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El escenario sociolaboral (Nov-16): I. El Gobierno y la emergencia social PDF Imprimir E-Mail
Dic-02-16 - por Rosendo Fraga

Impulsada por la oposición, el sindicalismo y los movimientos sociales, en las primeras semanas de noviembre, fue tomando cuerpo el proyecto de ley de "emergencia social".

Consiste en una serie de concesiones a los reclamos de los movimientos sociales, entre los que se destaca la creación de un millón de puestos de trabajo subsidiados, como los 300.000 existentes -la mayoría encuadrados en el Plan Trabajar- manejados por cooperativos que organizan y conducen estos movimientos, anteriormente conocidos como "piqueteros".

El viernes 18 de noviembre, tuvo lugar una marcha de protesta en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo como punto común reclamar la sanción de este proyecto como ley, de la que participaron todas las centrales sindicales y los movimientos sociales "dialoguistas". Participaron también entidades de la pequeña empresa, como la Federación Agraria Argentina, representando a las economías regionales. Fue una marcha importante, que llenó las dos manzanas de la Plaza del Congreso.

Sólo fue excluida La Cámpora y no participó la "izquierda dura" -trotskistas y comunistas- quienes rechazan aliarse con la CGT y realizaron un acto propio en el estadio de Atlanta.

La marcha no hizo cambiar la estrategia del gobierno, que consistía en frenar la sanción en la Cámara de Diputados -ya tenía media sanción del Senado-  y en caso de no lograrlo, podía no incluir el proyecto que tendría sólo media sanción en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienza el 1 de diciembre, en las que sólo se tratan proyectos remitidos por el Ejecutivo.

Además, el Presidente siempre podía vetar la ley en caso que fuera sancionada, como hizo a mediados de año con la ley "antidespidos.

En las reuniones mantenidas entre los movimientos sociales, los Ministros de Trabajo (Triaca), de Acción Social (Stanley) y uno de los secretarios de la Jefatura de Gabinete (Quintana), ellos mostraron una actitud firme y amenazante, diciendo que si no se sancionaba la ley, tendría lugar un fin de año con fuertes protestas en las grandes ciudades.

Temiendo que fracasara el objetivo de terminar el año en paz, el gobierno que hasta el 23 de noviembre había considerado a este proyecto de ley como una "línea de no ceder", decidió aceptarlo.

Es así como el viernes 25 de noviembre, firmaron un acta de acuerdo los dos ministros mencionados y un dirigente por cada uno de los cuatro "movimientos sociales" que tienen una capacidad de movilización importante, dialogo con el Papa, el gobierno y un acuerdo estratégico con la CGT peronista. Ellos son la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de origen peronista, (firmó Esteban Castro), el Movimiento Barrios en Pie, conocido como el brazo político de la izquierda moderada del Socialismo y el Movimiento Libres del Sur (firmó Daniel Menéndez)  y la Corriente Combativa Clasista (CCC), de origen maoísta (el firmante fue Juan Carlos Alderete).

Se trata de tres dirigentes conocidos en el ámbito político como "el trío de San Cayetano" por haber organizado en la primera semana de agosto una marcha desde la Basílica de dicho santo, patrono del trabajo, hasta la Plaza de Mayo y haber sido recibidos después por el Papa.

Se acordó llevar el salario subsidiado de los planes "Argentina Trabaja", "Ellas hacen" (Ministerio de Acción Social)  y "Trabajo Autogestionado" (Ministerio de Trabajo), a 4.000 pesos mensuales. Se acordó también un "complemento anual" de 2.030 pesos para cada uno, en concepto de una suerte de "aguinaldo social".

También se acordó aumentar 40% las partidas de alimentos a destinados a Comedores Populares y 63% las de Merenderos Comunitarios; distribuir un millón de canastas navideñas entre los sectores vulnerables de todo el territorio nacional, mediante "mecanismo ágiles y transparentes"; el gobierno ofreció un bono de 1.000 pesos por grupo familiar más una adicional de 250 pesos a partir del segundo hijo que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero las organizaciones pidieron una asignación especial equivalente a una asignación mensual por cada niño beneficiario y "el gobierno reevaluará su propuesta en base a lo planteado por las organizaciones".

El gobierno aceptó unificar, ampliar y resignificar los programas sociales que impliquen trabajo y la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. 

El inciso a) el punto 7 firmado, estableció que la extensión de la emergencia social es hasta el 31 de diciembre de 2019 y que el financiamiento de la iniciativa sería reasignando partidas, si se excede los 25.000 millones de pesos.

El 30 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto redactado de acuerdo a esta acta.

 
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