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Tras el triunfo electoral, emergen sus límites PDF Imprimir E-Mail
Nov-07-17 - por Rosendo Fraga

A dos semanas de la elección legislativa, ella parece haber sucedido hace mucho tiempo. Es que la cantidad de acontecimientos que tienen lugar, generan dicha percepción. El gobierno ganó la elección y una semana más tarde, el Presidente lanzó sus reformas: previsional, impositiva, laboral, electoral, judicial, etc. Lo hizo ante 170 empresarios, sindicalistas, políticos, académicos, eclesiásticos y funcionarios, en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Seguidamente, realizó una “reunión de gabinete ampliado” para encuadrar a los principales funcionarios. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados privó del fuero parlamentario al ex ministro Julio De Vido, a partir de lo cual pudo ser detenido por orden judicial. Una semana después, fue detenido el ex vicepresidente Boudou, por orden del juez Lijo. Entre ambos hechos renunció la Procuradora General de la Nación (Gils Carbó). En el campo político y sectorial, gobernadores de varias provincias criticaron diversos aspectos de la reforma impositiva.  Lo mismo hicieron sectores empresarios que representan las economías regionales. El Senado de la provincia de Buenos Aires rechazó que  se sume al nuevo sistema de riesgos del trabajo. La CGT por su parte, rechazó aspectos de la reforma laboral, expertos y políticos cuestionaron el voto electrónico propuesto por el gobierno. Entidades que representan a los jubilados criticaron la reforma previsional. El Presidente inició un viaje a los EE.UU. que tiene por objetivo promover inversiones y tras meses de dejarla acéfala, designó un empresario para la Embajada en Washington.  En política hay un tiempo objetivo -el que transcurre en el almanaque- y otro subjetivo, el que aleja o acerca los hechos transcurridos en la percepción y ello sucede cuando los acontecimientos son muy rápidos. 

El gobierno está dispuesto a negociar y a ceder, pero su objetivo “innegociable” es la reforma previsional. Desde de la elección, el mismo gobierno explicitó que su intención era acordar las reformas y no imponerlas. Lo dijo el Presidente en su conferencia de prensa al día siguiente de la elección al decir “todos vamos a tener que ceder un poco” y lo ratificó una semana más tarde en el CCK. La semana pasada, el Jefe de Gabinete (Peña) al informar al Senado, ratificó que la intención no era “imponer” sino “consensuar”. Por su parte el Ministro de Hacienda dijo “no somos los dueños de la verdad”. La prioridad del gobierno está en la  aprobación de la reforma previsional sin ceder en ella. La considera la más relevante para reducir el déficit en el largo plazo. En las demás reformas, está dispuesto a negociar, lógicamente, tratando de ceder lo menos posible. Al concepto del “reformismo acelerado” que se manejó dentro del gobierno después de la elección, el Jefe de Gabinete agregó la semana pasada el de “reformismo permanente” que implica avanzar en todos los frentes simultáneamente, lo que lleva a diversas negociaciones en paralelo y la presentación de nuevas iniciativas sobre las ya planteadas. 

También se ha ratificado que son los gobernadores y la CGT, los límites políticos en esta negociación. A último momento -el fin de semana posterior a la elección- se cambió el concepto de la reforma laboral, que era evitar el Congreso. Se decidió reformar la ley de contrato de trabajo, para permitir acuerdos que reduzcan el monto de la indemnización por despido y disminuir el contenido de convenios colectivos. La CGT, que reúne a los gremios más importantes que están identificados con el Peronismo, rechazó la reforma, pero sin cerrar la puerta a una negociación ni convocar medidas de fuerza, como si ha dispuesto llevar adelante el sindicalismo combativo nucleado en las dos CTA. Los gobernadores por su parte, plantearon diversos reparos a la reforma impositiva, siendo el del aumento de impuestos al vino, encabezado por un gobernador oficialista (el de Mendoza) el de mayor impacto. En la provincia de Buenos Aires, el Senado rechazó que la provincia se sume al nuevo régimen de ART, como pretendió la Gobernadora (Vidal). En este contexto, el gobierno comenzó a abandonar su objetivo inicial de lograr una aprobación del presupuesto con el Congreso en su actual composición, el que ahora esperará al 10 de diciembre, cuando entre en funciones el nuevo Congreso, con la incorporación de los legisladores electos el 22 de octubre. En el campo empresario surgieron diversos reclamos frente a las propuestas del gobierno, pero la entidad que reúne a las grandes empresas (AEA) lo respaldó. El Presidente en su comitiva a New York, incorporó gobernadores opositores importantes (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y también legisladores, para mostrar ante inversores que los acuerdos son posibles. El jueves 9 de noviembre tendrá lugar la primera reunión del Presidente con los gobernadores para comenzar la negociación. 

Pero es en la justicia donde el Ejecutivo ha logrado más avances y se ha movido con mayor velocidad. Hace cuatro décadas -desde el final del último gobierno militar- que la justicia en Argentina -sobre todo en el fuero federal donde se sustancian las causas de mayor contenido político- se mueve de acuerdo al contexto político. La regla es que acompaña a los gobiernos, cuando se inician y mientras están fuertes y comienzan a cuestionarlos cuando se debilitan y se van. Es así como los mismos jueces que postergaban y absolvían al Kirchnerismo hasta 2015, ahora operan en línea con el Ejecutivo. Sin un triunfo claro del gobierno en la elección, difícilmente estarían presos De Vido y Boudou ni hubiera renunciado la Procuradora. El Colegio de Abogados la semana pasada pidió la remoción de los jueces Rafecas y Lijo y dos días después el último detiene a Boudou, en un operativo de corte espectacular que llevó al mismo Presidente a ordenar se investigue quien había filtrado fotos humillantes de su detención. Pero al mismo tiempo, tanto el titular de la Suprema Corte (Lorenzetti) como el único juez federal que enfrentó al Kirchnerismo (Bonadío) respondieron a las críticas del Ministro de Justicia (Garavano) a la “lentitud” de la justicia. El oficialismo pretende reformar la justicia, pero para ello, necesita en última instancia dos tercios del Senado, lo que está lejos de tener en el bienio 2018-2019. Si bien las causas de corrupción contra el Kirchnerismo seguirán avanzando rápidamente en los próximos días, no es probable la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner. El Senado tiene la doctrina que no se puede quitar el fuero a un Senador si no tiene condena firme -para que ella la tenga hacen falta años- y el Ministro de Justicia ha dicho que no ve causa para que se pida su desafuero. 

En conclusión: en dos semanas se han producido numerosos hechos de impacto político y el tiempo subjetivo parece ser mucho mayor que el transcurrido realmente; es claro que el gobierno ha lanzado una serie de propuestas para negociar, pero la reforma previsional sería su punto de no ceder, buscando sea aprobada sin modificaciones; ya se han ratificado los límites políticos de la negociación: ellos son los gobernadores y los sindicatos, los que ya mostraron sus diferencias con las reformas anunciadas y la justicia es el ámbito donde el gobierno se mueve con mayor velocidad, con una justicia federal que se alinea con los objetivos del gobierno, como ha sucedido históricamente en estas circunstancias.
 
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