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Análisis de las primeras semanas de la presidencia de Macri PDF Imprimir E-Mail
Ene-03-16 - por Patricio Giusto

Una agenda centrada en la economía, con la sorpresa de la Corte Suprema

Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación con una agenda muy activa, plagada de anuncios esperados y relevantes, principalmente en materia económica. Aunque con algunas sorpresas, como la polémica decisión de nombrar dos jueces de la Corte de Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión por decreto, sin consenso previo con la oposición peronista y sus aliados radicales de Cambiemos. Y no fue la única de las decisiones que Macri implementó mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que requieren ser convalidados por el Congreso Nacional.

El esperado fin del cepo cambiario

Respecto a lo económico, Macri comenzó a cumplir muchas de sus promesas de campaña, entre las que se destaca el levantamiento del cepo cambiario, una decisión que puede marcar a fuego el inicio de su Presidencia, según cómo evolucione la reconstrucción del mercado cambiario en los próximos meses.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, fue el artífice de la preanunciada liberación cambiaria. Dejaron de existir el "dólar ahorro", el "dólar tarjeta" y el "dólar turista", y se unificó el tipo de cambio. A su vez, se reformuló el mercado de futuros del Dólar.

En el primer día en los mercados, la liberación supuso una devaluación del 36% contra el precio mayorista. Pero no hubo una disparada en la cotización de la divisa extranjera, que se ubicó en valores inclusive por debajo de lo esperado, en torno a los $13 por dólar. Fue clave para este buena salida del cepo una fuerte suba en las tasas de interés, que luego fueron bajando, pero así y todo el Banco Central siguió absorbiendo pesos del mercado y manteniendo estable el tipo de cambio.

Eliminación de retenciones y búsqueda de financiamiento e inversiones

Se anunciaron otras medidas relevantes en materia económica, con el objetivo de fondo de recuperar la confianza y atraer inversiones que permitan reactivar una economía que desde 2012 no crece y no crea empleo, estancada por la alta inflación.

Para el estratégico sector agropecuario, se eliminaron todas las retenciones a los productos del campo, salvo las de la soja, que caerán 5% para quedar en 30% y seguirán reduciéndose en el tiempo. Se hizo lo mismo con los bienes industriales, que tributaban 5%.

En cuanto al comercio exterior, también hubo una liberación. Se eliminaron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que serán reemplazadas por un nuevo sistema de licencias automáticas y no automáticas por sectores, a partir de enero. Se podrá exportar e importar sin permisos previos, algo que despertó preocupación de muchos empresarios industriales por las consecuencias que podría traer la liberación de las importaciones para sectores poco competitivos de la economía.

Un pilar de la nueva política económica será la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento local y extranjero. Se alcanzó un trascendental acuerdo con cerealeras para que liquiden sus dólares anticipadamente, como así también convenios con bancos, una ampliación del swap de yuanes chinos y préstamos bilaterales con distintos países.

Además, se iniciaron tratativas para la obtención de nuevos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, ya tuvo los primeros contactos en EE.UU. con el mediador del conflicto con los "fondos buitre", designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa. Según el Gobierno, la intención es llegar a un acuerdo con ellos, pero "sin dejar de negociar con dureza". Con estas iniciativas, Macri apunta a reforzar las reservas del Banco Central, que la gestión de Cristina Kirchner dejó por debajo de los u$s 25.000 millones.

Asimismo, se esperan importantes reformas en materia fiscal. El nuevo director de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anticipó que se analizan cambios en el impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y en el Monotributo, entre otros. El déficit fiscal se encuentra en torno al 7% del PBI. En paralelo, el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, anunció que se revisarán los expedientes de 63.000 empleados de la administración pública nacional, que se sumaron durante los últimos tres años, para ver si renuevan o no esos contratos.

Emergencia eléctrica, normalización del INDEC e intervención del AFSCA y AFTIC

Otra medida importante fue la declaración de la emergencia eléctrica hasta 2017, para un sistema que está colapsado en su fase de distribución. Junto con la emergencia, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció la quita de subsidios residenciales en electricidad y gas natural a partir de enero, lo que significará un alza de tarifas. A su vez, Aranguren designó un nuevo directorio para la empresa reestatizada YPF. El CEO Miguel Galuccio permanecería en su cargo hasta abril.

Por otra parte, el economista Jorge Todesca asumió como nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), intervenido por el Gobierno de Cristina Kirchner para ocultar indicadores económicos como inflación y desempleo. En enero se difundiría un nuevo índice de inflación provisorio, en el marco de un proceso de normalización del organismo que llevaría alrededor de un año.

