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El escenario sociolaboral (Nov-16): III. El acuerdo con el sindicalismo PDF Imprimir E-Mail
Dic-06-16 - por Rosendo Fraga

Paralelamente, los representantes del Ejecutivo se reunieron con la CGT y las seis entidades empresarias más importantes.

Se ratificó el pago del bono de fin de año y el sindicalismo logró incluir el tema de una suspensión de los despidos por noventa días, que fue acordado. Pero al día siguiente, representantes de la UIA dijeron que no podían garantizar el cumplimiento del acuerdo.

En los hechos, el acuerdo se incumplió. El 29 de noviembre, trabajadores de la petrolera Pecom, bloquearon la entrada del yacimiento petrolífero Cerro Dragón, reclamando por 270 despidos. El mismo día en San Luis, 500 trabajadores quedaban despedidos 500 trabajadores, tras haber sido desvinculados previamente 170.

El gremio bancario llegó a un acuerdo con los bancos privados y oficiales, para un aumento del 10% hasta mayo y el pago de un bono. Pero la Casa Rosada dispuso se desconozca y el gremio anunció que realizará medidas de fuerza antes de finalizar el año.

De la protesta del 29 de noviembre, participaron las dos vertientes del sindicalismo combativo representado por la CTA, junto con el sindicalismo peronista de la CGT.

Esta última, sigue resistiéndose a convocar un paro general, algo acordado con el gobierno.

La presión sindical en paralelo para introducir modificaciones en los proyectos de reforma de las ART y del impuesto a las ganancias que el Congreso trataría en las sesiones extraordinarias, es otro frente de conflicto entre el sindicalismo y el gobierno, pero sin que ello llegue a un punto de ruptura.

Al mismo tiempo, el anuncio del gobierno de que modificará los convenios, ha sumado tensiones con los gremios.

La idea de que el pago de un bono de fin de año, permitía que los trabajadores aceptaran discutir paritarias de acuerdo a la inflación esperada de 2017, no parece fácil de implementar hoy.

Mientras tanto las provincias van acuciando bonos de fin de año de distinto monto.

Pero la clave de la política salarial del gobierno para 2017, es que la Gobernadora Vidal, logre que los gremios estatales de su provincia -que tiene el 40% de la fuerza laboral del país- acepten aumentar 4,75% por trimestre, con una cláusula de actualización trimestral, si la inflación supera dicho porcentaje. Si los gremios estatales provinciales (docentes, estatales propiamente dichos, judiciales y médicos), aceptan este tipo de acuerdo en base a la inflación esperada, la política anti-inflacionaria del gobierno puede tener éxito. En caso contrario, se los acuerdos se basan en la recuperación de la inflación pasada -que anualizada sería del 38%- se va a complicar el objetivo fijado.   

La renovación de los convenios, es otro objetivo de la política laboral del gobierno, expresado tanto por Macri como por su Ministro de Trabajo. Se trata de mejorar la competitividad de sectores, que tienen alto costo laboral derivado de condiciones laborales del pasado. La industria petrolera, es el primer sector en el cual el gobierno pretende dar un ejemplo de cambio y modernización del convenio para permitir mayor competitividad.

Pero la CGT rechaza esta iniciativa, argumentando que tiene por objetivo la reducción de los derechos adquiridos.

 
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