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El conflicto Gobierno-sindicatos: I. El contexto PDF Imprimir E-Mail
Feb-05-18 - por Rosendo Fraga

El sindicalismo argentino es el más poderoso del continente americano, por tres razones: primero, está identificado con el Partido Justicialista, que es el aparto político más importante de Argentina. Base mencionar que entre 1989 y 2015, gobernó 24 de los 26 años. En segundo lugar, la Argentina tiene el régimen de sindicato único por actividad, el que además concentra la negociación salarial a nivel nacional, tanto de afiliados como no afilados. Por ultimo tiene un gran poder económico y social, porque no sólo tiene las cuotas de afiliación que en muchos gremios la pagan también los no afiliados al establecerlo los convenios, sino que también manejan la salud de los trabajadores, mediante una cuota que aportan trabajadores y empleadores, a través de las obras sociales. A ello se agrega que Argentina en las últimas décadas ha tenido instituciones débiles y ello también ha favorecido la existencia de un sindicalismo fuerte, que además tiene gran influencia en la justicia laboral.

Que las investigaciones no alcancen a sindicatos que apoyan al gobierno a través de una actitud “dialoguista”, es consecuencia de que la justicia está muy influida por la política. La Administración Macri está en conflicto con un sector del sindicalismo y las denuncias judiciales -en varios casos ciertas- son un instrumento del gobierno en este conflicto. Los jueces suelen estar atentos a las señales políticas y a actuar en consecuencia. También hay acciones administrativas, que puede adoptar el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia de Servicios de Salud que supervisa las obras sociales, que pueden ser utilizados como instrumentos por el gobierno en este conflicto.

El gobierno ha decidido abandonar la reforma laboral que proponía hasta fines de 2017. La causa es que los senadores de origen peronista -que sumados son mayoría en el Senado- ya anunciaron que no la aprobarán sino es acordada previamente entre el gobierno y los sindicatos. Es una evidencia del poder político que tienen los sindicatos. El gobierno ha optado por tomar algunas medidas aisladas, pero no está claro que podrá imponerlas por decreto.

Esta reforma laboral, no afecta los intereses centrales del sindicalismo, porque no altera el sindicato único por actividad, la negociación de los convenios a nivel nacional, ni el sistema de obras sociales que pone la salud de los trabajadores en manos de los sindicatos. Pero se ha frustrado, porque se ha trasformado en una puja política entre el gobierno y los sindicatos.

Además, tras el costo que pagó con la reforma previsional, el gobierno ha decidido no plantear más reformas importantes hasta la elección presidencial del año próximo.

Respecto al empleo en negro, el gobierno en el Decreto de Necesidad y Urgencia para desburocratizar y agilizar el estado incluyó el “blanqueo laboral”, para favorecer que los empleadores formalicen los trabajadores informales. Puede contribuir, pero no formalizará más del 10% de ellos, que son más de un tercio del total. Además, dicho Decreto puede quedar sin efecto si las dos cámaras del Congreso lo rechazan y ello puede suceder al no tener el oficialismo mayoría en ninguna de ellas.

La señal política más importante del conflicto que se ha desatado entre el gobierno y los sindicatos, han sido las denuncias y detenciones de dirigentes sindicales acusados de corrupción:

1) El ex secretario general del gremio marítimo (Somu), el “Caballo Suárez” fue el primer dirigente sindical peronista sobre el cual avanzó el gobierno, denunciándolo a la justicia, que lo detuvo. En enero, se le denegó la prisión domiciliaria y en febrero iría al juicio oral y público. La investigación está a cargo de un juez discutido (Canicoba Corral). Se han hecho nuevas elecciones en el gremio y la nueva conducción que ya asumió, responde a Moyano, enfrentado con Suárez.

2) En diciembre del año pasado, fue acusado y detenido el “Pata Medina” secretario general de la seccional La Plata del gremio de la construcción (Uocra), acusado de extorsión entre otros delitos.

3) También en enero, fue detenido en Uruguay, el secretario general del gremio de empleados de la minoridad (Soeme). Aunque se trata de un gremio chico, este dirigente (Balcedo) tenía en su poder millones de dólares en efectivo, mansiones y aviones en Uruguay. A los delitos que se le imputan, se suma posible vinculación con el tráfico de droga. A través de su madre, era dueño del diario Hoy de la Plata.

