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La opción represora de Evo Morales ante la resistencia autonómica PDF Imprimir E-Mail

May-02-08 - por Ignacio J. Osacar (Coordinador de la Comisión de Defensa del CENM)

El  4 de mayo se llevará a cabo el referendo de autonomía del departamento (provincia) de Santa Cruz, en fechas posteriores ocurrirá lo mismo con los departamentos de Pando, Beni y Tarija, e incluso podría sumarse Chuquisaca y hasta Cochabamba, con lo cual queda abierto un escenario que desde el punto de vista político, económico y militar dejaría a Bolivia partida en dos.  

Es poco probable que dos modelos de país tan opuestos puedan convivir en un mismo territorio sin que deriven en hechos de violencia entre grupos militantes, con escalada hacia enfrentamientos armados, que de generalizarse podrían desatar la secesión y la guerra civil.

El gobierno del presidente Evo Morales tiene aún el recurso de implantar el estado de sitio en los departamentos autonómicos o incluso en todo el país, empeñar inmediatamente a las Fuerzas Armadas y Policiales para mantener la integridad territorial, el normal funcionamiento de las instituciones nacionales, garantizar el orden público y brindar seguridad a los ciudadanos. Adicionalmente tiene la capacidad de movilizar cantidades importantes de militantes de organizaciones políticas, sociales y de "pueblos originarios" en su apoyo y enfrentar a los autonomistas dentro de sus propios departamentos por intimidación, por presencia o directamente por acción armada.

Si los autonomistas decidieran resistir las medidas gubernamentales, deberían tener por lo menos la capacidad de movilizar a sus militantes de igual manera, para aislar sus departamentos del resto de Bolivia, reemplazar autoridades en los organismos nacionales, tomar bajo su control a todos los objetivos estratégicos y bloquear las redes camineras que comunican con la región occidental y el exterior.

Ante esta situación insurreccional el gobierno no tendría otra opción que la de adoptar drásticas medidas para mantener la iniciativa y el control, a fin de desarticular el movimiento autonómico en el menor tiempo posible, ya que este factor juega en su contra y en favor de los autonomistas.

La indefinición del conflicto, el statu quo o la posible proyección del mismo a países vecinos provocaría la intervención de terceros países o de organismos internacionales como la OEA o la ONU, lo que sumergiría a Bolivia en una situación de mayor complejidad, con imprevisibles consecuencias por su posición geográfica relativa para el resto de la región sudamericana.

Recordando antecedentes históricos, a posterioridad de la instauración del  estado de sitio, se impondría la ley marcial y la consecuente declaración de ilegalidad de las organizaciones autonómicas. Inmediatamente se ordenará la detención de los dirigentes de la conducción y de los militantes más destacados, con clausura de todos los locales partidarios, sociales y sindicales, el allanamiento de domicilios particulares, la suspensión por tiempo indeterminado de la actividad bancaria y el posterior congelamiento selectivo de fondos, la intervención de las comunicaciones fijas y/o móviles y el control de la información difundida por los medios de comunicación social.

Se desplegaran tropas para ejercer el control militar de las instalaciones civiles nacionales y departamentales, aeropuertos, puertos, terminales de ómnibus y ferrocarril, instalaciones que proveen los servicios públicos esenciales, como así también se extremará la custodia de lugares de almacenamiento de alimentos, combustibles o explosivos. Se patrullarán las calles en los centros urbanos y las rutas en las zonas rurales para impedir bloqueos y se instalaran puestos de control para la identificación de personas y detención de sospechosos.

Como consecuencia de la acción represiva se originaran gran cantidad de detenidos, por lo que se improvisarán lugares de detención alternativos en instalaciones que por su aislamiento y seguridad sean adecuadas para ese fin. El cierre de las fronteras impedirá la fuga de quienes intentaren huir a países limítrofes o el ingreso de individuos o grupos que pudieren apoyar o abastecer a los insurrectos.

Evo Morales cree contar hasta hoy con la lealtad de las Fuerzas Armadas y Policiales, cosa que solo podrá ser comprobada con el desarrollo de los acontecimientos y la eficacia de su accionar ante una resistencia armada, organizada y que se prolongue en el tiempo. Por su lado los autonomistas apuestan fuertemente a que llegado el caso se rompa la verticalidad de las instituciones uniformadas y que unidades completas se subordinen a las autoproclamadas  nuevas autoridades.

