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Macri, frente a las tarifas y las protestas PDF Imprimir E-Mail
Ago-17-16 - por Rosendo Fraga

A dos semanas de los acuerdos alcanzados con los gobernadores y los sindicatos, el gobierno de Cambiemos demuestra baja capacidad por lograr la lógica contra-partida a ellos. Es que en la primera semana de agosto, el Ejecutivo selló un acuerdo con los sindicatos, por el cual se le devuelven los 30.000 millones de pesos de las obras sociales que fueron retenidos por el Kirchnerismo y otro con los Gobernadores, por el cual retornan a las provincias, 39.000 millones que fueron destinados al ANSES tras la estatización de las AFJP. Pero faltó acordar a cambio de ello el apoyo para el aumento de tarifas en el Congreso y la aprobación del presupuesto 2017, que los legisladores comenzarán a tratar el mes próximo. A ello se suma que proyectos políticos como los llamados "anticorrupción" -ley del arrepentido y devolución de bienes mal habidos- y la reforma electoral -la implementación del voto electrónico en todo el país en las elecciones del año próximo- se encuentran complicados. Pero el Ejecutivo logró los dos tercios del Senado para aprobar los nombramientos de los jefes del servicio de inteligencia (AFI). Que todos los bloques opositores hayan logrado la mayoría para tratar el tema de las tarifas en diputados al mismo tiempo, muestra que quizás no se ubicaron bien las prioridades del Ejecutivo en el Congreso.

Las tarifas han pasado a ser el problema político y económico crucial para Macri en la segunda quincena de agosto. La realidad es que la economía no ha dado los resultados esperados y este es el contexto en el cual el aumento de tarifas se complica. Si la inflación anual sería entre 20 y 25% y el crecimiento el 1,5%, como el gobierno dijo al comenzar su gestión, los márgenes del oficialismo para manejar el tema serían mayores. Pero ahora, no lograr mantener el aumento, aunque reducido sobre sus alcances iniciales, pone al gobierno frente a una derrota política y económica de relevancia, la que el Ejecutivo además parece magnificar para presionar a la Suprema Corte para obtener  un fallo que convalide el aumento. Esta semana es crucial. El martes 17, el Ministro de Energía (Aranguren), concurrió a un plenario de comisiones de diputados, ante el cual defendió el aumento. Dos días después, la Suprema Corte tratará su sentencia sobre el tema. No esta clara la decisión y no se descarta que sea un empate entre sus cuatro miembros, lo que puede llevar a que defina el quinto integrante del máximo tribunal, que recién asume el lunes 22 de agosto. Llama la atención, que habiendo nombrado esta administración dos de los cinco integrantes de la Corte (Rosatti y Rosenkrantz) y teniendo posiciones negociadoras dos de los tres que ya estaban (Lorenzetti y Maqueda), el oficialismo encuentre dificultades para lograr un fallo que reordene el conflicto generado por fallos de primera y segunda instancia que han suspendido los aumentos, pese a los topes establecidos por el Ejecutivo limitando los incrementos iniciales.

El gobierno tiene posibilidades de resolver el conflicto, pero deberá concentrarse en pasos concretos para hacerlo. A mediados de la semana pasada anunció que iba a realizar audiencias sólo informativas sobre los incrementos, pero a las pocas horas dijo que serían participativas, dado que en caso contrario nuevos fallos judiciales podrían complicar los aumentos. Pero después, decidió suspender las audiencias argumentando que la presencia del Ministro de Energía ante las comisiones de diputados las reemplazaba. Es así como las audiencias que iban a realizarse en agosto se han suspendido, aunque el Ejecutivo ha dejado abierta la puerta para que sean en octubre. Para obtener un fallo de la Corte que convalide los incrementos en su versión limitada con los máximo de 400 y 500% definidos al comenzar el mes, el Presidente deberá asegurarse los pasos necesarios para que la Corte falle a su favor. Ello implicará seguramente fijar audiencias y mantener los limites a los aumentos, además de algún mecanismo más simple para la aplicación de la "tarifa social" para los sectores vulnerables. Políticamente, el oficialismo ha logrado el apoyo de 13 de los 24 gobernadores y de los ex secretarios de energía, los que durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, asumieron una posición crítica sobre el congelamiento de las tarifas. En diputados, tiene la posibilidad de acordar con sectores del Peronismo dialoguista, los que si bien no avalarán los aumentos, si pueden impedir la sanción de una  ley en contra de ellos. Cambiemos tratará de que la presencia de Aranguren en diputados, se trasforme en un "duelo" con De Vido, quien preside la Comisión de Infraestructura de la Cámara Baja, desde la cual paradójicamente ha frenado los 22 pedidos de informes contra el aumento presentados por diputados opositores.

Simultáneamente, la oposición gana la calle, con movilizaciones crecientes, que tienen como eje a los llamados "movimientos sociales". El 9 marcharon hacia la Plaza de Mayo, convocados por la izquierda reclamando contra la política económica. El 10, lo hicieron hacia el Congreso, cuando diputados trataba el "tarifazo", esta vez con fuerte presencia del Kirchnerismo y sus diversas agrupaciones. El 12 en Mar del Plata, los sectores más radicalizados de las organizaciones de derechos humanos como "Hijos" y militantes Kirchneristas, repudiaron al Presidente y agredieron su auto. En el campo sindical, la inflación anual que supera el 40% ha originado que los gremios comiencen a revisar los aumentos acordados, comenzando por los docentes bonaerenses, que el 11 realizaron su primer paro del año, mientras que un grupo de gremios peronistas encabezados por los bancarios comienzan a reclamar un paro general en septiembre, que por ahora resiste la mayoría de los sindicatos de esta orientación. Los datos sobre el aumento de pobreza dados a conocer por el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), corroboran el retroceso de los indicadores sociales en el primer semestre del año. Las declaraciones del Presidente sobre la cantidad de desaparecidos han profundizado la critica de las organizaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo, la reiteración de su compromiso contra el aborto, ha confirmado el mejoramiento de su relación con la Iglesia y el Vaticano. 

En conclusión: el gobierno está mostrando poca capacidad para llevar a los hechos los acuerdos que ha cerrado en la primera semana de agosto con gobernadores y sindicatos; un ejemplo de ello es lo que sucede con el aumento de tarifas, transformado en tema crucial para Macri en la segunda quincena de agosto; para resolverlo, necesita al mismo tiempo impedir una ley en el Congreso contra el incremento y un fallo de la Suprema Corte que lo convalide, para lo cual tendrá que acordar con ella y las protestas opositoras siguen poniendo al gobierno a la defensiva frente a las organizaciones kirchneristas y de derechos humanos mientras al mismo tiempo ratifica el acercamiento a la Iglesia.  

 
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