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Fatiga de Cambiemos en el noveno mes de gobierno PDF Imprimir E-Mail
Sep-06-16 - por Rosendo Fraga

La Marcha Federal realizada la semana pasada es la protesta más importante llevada a cabo contra el gobierno de Macri y define tres espacios políticos definidos. Participaron las dos CTA -el sindicalismo combativo no-peronista-  las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas de izquierda (PO, PST, MST, etc.), los movimientos sociales (piqueteros) y el Kirchnerismo, que se hizo presente con sus agrupaciones y dirigentes. Para los organizadores fueron 200.000 personas, que dos días antes partieron de cinco puntos del país y al llegar a la Ciudad de Buenos Aires, se reunieron con los movilizados en el conurbano bonaerense. Para el oficialismo no llegaron a 100.000. Pero sin duda ha sido la protesta más importante en estos nueve meses de gobierno de Macri. Fue ostensible la no participación del Peronismo dialoguista representado por Massa y Bossio, no estuvo ningún gobernador, muy pocos intendentes y no participó tampoco la CGT peronista recientemente reunificada. Es así como la Marcha ha definido dos campos bien precisos -oposición "dura" y "dialoguista"- además del oficialismo (Cambiemos). Ello no impide "vasos comunicantes". Es así como dos hijos del dirigente camionero Hugo Moyano -Pablo y Facundo- estuvieron presentes en la Plaza de Mayo en la culminación de la marcha. La oposición "dura", es débil en el sistema político pero ha mostrado ser "fuerte" en la calle y en consecuencia seguirá actuando en este ámbito, donde el oficialismo es débil tanto por carecer de capacidad de movilización, como por sus dificultades en el manejo de la seguridad pública.

En el Congreso se percibe que el oficialismo ha perdido impulso, pese al acuerdo con los gobernadores alcanzado un mes atrás a partir de la devolución de los fondos retenidos por el Anses. La reforma electoral se encuentra bloqueada y hoy parece difícil que se implemente en el ámbito nacional en las elecciones del año próximo; el proyecto de "ley del arrepentido", será modificado y volverá diputados, donde su tratamiento no sería ni rápido ni fácil; el dictamen de la Comisión de Trámite Legal Parlamentario, contrario al DNU del primer aumento de gasto sobre el presupuesto 2016, anticipa otro respecto al nuevo incremento firmado la semana pasada. Pero el tema central es el presupuesto 2017. Ya desde distintos sectores del Peronismo se plantea reducir la "emergencia económica", que originada en la crisis de 2002 permite al Presidente resolver por decreto cuestiones que normalmente son competencia del Congreso. Es claro que la negociación con los Gobernadores de la primera semana de agosto, no implicó un compromiso específico respecto al respaldo del aumento de tarifas y el presupuesto del año próximo. Es así como en el ámbito nacional Cambiemos sigue con una estrategia de ir negociando caso por caso la aprobación de sus iniciativas, al no tener una coalición permanente con sectores del Peronismo como tiene Vidal en la Provincia de Buenos Aires.  

La justicia se perfila como un ámbito difícil para el gobierno, aunque el fallo de la Corte sobre la electricidad de más tiempo al Ejecutivo. El fallo sobre la tarifa de gas puso en evidencia que el gobierno no tiene influencia ni diálogo con el máximo tribunal, ya que preveía un fallo favorable que no se dio. El problema es que el Presidente logró en julio la incorporación de sus dos candidatos a la Suprema Corte pero el que se incorporó primero (Rosatti) -que fue el primer Ministro de Justicia de Kirchner- ha mostrado una ideología contraria a la del oficialismo y el que recién se incorpora (Rosenkrantz), no estuvo en el tribunal en el momento que el gobierno más lo necesitaba. A ello se agrega que habiendo fracasado la ofensiva del oficialismo para desplazar a la Procuradora (Gils Carbó), tampoco prosperó en el Congreso el proyecto de  ley para limitar sus competencias. Es en este marco que los jueces de "Justicia Legítima" -militantes del Kirchnerismo- de primera y segunda instancia, han recuperado protagonismo. Ello no impide que los jueces y fiscales que fueron opositores en el pasado gobierno, no estén impulsando las causas por corrupción que afectan a la ex Presidente y varios de sus colaboradores y causas políticamente sensibles como la muerte de Nisman.


El gobierno enfrenta una convergencia de protesta en las calles con una situación económica difícil y piensa resolverla con la concreción de la demorada reactivación de la economía. Los primeros nueve meses del gobierno de Macri muestran datos negativos en materia de actividad y consumo, con aumento del desempleo y la pobreza. Al mismo tiempo, la seguridad pública sigue siendo un punto vulnerable: la Policía Bonaerense es un problema creciente para María Eugenia Vidal, quien tiene dificultades hasta con su custodia personal; en una semana fue relevado el Jefe de un Penal Federal (Ezeiza) por no impedir preparativos de fuga de un líder narco y otro de un Penal Bonaerense (Olmos), por la muerte de un preso; las intrigas y luchas internas dentro de la AFI (ex SIDE), que ha evidenciado el caso Gómez Centurión, muestra falta de control en el organismo; la división de la Policía Federal, transfiriendo la mitad a la Ciudad de Buenos Aires, ha derivado en una nueva fuerza sin cohesión. Pero en el campo sindical el gobierno marcha hacia un entendimiento con la CGT, para que dilate la convocatoria de un paro general y acepte un bono o compensación a fin de año, para evitar la reapertura de las paritarias, que en los acuerdos semestrales comienzan a cerrarse por encima del 40%. En este marco, el gobierno apuesta a que se acelere la reactivación de la economía, en base a la cual espera recuperar la iniciativa política con la vista puesta en la elección del año próximo.

En conclusión: la Marcha Federal ha sido la protesta más relevante en la Administración Macri y confirma la existencia de tres espacios políticos diferenciados: la oposición “dura”, la “dialoguista” y el oficialismo; Cambiemos perdió impulso en el Congreso al dilatarse varios de sus proyectos, tener dictamen desfavorable un DNU importante y discutirse la “Emergencia Económica” del presupuesto 2017; el oficialismo fracasó en desplazar a la Procuradora y las nuevas incorporaciones en la Corte no le han resultado funcionales, con lo cual han recuperado protagonismo los jueces de “Justicia Legítima” y el gobierno enfrenta los efectos sociales de la recesión y su incapacidad para manejar la seguridad pública, pero espera recuperar la iniciativa con la llegada de la postergada reactivación.  

 
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