4) El mismo mes, fue detenido el secretario general de la seccional del gremio de la construcción (Uocra) de Bahía Blanca (Monteros), acusado de diversos delitos, como extorsión, lavado de dinero, posesión ilegal de armas de fuego, etc. Fueron detenidos también una decena de integrantes del gremio.

5) También en enero, el gobierno impulsó las investigaciones sobre el secretario general del gremio de porteros (Suterh), Víctor Santamaría, acusado de lavado de dinero, depósitos no declarados en Suiza, etc. Su gremio es dueño del diario opositor “Página 12”. Es uno de los pocos dirigentes sindicales peronistas que sigue siendo kirchnerista.

6) Pero el caso de mayor impacto político y sindical, son las acusaciones contra el secretario general del gremio de camioneros y ex titular de la CGT, Hugo Moyano. Las denuncias apuntan a lavado de dinero, manejo ilegal de fondos entre el sindicato, su obra social, la empresa OCA de correo privado que controla el gremio y el club de fútbol Independiente que presidió y controla Moyano. Las denuncias no sólo lo alcanzan a él, sino también a su mujer,- controla la “gerenciadora” que utiliza el gremio para administrar su obra social, sus hijos -hijastros de Moyano- y a su hijo Pablo, que en los hechos está a cargo del sindicato.

Desde que existe el sindicalismo peronista desde mediados de los años cuarenta del siglo XX, los conflictos con los gobiernos no han sido algo nuevo.

Los hubieron con los gobiernos militares: el que asumió tras el golpe de 1955 que derrocó a Perón, intervino a la CGT y los gremios más importantes y detuvo a decenas de dirigentes sindicales peronistas. Con el gobierno de Frondizi que lo sucedió, se estableció una situación de conflicto y negociación, que permitió al sindicalismo recuperarse; el que asumió por el golpe de 1966, tuvo inicialmente una buena relación con los sindicatos, pero la situación se deterioró en los últimos años de este gobierno que llegó a congelar los fondos de las obras sociales sindicales y a detener a algunos dirigentes “combativos” como Raimundo Ongaro; por último, el gobierno militar que asumió tras el golpe de 1976, intervino a los sindicatos más importantes, fueron encarcelados varios de los dirigentes más combativos y hay dirigentes y militantes de la base en la lista de desparecidos. Pero este gobierno no desarticuló la estructura sindical, que emergió intacta con el restablecimiento de la democracia, tras el triunfo de Alfonsín en 1983.

También se registraron conflictos con los gobiernos de origen radical. Con el de Illia, que asumió en 1963, la CGT realizó varios “planes de lucha” con numerosas ocupaciones de fábricas. Esta agitación sindical, contribuyó a crear las condiciones para el golpe de estado que tuvo lugar en 1966. Al asumir Alfonsín veinte años después, intentó desarticular el sistema de sindicatos peronista con la ley de “reordenamiento” sindical, pero fracasó al ser rechazada en el Senado, donde el Peronismo logró impedir su sanción. Durante este gobierno, la CGT realizo 13 paros generales. En el débil gobierno de De la Rúa, se intentó “recortar” el poder sindical con la ley de “reforma laboral”, pero fracasó en el Senado, entre otras causas por denuncias de que el gobierno había querido “comprar” votos de senadores. En este gobierno la CGT realizó 8 paros generales en los dos años que duró.

Pero aún en los gobiernos peronistas, también se registraron conflictos entre el gobierno y los sindicatos. Durante el gobierno peronista 1973-1976, la CGT peronista, se enfrentó con el breve gobierno de Cámpora representante del ala izquierda del peronismo, que asesinó al secretario general de la CGT (Rucci). En los nueve meses que duró el tercer gobierno de Perón, estuvo firmemente aliada con el gobierno. En los casi dos años del gobierno de Isabel Martínez de Perón, el sindicalismo la apoyó, pero también rechazó y derrumbó su plan económico de estabilización.

Durante el gobierno de Menem, en general los sindicatos lo apoyaron, incluidas las privatizaciones en las que terminaron asociados. En su segunda mantuvo hubo una posición más dura, con algunos paros generales por parte de la CGT, pero sin llegar a la ruptura.

En el Kirchnerismo, el sindicalismo peronista apoyó al gobierno en el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, pero en su segundo gobierno se produjo la ruptura con el sector que lideraba Hugo Moyano.

Puesto en este contexto, el conflicto entre el gobierno y el sindicalismo, no es algo tan novedoso en la historia argentina.

 
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