En materia de telecomunicaciones, el ministro de la flamante cartera para el área, Oscar Aguad, anunció la intervención de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC) durante 180 días y la reforma de la Ley de Medios. Ambos organismos fueron fusionados mediante un DNU de Macri. Martín Sabatella, titular del AFSCA, se resistió junto a sus directores a dejar el cargo y pidió a la Justicia "frenar esta locura". Aguad los consideró en estado de "rebeldía" por no responder a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios. También se le recortaron funciones por DNU a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.

Los desafíos de la inflación y el control de la calle

El mayor desafío económico de cara a los próximos meses será contener una eventual escalada inflacionaria (hoy en torno al 25% anual) tras la liberación del mercado cambiario. En una primera etapa, la contención del traslado a precios por la devaluación se buscará con el sostenimiento del plan "Precios Cuidados" y otras medidas adicionales. En ese, sentido, el ministro Prat Gay anunció la convocatoria "acuerdo económico social amplio" para "transitar el verano" sin turbulencias.

En paralelo, habrá que atender las demandas de aumentos salariales en torno al 40% de muchos sindicatos opositores que ya amenazaron con medidas de fuerza a partir de enero. Las negociaciones paritarias con algunos sindicatos, como los docentes, ya comenzaron. Aunque con cierto malestar, tras las idas y vueltas respecto a la modificación del impuesto a las Ganancias.

La suba en el piso del polémico impuesto se anunció, se desmintió y se volvió a anunciar. Finalmente, el medio aguinaldo de diciembre reflejó una suba en el mínimo no imponible del impuesto hasta $30.000, tal como había prometido Macri en campaña. Es una demanda sensible de un sector importante del gremialismo opositor al kirchnerismo que le dio su apoyo previo al ballotage y ahora trabaja en la reunificación de la Confederación General del Trabajo (CGT) para potenciarse. El camionero Hugo Moyano, aliado de Macri, consiguió un plus salarial de $5200 para sus afiliados.

Otro foco de conflicto, menos controlable que el frente sindical, es el de las organizaciones sociales. Macri deberá resolver qué hacer y cómo relacionarse a partir de ahora con las mega-organizaciones que fomentó el kirchnerismo, a fuerza de millonarios planes y subsidios. Una bomba muy difícil de desactivar, porque son cientos de miles de personas que han vivido en los últimos años a costa de este esquema, que parece incompatible con el perfil político y proyectos del nuevo Gobierno.

Macri anunció que se pagará un extra de $400 para los beneficiarios de la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y los jubilados. Con eso se desactivó una marcha a Plaza de Mayo de las organizaciones Movimiento Evita, Tierra Techo y Trabajo, Quebracho y la CTA Autónoma. Sin embargo, otros grupos más radicalizados de izquierda se movilizaron.

La Corte Suprema y el primer traspié político

Sorpresivamente, Macri decidió designar en comisión por un año a dos jueces para la Corte Suprema de la Nación, apelando a un cuestionable mecanismo constitucional, inédito en democracia. Los elegidos por el Presidente fueron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dos prestigiosos juristas, de destacada trayectoria. Completarían la Corte que quedó funcionando con sólo tres miembros, tras el retiro de Carlos Fayt el pasado 11 de Diciembre.

Ante el receso del Senado Nacional, órgano que debe prestar acuerdo para el nombramiento de los magistrados, Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional. El mismo sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de "llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

Más allá del cuestionable mecanismo, se trató de un verdadero traspié político, ya que la decisión fue inconsulta y cosechó el rechazo, no sólo de todo el arco opositor peronista, sino también de sectores de la UCR, parte de la alianza gobernante. Apenas dos días antes, Macri se había reunido con los ex candidatos a Presidente y con los 24 gobernadores. Todos reaccionaron con sorpresa y muchos se sintieron destratados por el Presidente, que en todo caso podría haber convocado a sesiones extraordinarias al Senado.

El PJ, que posee el bloque mayoritario en el Senado, anticipó que no prestará apoyo a los jueces una vez que se reinicien las sesiones ordinarias en marzo. Macri optó entonces por postergar la jura de Rosenkrantz y Rosatti para febrero, abriendo una etapa de negociación de final incierto. Pero un juez federal de Dolores hizo lugar a una medida cautelar interina para suspender los nombramientos.

