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La política laboral durante febrero: II. La negociación salarial PDF Imprimir E-Mail
Mar-01-16 - por Rosendo Fraga

El desafío económico de Macri en términos sociales es la tasa de inflación: en términos políticos, le está resultando más fácil salir del cepo y negociar con los holdouts, que manejar la primera.

Las señales políticas son claras: en diciembre resolvió dejar de publicar la "Inflación Congreso" y dispuso que sólo las medidas por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis sean las válidas. Pero al registrare en enero un aumento sensiblemente más alto en la última que en la porteña, eliminó la otra.

En este contexto, Massa decidió volver a difundir la "Inflación Congreso" sin la participación de Cambiemos. La sorpresa del gobierno fue cuando  esta dio menos que la porteña, que registró para enero 4,1%. En este marco, se produjo la crisis que significó el desplazamiento de la Directora Técnica del INDEC (Bevacqua).

La política del gobierno adelantada a los dirigentes sindicales era clara: que los aumentos salariales no superen el 25% -aunque formalmente se siguiera diciendo desde el gobierno que no había "techo"- a cambio de compensaciones, como la ya dispuesta con la elevación a 30.000 pesos del mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias.

Sobre esta situación, ya en enero la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires (Vidal) propuso la alternativa de paritarias semestrales como forma de lograr un porcentaje menor, lo cual es políticamente posible.

El gremio privado más importante, que es Comercio y tiene más de medio millón de afiliados, comenzó a negociar en esta línea: una compensación de 2.000 pesos y un incremento semestral del 20% a pagar en dos cuotas.

Tanto el gobierno de la Provincia de Buenos Aires como el porteño han iniciado la negociación ofreciendo menos del 25% de acuerdo a la política nacional fijada.

Pero el ministro de Educación de la Nación -esta cartera tiene menos del 10% de los asalariados de la educación porque la amplia mayoría están en las provincias- ofreció aumentar 40% el básico y 32% para todas las categorías, porcentaje que finalmente sería mayor.

Esta oferta generó una crisis con los gobernadores, que reclamaron del gobierno nacional los recursos económicos para poder pagar un aumento de esta envergadura.

A su vez los gremios privados, que reclamaban entre 30 y 32% -Seguros acordó el último porcentaje-, vieron cómo su alternativa de máxima se transformaba en el piso de la negociación, al ser lo obtenido por un gremio estatal.

Además se han cometido errores políticos, como que el Presidente se aumentó a sí mismo 30% el salario y el gabinete porteño 34%. Lo mismo sucedió con la decisión del Banco Central de suspender la distribución de los resúmenes de cuentas en papel, lo que implica 4.000 puestos de trabajo menos en el gremio de camioneros, que amenazó con un paro de su rama caudales y obligó al gobierno a imponerle a la institución el retroceso en la medida.

El dilema de Macri está hoy entre mantener el aumento ofrecido a los docentes para garantizar el inicio de las clases aunque poniendo en riesgo la política anti-inflacionaria, o retroceder para no arriesgarla, pero a costa de enfrentar un conflicto docente que se puede extender a otros sectores.

Cabe señalar que los "movimientos sociales" han comenzado a reclamar 40% de aumento en los llamados "planes sociales", en momentos que la jornada nacional de protesta contra la detención de Milagro Sala mostró que, con eje en el Kirchnerismo, tiene capacidad de movilización a nivel nacional.

Tras esta experiencia, el Kirchnerismo impulsa una alianza en la calle con la izquierda para realizar una movilización en conjunto el 24 de marzo, aniversario del último golpe militar (ello puede suceder, además, un día después de la visita de Obama a Buenos Aires).

Pero el sindicalismo peronista en el Congreso da señales dialoguistas hacia el gobierno en materia política. Un diputado de SMATA (Romero), que era kirchnerista, y otro de petroleros (Roberti), que era anti-kirchnerista, están en el bloque de diputados disidentes del FPV dispuesto a darle quórum al oficialismo.

Finalmente se otorgó a los docentes el aumento que reclamaban -40% en el básico y 32% para todos los demás para el gobierno y 40% para todos- tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Buenos Aires, pero con diez provincias que tienen casi 40% de los alumnos de la escuela pública sin poder empezar las clases por no poder pagar los gobernadores dicho aumento.  

 
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