos en el poder adquisitivo de los salarios, que en segundo semestre llegará a una caída del 8%, Lo mismo sucede con los subsidios y planes sociales. El aumento de la pobreza será cercano a los 5 puntos. Los sectores "duros" de la CGT insisten con definir un plan de lucha; los docentes universitarios y los científicos realizan protestas esta semana; el jueves 23, tendrá lugar una nueva reunión entre la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los docentes bonaerenses, por el conflicto salarial. Aunque la economía se recuperara en el segundo trimestre de 2019, la situación social habría acumulado cuatro trimestres de deterioro. 

La inseguridad es otro reclamo creciente. Como intento de respuesta, se envían fuerzas de seguridad federales a Santa Fe, donde el narcotráfico está fuera de control, habiendo concretado una veintena de ataques contra funcionarios judiciales y policiales; en el conurbano bonaerense, la gobernadora  desplegó 1.500 policías más en las calles, previendo hacerlo con otros 4.000 en 2019, al acercarse la elección; en la frontera norte han sido desplegados 500 hombres del Ejército, para ejercer "presencia estatal" en la frontera más vulnerable y el Presidente anunció un plan para controlar la inmigración, revisando los antecedentes penales de los que han  entrado al país y de los que pretendan hacerlo.
 
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