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La política laboral durante febrero: I. Macri y los sindicatos PDF Imprimir E-Mail
Feb-29-16 - por Rosendo Fraga

El 11 de febrero el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunió con las conducciones de las tres centrales sindicales peronistas: la que acompañó al Kirchnerismo -también denominada "Balcarce"-, que está encabezada por su secretario general, el titular del gremio metalúrgico (Caló), y las dos opositoras al mismo, la denominada Azopardo y la Azul y Blanco, cuyos titulares son los secretarios generales de camioneros (Moyano) y gastronómicos (Barrionuevo).

Sumadas, las tres reúnen aproximadamente el 80% de las estructuras sindicales. En el encuentro, el Presidente planteó -como ya lo había anticipado a Moyano en un encuentro reservado que tuvo lugar en los primeros días de febrero- la política salarial de su administración: que los aumentos anuales no superen el 25%. A cambio de ello, el gobierno ofreció concretar la devolución del dinero retenido a las obras sociales sindicales por la administración anterior; elevar el piso del impuesto a las ganancias, lo que mejora el ingreso de los salarios más altos; extender las asignaciones familiares y, por último, moderar los despidos.

Los voceros de las tres centrales que participaron del encuentro coincidieron en que su resultado fue positivo, pero también señalaron que no se había llegado a ningún acuerdo respecto al porcentaje a acordar en las paritarias, el que para los dirigentes sindicales debe ser libre.

Si bien no se llegó a un acuerdo formal, sí se generó una base de diálogo y negociación entre el gobierno de Cambiemos y el sindicalismo peronista.

Fuera de este marco de diálogo quedaron las dos centrales combativas que están fuera del sindicalismo peronista: la CTA pro K, que encabeza el titular del gremio docente (Yasky), y la CTA anti-K que lidera el secretario general del gremio de trabajadores estatales más importante (Micheli). Los dos mencionados son gremios estatales: el primero representa a medio millón de trabajadores en todo el país y el segundo a un cuarto de millón.

En los docentes, en febrero -como todos los años- se agudiza el conflicto salarial, al poder amenazar con el no inicio de clases. No es una situación nueva, pero en los años precedentes el gremio nacional docente era un aliado del gobierno nacional y ahora en cambio es opositor. En los estatales el tema son los despidos y el cese de contrataciones en el sector público.

El ministro de Modernización (Ibarra) ha dicho que se han desvinculado del estado nacional 6.200 personas y que se revisarán las contrataciones -incluso las que fueron realizadas a través de las universidades públicas nacionales-. El gremio de Micheli (Ate) no discute la cifra, pero pide la reincorporación y busca impedir más desvinculaciones, aunque se trate de gente que en su mayoría estaba contratada y no realizaba el aporte de la cuota sindical.

La realidad es que el empleo en el sector público aumentó 53% durante los 12 años de gobierno kirchnerista: de algo más de dos millones de personas trabajando en el ámbito nacional, provincial y municipal, se pasó a 3.300.000. Incluso en 2015 el aumento fue del 3,5%, cerca de 100.000 trabajadores más.

Pero de este total, 600.000 (más de uno cada 5,5) están en situación precaria, es decir contratados y sin protección laboral.

Las dos CTA hablan de unirse para llevar adelante un plan de acción común frente al gobierno de Macri y un dirigente de la CGT Balcarce (Santamaría, secretario general de los porteros) propone -sin éxito por ahora- sumarlos a la unidad del sindicalismo peronista.

Para el sindicalismo, los despidos en el primer bimestre del gobierno de Cambiemos son más de 28.000. Es que a las 6.200 desvinculaciones en el sector público -que no discuten-, suman 22.000 despidos en el sector privado, gran parte de ellos en el gremio de la construcción por obras públicas que han sido suspendidas.

Pero a esta situación se agrega que, tanto para la UIA como para las consultoras privadas, en enero la actividad industrial ha caído 2,3% y algo similar ocurriría en el promedio del primer semestre del año.

La industria petrolera, que está en crisis a nivel global por los bajos precios -que no parecen alterar sustancialmente los acuerdos para bajar la producción de la OPEP-, ha encontrado una solución frágil y transitoria con el subsidio que pagará el gobierno nacional al sector, pero se vive una situación de conflicto latente.

La Administración Macri ha logrado un buen nivel de diálogo con el sindicalismo, pero despidos y salarios son dos problemas a resolver.

Quedan así dos actitudes diferentes en el sindicalismo frente al gobierno de nacional. Por un lado las tres centrales sindicales peronistas, lideradas por Moyano, Caló y Barrionuevo, que se reunieron a fines de febrero, confirmando su proceso de unidad y criticando a Macri por temas como el impuesto a las ganancias desde una actitud dialoguista. Por otro las dos facciones de la CTA, que han acercado posicones desde una postura crítica hacia el gobierno, con actitudes como el paro y movilización del gremio estatal (Ate) el pasado 24 de febrero.  

 
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