El trasfondo de la intempestiva decisión de Macri sería su malestar con el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Lorenzetti. Tras el ballotage, la Corte falló favor de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, obligando al Gobierno Nacional a devolver fondos de la ANSeS. Luego, la Presidenta extendió por decreto el beneficio a las restantes jurisdicciones. Macri habría tomado el fallo como un desafío de Lorenzetti, buscando condicionarlo de entrada. Tras la polémica por los nombramientos de Rosenkrantz y Rosatti, Macri y Lorenetti acordaron imponer a Miguel Piedecasas en la Presidencia del Consejo de la Magistratura (órgano encargado de designar los jueces de los tribunales inferiores). Aunque días más tarde, la CSJN frenó otras iniciativas de Macri, como el recorte de facultades a la procuradora Gils Carbó.

El PJ busca redefinirse tras la derrota electoral

Entre los desafíos políticos de Macri se presenta el tener que gobernar con el PJ en la oposición, espacio político que busca renovarse y relanzarse tras la dura derrota electoral a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. El peronismo debe definir un nuevo liderazgo, algo que no tiene fecha cierta, mientras hay varios nombres en danza. Sergio Massa, quien terminó tercero en las elecciones presidenciales, es uno de los claros postulantes. Pero hay varios gobernadores, como el salteño Juan Manuel Urtubey, que también pujan por ese lugar. En tanto, es una incógnita qué gravitación podrán tener de ahora en más la ex Presidenta Cristina Kirchner, Daniel Scioli y otros referentes del kirchnerismo que fueron castigados en las urnas.

Más allá de los reacomodamientos en el marco de la interna del PJ, Macri ya estableció buenas relaciones con casi todos los gobernadores, quienes agobiados por las necesidades financieras en sus distritos buscan un acercamiento con la Casa Rosada. Tal es así que ninguno de los 24 mandatarios provinciales faltó a la cita el pasado sábado 12 en la quinta presidencial de Olivos. Inclusive, estuvo presente la santacruceña Alicia Kirchner, cuñada de la ex Presidenta.

Entre los gobernadores propios del PRO, Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) y María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires), más los aliados radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes), Macri ya controla distritos que equivalen al 55% del padrón electoral.

Y ya están encaminados acuerdos políticos con gobernadores peronistas que eran opositores al kirchnerismo, como ser: Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Mario Das Neves (Chubut), Carlos Verna (La Pampa) y Sergio Casas (La Rioja). Estas provincias suman otro 16% del padrón.

A la lista de potenciales aliados políticos, habría que sumar otros mandatarios no peronistas: Miguel Lifchitsz (socialista de Santa Fe), Omar Gutiérrez (MPN de Neuquén) y Alberto Weretilneck (partido local de Río Negro); quienes representan otro 11% del padrón nacional.

En total, Macri podría en breve liderar una coalición con aliados plenos y otros ocasionales del 82% del padrón nacional, que se traducirá probablemente en ampliación de las bancas en el Congreso Nacional, donde actualmente Cambiemos no tiene mayoría.

Venezuela, eje de la agenda internacional

En sus primeras intervenciones en el plano internacional, Macri visitó a la Presidenta Dilma Rouseff en Brasil y a su par Michelle Bachelet en Chile. Luego, participó de la cumbre del Mercosur en Paraguay. Macri dio señales claras de un giro en respecto a la etapa kirchnerista, buscando desideologizar y cargar de pragmatismo la política exterior argentina, con foco en aumentar el comercio y atraer nuevas inversiones a la Argentina.

No obstante, Macri exhibió un enfoque institucionalista con su firme posicionamiento acerca de la situación política en Venezuela. En Paraguay, Macri reclamó la pronta liberación de presos políticos en el país caribeño, lo que derivó en un duro cruce con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Por otra parte, Macri dejó caer definitivamente el polémico y frustrado memorándum de entendimiento con Irán. El Gobierno presentó a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano, un escrito desistiendo de la apelación que había planteado el Gobierno de Cristina Kirchner. Con ello, quedó firme la medida de la Cámara Federal porteña, que había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo.

Tres nuevos gobernadores con problemas

Vidal, entre el desafío de gobernar una provincia "quebrada", el complejo conflicto de Cresta Roja y la fuga de los hermanos Lanatta

María Eugenia Vidal, la gran sorpresa electoral de Cambiemos, asumió la gobernación bonaerense planteando el desafío de gobernar una provincia que el gobernador saliente Daniel Scioli dejó "quebrada". Así definió la crítica situación de las finanzas provinciales en su discurso inaugural, frente a un déficit fiscal de $15.000 millones. Vidal ya recibió una ayuda extraordinaria por parte del Gobierno Nacional, del orden de $4.100 millones, para poder pagar los sueldos de diciembre. Asimismo, encabezó una reunión con 131 intendentes e inició las negociaciones paritarias con los principales sindicatos estatales. También se organizó un amplio reparto de bolsones de ayuda social en sectores marginales para prevenir posibles saqueos.