El primer escalón de represión es responsabilidad de la Fuerza Policial Nacional de Bolivia, que cuenta con unos 31.000 efectivos (adicionalmente cuenta con 2 Batallones Antidisturbios y 27 Unidades de Frontera  que cumplen un rol semejante a la Gendarmería Nacional argentina). También cuentan con 6.000 efectivos policiales especialmente adiestrados en Unidades Antinarcóticos de variada organización y magnitud. El desempeño observado en los graves incidentes ocurridos en Sucre se comprobó que las fuerzas policiales fueron rápidamente superadas por los manifestantes, y que incluso debieron ser replegados fuera de la ciudad.

La carta final son las Fuerzas Armadas Bolivianas que cuentan con 31.500 hombres, de los cuales sólo 11.500 son Oficiales y Suboficiales y el resto soldados conscriptos que cumplen con el servicio militar durante un año.

El despliegue militar aparentemente favorece a las operaciones represivas ante cualquier intento insurreccional, ya que de las 10 Divisiones del Ejército, 5 tienen sus comandos y unidades asentadas en esta región, que además de unidades de otras armas, cuentan con 12 Regimientos de Infantería y 4 Regimientos de Caballería. También se encuentran en el oriente 5 de los 7 Batallones de Infantería de Marina de la Fuerza naval y 10 de los 13 Grupos Operativos de la Fuerza Aérea.

Es muy significativa la capacidad de desplazar con corto preaviso, refuerzos de unidades aerotransportadas o de fuerzas especiales con asiento en departamentos occidentales, lo que podría ejecutarse por el previsible estado de normalidad institucional y de mayoritario apoyo al gobierno de Evo Morales en estos departamentos.

La Unión Juvenil Cruceña (UJC), con un efectivo aproximado de 35.000 afiliados, constituyen el núcleo duro de la eventual insurrección y es el único elemento en condiciones de ejecutar una resistencia organizada. En caso de desencadenarse un conflicto armado, se aprecia que no más de 2000 de sus militantes estarían en condiciones de combatir, considerando su experiencia, adiestramiento militar y convicción política. Esta fuerza irregular tendría la capacidad de operar con tácticas de guerra de guerrilla en ambientes urbanos y rurales, con fracciones de 8 a 10 hombres, ejecutando emboscadas y golpes de mano, en forma descentralizada y aceptablemente coordinada. Los militantes con menor adiestramiento están en aptitud para ejecutar actividades psicológicas, sabotaje, inteligencia y enlace. No obstante los reducidos efectivos, estos podrían bloquear las 5 rutas de acceso a Santa Cruz durante tiempos limitados u hostigar la circulación por tiempo indeterminado.

La posibilidad de que con estos mismos efectivos formaren 5 unidades de 400 hombres cada una, para ejecutar operaciones convencionales defensivas contra las Fuerzas Armadas, e impedir el desplazamiento de refuerzos hacia la región oriental, requeriría que estuvieran adecuadamente organizados, armados, adiestrados y equipados individualmente, además de contar con suficientes armas antitanques y antiaéreas portátiles, para superar su factor de mayor debilidad que es la falta de blindados, artillería y aeronaves.

No se aprecia que esta alternativa tenga probabilidades de materialización dado que sus preparativos podrían haber sido fácilmente detectados por los órganos de inteligencia y seguridad gubernamentales, a pesar que desde el punto de vista logístico y financiero es complejo pero factible, sobre todo si se cuenta con apoyo del exterior.

Todas estas acciones se desarrollarían en forma independiente o en apoyo del esfuerzo principal que consistirá en concentraciones de la población en general, con masiva presencia en las calles de las zonas urbanas y bloqueos de rutas en las zonas rurales, con la finalidad de obstruir y hostigar el accionar de las fuerzas gubernamentales en sus desplazamientos o en su permanencia dentro de cuarteles u objetivos.

Si bien el escenario de una escalada hacia un conflicto armado generalizado, como consecuencia de la declaración de autonomía y posterior secesión de los departamentos orientales, es por el momento calificado como poco probable -más por lo que se desea escuchar que por lo que se ve en el terreno- la evolución de los acontecimientos demuestra inflexibilidad y escasa voluntad negociadora de los bandos en conflicto, elementos básicos para incurrir en un grave y catastrófico error de cálculo.

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