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La emergencia de seguridad y la autorización de derribo PDF Imprimir E-Mail
Ene-20-16 - por Rosendo Fraga

La emergencia de seguridad decretada por el Poder Ejecutivo incluye la llamada "facultad de derribo", es decir la autorización para que sean derribados los aviones que entran al territorio nacional sin identificarse y que, siendo intimados a hacerlo, no lo hagan.

En los EEUU, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue extendida. El territorio nacional fue dividido en dos mitades. En cada una de ellas hay un general de una estrella que tiene la facultad de derribar los aviones que entrando al espacio aéreo no se identifiquen.

Podrá decirse que se trata de una realidad muy diferente a la de Argentina, pero en el ámbito de UNASUR todos los países tienen esta disposición -en la mayoría de los casos adoptada por ley del Congreso-, excepto Paraguay.

Puesto en este contexto, nuestro país en realidad venía demorando esta disposición.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner funcionó el operativo "Escudo Norte" por el cual las Fuerzas Armadas desplegaron medios aéreos y terrestres en dicha región del país para impedir la penetración del narcotráfico. Sin esta autorización de derribo, las aeronaves militares podían "interceptar" los vuelos clandestinos, supuestamente del narcotráfico. Sin embargo, sólo se registró un caso, en cual un avión que había entrado fue obligado a aterrizar y su piloto logró escapar.

La decisión adoptada es necesaria, pero en las actuales circunstancias tiene más bien un valor simbólico: expresar la voluntad de enfrentar con decisión al narcotráfico. La realidad es que para que se haga efectiva requiere dos condiciones que hoy Argentina no tiene: la radarización completa de su espacio aéreo como tiene Brasil -la Argentina está desplegando sólo algunos radares móviles-, y la capacidad en sí de derribar, la que se ha perdido desde diciembre al quedar fuera de servicio los últimos aviones cazas que no fueron renovados.

Sin esas dos condiciones es poco el uso efectivo que puede hacerse de esta facultad, que implica ratificar de hecho -como lo había hecho el gobierno precedente- que se hace inevitable la cooperación y el apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico, aunque ello no implique realizar las mismas funciones que las fuerzas policiales y de seguridad.

Pero esta decisión, que es correcta, pudo haber sido adoptada mediante una ley del Congreso y no por decreto.

Es que la lucha contra la droga, para tener éxito, debe ser una verdadera "política de estado" y ello sólo se logra con el compromiso de las principales fuerzas políticas. Ya durante la campaña electoral se había propuesto en el espacio de Sergio Massa la "ley de derribo" y la misma iniciativa había sido propuesta por dirigentes del Peronismo en forma individual.

Dadas las limitaciones mencionadas para hacer efectiva esta capacidad, no había urgencia que impidiera esperar el tratamiento parlamentario que le hubiera dado una fuerza político-institucional mayor.

Cabe mencionar que, al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires la emergencia de seguridad fue sancionada por ley de la Legislatura provincial, en la cual, al igual que en el Congreso de la Nación, Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.

 
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