En sus primeras semanas de gestión, el principal conflicto que enfrentó Vidal fue la crisis derivada del cierre de la avícola Cresta Roja, donde 3.500 puestos de trabajo están en riesgo. Con dos plantas de faena en Ezeiza y granjas de reproductores en la región, Cresta Roja comenzó a tener problemas a fines de 2013, cuando acumulaba una deuda cercana a los $ 1200 millones. Un año después se presentó en convocatoria de acreedores y en marzo estuvo a punto de cerrar por los conflictos gremiales. La operatoria de la compañía fue sostenida artificialmente por un oscuro entramado de subsidios, bajo la complicidad de los gobiernos Nacional, bonaerense y los dueños de la compañía, Rasic Hnos. S.A.

Tras varios cortes de ruta de trabajadores damnificados sobre la autopista Ricchieri, en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, el Gobierno de Macri buscó exhibir una impronta diferente al kirchnerismo e intervino en varias oportunidades con Gendarmería para despejar la ruta, con enfrentamientos y varios heridos. En ese marco, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que se trabaja en un protocolo para ordenar la protesta social en el país. El conflicto de Cresta Roja arribó a un principio de solución tras la declaración judicial de la quiebra de la empresa y un acuerdo entre el ministerio de Trabajo de la Nación y los trabajadores para buscar una salida legal para reactivarla. En paralelo, se otorgaron subsidios de $6.000 mensuales a los damnificados.

Sin embargo, la crisis más grave para Vidal estalló de manera inesperada. Los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, vinculado con el tráfico de efedrina, se escaparon de la Unidad Penal N° 30, de General Alvear y sacudieron al Gobierno Nacional y a la administración provincial. Vidal removió a los jefes de la cárcel y a la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y ofreció una recompensa de $ 2.000.000 por información sobre el paradero de los delincuentes, que tirotearon e hirieron de gravedad a dos policías que lo detuvieron en un control en la ruta. La fuga causó conmoción y despertó sospechas en la oposición y en el oficialismo sobre eventuales motivaciones políticas. Vidal denunció "complicidad" del SPB y sorprendió al designar como nuevo jefe del área a Fernando Díaz, kirchnerista que ya estuvo al frente del organismo entre 2005 y 2009. Luego declaró la emergencia del SPB y de la infraestructura provincial por decreto, ya que el kirchnerismo no dio quórum en la Legislatura provincial para sancionar dichas leyes. En esa frustrada sesión cayó también el proyecto de Presupuesto, que contemplaba un endeudamiento por $ 90.000 millones. Un sector del kirchnerismo, liderado por intendentes muy necesitados de financiamiento, presionó sin éxito a los "duros" del bloque del FPV para dar a apoyo a Vidal. Pero terminó primando la orden de la ex Presidenta.

Cornejo busca sobrellevar la compleja herencia financiera de Pérez

El radical Alfredo Cornejo asumió la gobernación de Mendoza con durísimas críticas a su antecesor, el kirchnerista Francisco Pérez. Cornejo definió como "devastador" el paso por la administración pública de las gestiones anteriores, que dejaron a la provincia con un déficit de $11.802 millones. El flamante mandatario anticipó "meses muy difíciles y tal vez años", debido a la situación financiera heredada. "Durante casi ocho años se ha gastado más de lo que ha ingresado al Estado", declaró Cornejo, quien solicitó una ayuda extraordinaria de $1.500 millones al Gobierno Nacional de para poder pagar sueldos.  Por otra parte, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que permitiría la liberación inmediata de 800 procesados con prisión preventiva, pero sin sentencia generó preocupación y malestar en los gobiernos nacional y provincial.

Crisis social en Jujuy por enfrentamiento entre el gobernador Morales y la piquetera Sala

El gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, profundizó su enfrentamiento con la jefa de la mega-organización Tupac Amaru, la kirchnerista Milagro Sala.  Morales dijo que Sala "va a tener que rendir cuentas" por el manejo de millones de pesos destinados a planes sociales, y advirtió que no va "a aflojar restablecer el orden" en la provincia. Sala acampa hace semanas en la plaza principal de San Salvador de Jujuy, frente a la Gobernación. Y acusó a Morales de amenazas y persecución política, por querer individualizar a los beneficiarios de planes sociales. En ese marco, Morales anunció que a partir de enero implementará cambios en las normas contravencionales de la provincia para que quienes bloqueen el tránsito en rutas o dañen edificios públicos deban pagar una multa de entre 2000 y 6000 pesos, además de afrontar una demanda penal.

 
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