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Entre el 'mini' Davos y la protesta social PDF Imprimir E-Mail
Sep-13-16 - por Rosendo Fraga

El gobierno de Macri busca retomar la iniciativa económica con el Foro de Inversiones que se realiza esta semana. Caracterizado como el "Mini-Davos"  -con referencia al Foro de negocios que se realiza anualmente en Suiza- apunta a promover la inversión extranjera en el país, la que se viene demorando aún en la misma visión del gobierno. El Banco JP Morgan coincidiendo con este evento dejará de calificar al país como mercado de "frontera" para pasarlo a la categoría de "emergente". Al mismo tiempo, el gobierno presentará esta semana la inflación de agosto, menor al 1% y próxima a 0%. Si bien está distorsionada a la baja por el retroceso en el aumento de las tarifas, le permite al gobierno presentar un resultado positivo, frente a la caída de la producción industrial de julio que ha sido de aproximadamente 7% y la del consumo de agosto, cercana al 8%. Hacia adelante la cuestión es si los llamados "brotes verdes" -así se está denominando en el análisis económico a algunos datos aislados que anticipan reactivación- se generalizarán en materia de consumo y empleo que son los efectos de la economía que determinarán el resultado de la elección legislativa de octubre de 2017, cuyo resultado definirá el horizonte político de Macri en el mediano plazo.

Desde la oposición "dura", la audiencia por el aumento de la tarifa de gas que tiene lugar el viernes 16 de septiembre, es planteada como la "contra-cara" del Foro de Inversiones. El sindicalismo opositor, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y las entidades que representan a consumidores y pequeños empresarios realizarán marchas de protesta contra el aumento, presentaciones judiciales para invalidar las audiencias,- que pueden postergarla,- y su metodología, también harán presentaciones públicas cuestionando el incremento y pedirán ampliar excepciones y la tarifa social. Las audiencias no son "vinculantes" -obligatorias para el gobierno- pero pueden condicionarlo políticamente y transformarse en un ámbito de expresión de la protesta social, tras nueve meses de retroceso del crecimiento y el consumo y aumento del desempleo. No será un hecho frente al cual el gobierno perderá el control de la situación, pero sí que mostrará las dos caras del proceso político-económico que vive la Argentina: el éxito internacional del Presidente Macri y el respaldo que tiene en la comunidad de negocios global por un lado y el hecho que la protesta social es creciente, extendiéndose en las calles en las últimas semanas, aunque la inflación haya descendido.

Esta misma semana comienza una batalla política crucial, al presentarse en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2017. Las tarifas y el presupuesto posiblemente  sean las dos batallas claves del gobierno en el último cuatrimestre del año. El Kirchnerismo no está en fuerza en ninguna de las dos cámaras para impedir su sanción. Pero el Peronismo "dialoguista", que hoy es mayoritario en el Senado y alinea aproximadamente a la mitad de los diputados de esta fuerza política, negociará en función de los intereses de los gobernadores -17 de los 24 adscriben a esta fuerza política- interesados en asegurarse el flujo financiero del gobierno nacional en el año de las elecciones legislativas. La amplitud que tendrá la delegación de atribuciones económicas del Congreso al Ejecutivo en el marco de la renovación de la "emergencia económica" es el primer punto sobre el cual se ha abierto la negociación. Cuánto tenga que ceder el Ejecutivo en esta cuestión será un antecedente respecto a las concesiones que se verá obligado a hacer. Al mismo tiempo, esta semana entra en funciones la "Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público". Entre Cambiemos y el Peronismo dialoguista tienen amplia mayoría en ella y el oficialismo la ve como el instrumento para producir el desplazamiento de la Procuradora General de la Nación (Gils Carbó), quien continúa alineada con el Kirchnerismo. La nueva Presidenta del Consejo de la Magistratura -que propone la designación y la remoción de jueces que decide el Senado- está alineada con el oficialismo, que tiene 8 de sus 13 integrantes. El Decreto de Macri, designando al Ministro del Interior (Frigerio), reemplazante del Jefe de Gabinete (Peña) cuando viaje al exterior, puede anticipar la proyección política del primero.  

Mientras tanto, el sindicalismo que ha establecido una alianza con los Movimientos Sociales, el 23 de septiembre definirá si convoca un paro general y cuando lo hará. Para el gobierno evitarlo es un objetivo político. Es que la imagen de Alfonsín que tuvo 13 protestas de este tipo en cinco años y medio de gobierno y De la Rúa con 8 en dos, son algo que Macri quiere evitar. La CGT peronista unificada, la semana pasada cerró un acuerdo con dichos movimientos, conocidos también como "piqueteros" por su forma de protesta más característica, para coordinar acciones en función de la crítica situación social. El acuerdo alcanza al Movimientos Barrios en Pie -vinculado al Movimiento Libres del Sur que está en la izquierda dialoguista- la Corriente Combativa Clasista -de origen maoísta-  el Movimiento Evita -que ha tomado distancia del Kirchnerismo-  y la Central de Trabajadores de la Economía Precarizada (CTEP) que tiene llegada al Papa. Las dos centrales sindicales combativas -fracciones de la CTA- tras reunirse con el Ministro de Trabajo, ratificaron que pedirán a la CGT realice un paro general no más allá de octubre. Que el 23 el Comité Central Confederal de la CGT no convoque a un paro general es un objetivo político relevante para el gobierno. Los sectores "dialoguistas" del sindicalismo peronista creen que podrán imponer la posición de convocar el paro pero sin ponerle fecha y no reabrir las paritarias a cambio de obtener un bono compensatorio a fin de año.

En conclusión: el gobierno de Macri busca retomar la iniciativa económica con el Foro de Negocios que se realiza esta semana en Buenos Aires y la baja tasa de inflación de agosto que se dará a conocer; por su parte la oposición "dura" utilizará  la audiencia por la tarifa de gas que se realiza el 16, para ampliar las protestas, con movilizaciones en las calles y otras acciones;  la negociación con la oposición "dialoguista" para la aprobación del Presupuesto 2017 que esta semana entra al Congreso es una prioridad política central del gobierno y mostrará su capacidad de negociación y también es importante evitar que el sindicalismo -que ha formalizado una alianza con los Movimientos Sociales-  convoque a un paro general la semana próxima, al reunirse el 23 su Confederal.

 
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