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Fallo de la Corte: más efecto que el real PDF Imprimir E-Mail
Ago-23-16 - por Rosendo Fraga

Aunque el fallo de la Suprema Corte no es lo que el Ejecutivo quería y esperaba, esta mejor con él que sin él. Es que fallos de primera y segunda instancia en distintos lugares del país, habían dejado en suspenso el aumento en su totalidad. Sin destrabarlos, el gobierno no podía avanzar en la solución del problema. Ante todo la justicia ha reconocido la atribución del Ejecutivo para aumentar las tarifas. Como era lógico y esperable dispuso que se realicen las audiencias previas que, aunque establecidas por la ley, el gobierno había soslayado. Al reducir la suspensión a los consumidores residenciales -después de las audiencias les podrá aumentar- reduce el efecto de ella a sólo el 30% del monto de la facturación. Además, como es alto el porcentaje de quienes ya han pagado el aumento - algunas fuentes sostienen que lo ha hecho el 60% de quienes recibieron la boleta con aumento- permite la devolución a través de crédito para el consumidor en futuras facturas. El fallo anticipa que vendrá otro similar en materia de electricidad, lo que permite a las autoridades adelantarse, convocando antes a las audiencias respectivas. Se trato de un fallo unánime de los cuatro integrantes del tribunal, por lo que no alterará la posición que ha fijado la incorporación del quinto que jura hoy (Rosenkrantz). Como no podía ser de otra manera, el gobierno trata ahora de resolver el problema rápidamente, convocando las audiencias para el 12 de septiembre y buscando que el aumento se haga efectivo en noviembre. De acá deriva un aspecto positivo: se pagará cuando haga calor, con disminución de consumo sobre el invierno, con lo cual el monto en las boletas será menor, aunque el incremento sea el mismo. Las consecuencias concretas del fallo pueden ser dimensionadas con las pérdidas de las empresas del sector: al conocerse la noticia del fallo cayeron 8%, tras leerlo en su totalidad, la pérdida se redujo a menos del 3%.  

Pero la actitud política del gobierno, le dio a un fallo que, en realidad fue un traspié, cierto efecto de conmoción política. Es que el oficialismo, cambiando la  estrategia política utilizada hasta este fallo, caracterizada por corregir errores con rapidez, esta vez optó por jugar a "todo o nada", al estilo que utilizaba Cristina, del cual se había diferenciado hasta ahora. Integrantes del gabinete dijeron que si la Corte no convalidaba la posición del Ejecutivo "se suspendería la obra pública", o que habría que hacerlo emitiendo "más deuda", o que se impediría la postergada "inversión". A ello se agregó que el Ejecutivo, curiosamente mal informado, esperaba un fallo más favorable, como lo evidenció el Ministro de Energía (Aranguren), al insistir en su exposición ante el Congreso dos días antes del fallo, en que las audiencias no eran necesarias. Desde la misma Casa Rosada, se hizo trascender que el Presidente estaba "impactado" por la decisión judicial. Por esta razón, un fallo que permite al Ejecutivo comenzar a resolver un problema, fue percibido como una "derrota" política del gobierno. Pero también es real que este problema se desarrolla cuando los efectos de la recesión han disminuido el estado de opinión favorable al gobierno que predominó en el primer semestre del año.

Ahora el gobierno debe recomponerse políticamente, para evitar que esta derrota en gran medida "autoinfligida", no debilite su impulso en el último cuatrimestre del año. La realidad es que en los últimos días, iniciativas como la reforma electoral y las llamadas leyes "anticorrupción", han sido frenadas en el Congreso. El "timbreo" realizado por Cambiemos en el ámbito nacional encabezado por el Presidente el 20 de agosto, fue un intento de retomar la iniciativa política. La convocatoria a los gobernadores para lograr un acuerdo energético, va en el mismo sentido. La prioridad del gobierno ahora debe ser junto con reordenar las tarifas, lograr los acuerdos para la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2017, ya que algunos sectores del Peronismo ya proponen no renovar la emergencia económica, que permite al Presidente ejecutar por decreto atribuciones que normalmente son del Congreso. Pero mientras que el gobierno nacional ha tenido un freno, en la provincia de Buenos Aires, la legislatura dio sanción definitiva a la reforma política más importante desde la sanción de la Ley Sáenz Peña: la norma que impide la tercera reelección de intendentes, legisladores y concejales, impulsada por Massa en la campaña electoral y apoyada por Vidal. Sólo el Kirchnerismo votó en contra.

En este marco, el gobierno deberá prestar más atención al frente social, que en agosto dio claras señales de conflictividad. Se reunió el Congreso de la CGT, integrado por 2191 congresales, que representan a 213 gremios. El encuentro reunifica las tres centrales sindicales peronistas, lideradas por Moyano (camioneros), Caló (metalúrgicos) y Barrionuevo (gastronómicos). Se elige un triunvirato, donde el primero es representado por Schmid (dragado y balizamiento), Daer (sanidad) y Acuña (estaciones de servicio). No participan del Congreso, el sector "macrista" del sindicalismo liderado por Venegas (rurales) y algunos dirigentes más, lo que en conjunto representan 89 gremios y 609 congresales. Al día siguiente, se reúne el plenario general de los gremios de la energía, que han decidido participar en las audiencias por las tarifas y que reclaman por los salarios y la reducción de personal derivada de la baja del petróleo. Dos días después del Congreso, tiene lugar el paro nacional docente, en reclamo de una actualización salarial frente al incremento de la inflación. Es que los acuerdos fueron cerrados entorno a una inflación prevista del 30% y en los últimos doce meses ha superado ampliamente el 40%. La pauta la dan los docentes del Chaco, que reclaman aumentos entre 42 y 44%. Al mismo tiempo, agosto mostró una escalada en la protesta en las calles de los movimientos sociales, que no cederá durante septiembre.

En conclusión: el fallo de la Corte sobre el aumento de las tarifas de gas, permite al gobierno comenzar a resolver un problema que lo tenía frenado; pero tanto una estrategia de jugar al “todo o nada”, como errónea información, hicieron que un traspié tuviera ciertos efectos de conmoción para el oficialismo; el gobierno ahora intenta retomar la iniciativa política, pero para ello será decisivo la evolución de la recuperación económica en el último cuatrimestre del año y mientras tanto deberá atender el frente social, con un sindicalismo reunificado y movimientos sociales cada vez más activos en la protesta en las calles y una economía que todavía no crece.  

 
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