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¿Es gradual el ajuste? PDF Imprimir E-Mail
May-16-16 - por Rosendo Fraga

Abril de 2016 ha sido el mes con mayor inflación mensual desde 2002.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires, que toma al gobierno nacional como referencia oficial, ha sido 6,5%. La cual es válida para el ámbito de la "región metropolitana"; es decir el tercio de la población del país que habita en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde ha impactado el aumento de las tarifas.

En el interior, donde las tarifas ya eran más altas, la inflación ha sido menor. Tal es el caso de Córdoba, cuya medición ha sido de 4,5%.

El gobierno diseñó dos políticas correctas, para atenuar los efectos de la situación social de los siguientes sectores "vulnerables". Pensionados, quienes cobran la jubilación mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros tres programas sociales, quienes trabajan en el servicio doméstico y veteranos de Malvinas. Una es la devolución del IVA a los alimentos básicos. El proyecto entró en el Congreso en abril y todavía no tiene despacho de comisión. Ningún legislador votará en contra de un proyecto de este tipo. Pero en caso de ser aprobado en junio, recién regirá en julio. Otra es la extensión de la "tarifa social", por la cual se pagan subsidiados los servicios públicos. La tenían 2,5 millones de personas. Ante el aumento de tarifas, se amplió a otros 3,5 beneficiarios. Pero la falta de una campaña de difusión adecuada y de asistencia para realizar los trámites, hizo que ha mediados de abril, no había sido incluido ni el 10% de los nuevos beneficiarios, sin que se haya difundido nueva información al respecto.

En el ámbito del trabajo formal, ya en marzo se anunció que se aumentaba el Salario Mínimo Vital y Móvil y que se incrementaba el monto mensual del Seguro de Desempleo de 400 a 3.000 pesos. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que debe convalidar el aumento del primero, recién se reunirá el 18 de mayo y no se ha hecho efectivo el incremento del segundo. Dentro del ámbito de la formalidad laboral, se anunció la inclusión de los cuentapropistas registrados de menores ingresos en la Asignación Universal por Hijo, pero todavía no hay información sobre lo que ha sucedido al respecto.

Pero donde se ha registrado mayor efecto político, ha sido en las dilaciones de cumplir compromisos asumidos con los sindicatos y los gobernadores.

En febrero, se llegó a un acuerdo con las centrales sindicales, para la devolución en diez cuotas, de los 26.000 millones de pesos retenidos a las obras sociales sindicales durante el gobierno de Cristina Kirchner. La primera cuota no se hizo efectiva en los dos meses siguientes al acuerdo y ello influyó en la decisión de las cinco centrales sindicales de realizar la movilización de protesta del 29 de abril. Recién el 11 de abril, el gobierno anunció que entregará 2750 millones de pesos de lo adeudado a las obras sociales sindicales.

En las negociaciones para lograr el apoyo de los senadores al acuerdo con los holdouts, se acordó la devolución a todas las provincias, del 18% de la coparticipación que les fue retenida a las provincias por el gobierno de Cristina Kirchner tras la estatización de las AFJP, tras el fallo de la Suprema Corte que dispuso su devolución a Córdoba, Santa Fe y San Luis, en cuotas. Los gobernadores consideraron que este acuerdo no se había hecho realmente efectivo y ello influyó en la votación de la "ley antidespidos" en el Senado por 48 a 16.  El 12 de mayo -el mismo día que Diputados postergó el tratamiento de la "ley antidespidos"- el Ejecutivo anunció que incrementaba en 3 puntos la coparticipación de las provincias.

Todo ello ocurre en una situación de fuerte subejecución presupuestaria. La información disponible es sobre el primer trimestre del año. Según el IARAF, en el primer trimestre, las partidas no automáticas para las provincias, tuvieron una reducción del 32,6% respecto al mismo período del año anterior. En promedio, se suele ejecutar el 22% del monto anual y este año se ejecutó sólo el 11,5%. Ello ha influido en la actitud reticente de los gobernadores evidenciada en la votación en el Senado de la "ley antidespidos" del 27 de abril.

Según ASAP, el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas -el de mayor importancia para las provincias- sólo ejecutó en el primer trimestre el 6% de su presupuesto anual, frente al 30% que hubiera correspondido cronológicamente. La ejecución de las obras públicas no llegó al 5%; del programa Techo Digno se ejecutó el 4%; de la partida de urbanización de villas y asentamientos precarios sólo el 1% y de la partida de mejoramiento habitacional y de infraestructura básica no se ejecutó nada.

Pero ha sido una situación compartida: el Ministerio de Producción ejecutó el 11% y lo mismo el de Cultura y el de Seguridad 6% algo similar al de Defensa. Ambiente y Desarrollo Sustentable menos de ello.

El fuerte aumento de tarifas ha generado múltiples problemas en el sector público, al quedar con fondos insuficientes para pagar los aumentos. Lo cual es uno de los temas que incide en las protestas de educación pública.

Otra situación compleja, es la que se vive hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la mayor parte de sus erogaciones son en dólares.

En conclusión: ha tenido lugar durante el mes de abril una fuerte demora en la ejecución de las políticas sociales del gobierno. Ello ha coincidido con demoras en la ejecución de acuerdos económicos y con gobernadores y sindicatos, que en mayo comienzan a corregirse y ello sucede tras una fuerte subejecución presupuestaria del gobierno en su conjunto. Como consecuencia, esto contribuye al cambio de clima político y social que se ha registrado respecto al gobierno en abril y comienzos de mayo.  

 
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