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Guatemala: Así ha sido el hundimiento de la administración Pérez Molina PDF Imprimir E-Mail

Sep-03-15 -por Rogelio Nuñez (Infolatam)

La crisis institucional que padece Guatemala empezó a tocar fondo con la dimisión primero y detención después de la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.El punto culminante ha sido la dimisión del ya ex presidente Otto Pérez Molina al que los indicios sitúan como parte de toda esa trama de corrupción que se hizo con el poder en 2012.

Guatemala llega a las elecciones presidenciales de este 6 de septiembre de 2015 inmersa en una crisis institucional muy profunda. Una crisis que también puede ser una oportunidad para emprender la regeneración, algo que otras ocasiones no ocurrió.

El desmoronamiento de la administeación de Pérez Molina

El escándalo de La Línea ha provocado el colapso de la administración de Otto Pérez Molina y ha acrecentado la deslegimimidad de todo un sistema político y de partidos, en el que se basa la democracia guatemalteca desde 1985.

El escándalo, desvelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en abril, se llevó por delante a la vicepresidenta Roxana Baldetti un mes después, en mayo.

Ella y su secretario, Juan Carlos Monzón, dirigían una red de defraudación aduanera.

Su caída arrastró consigo las posibilidades del Partido Patriota (PP) de continuar en el poder en 2016 ya que el candidato oficialista, Alejandro Sinibaldi abandonó la organización y el PP se hundió en las encuestas.

Porque Baldetti era mucho más que una simple vicepresidenta, puesto habitualmente sin carga política y con escasas competencias. Controlaba al Partido Patriota y era la mano derecha de Pérez Molina con quien le unen unos fortísimos lazos políticos y personales. Estos últimos han desatado muchos rumores que alcanzan a la vida privada de ambas figuras.

Además, dirigía una red de corrupción desde la cúpide del Estado como explicaba José Rubén Zamora, director del diario El Periódico (medio que lleva años denunciando los excesos de la actual administración).

“El Presidente y su vicepresidenta -señalaba Zamora- se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias, y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. Los casos están relacionados con obras públicas, asignación de contratos de medicinas para el Estado e, incluso, en programas contra la pobreza. Además, la vicepresidenta creó en su propia oficina, una Secretaría contra la corrupción que es utilizada para atacar a la oposición e intimidar a sus propios Ministros. Los críticos del gobierno se centran en “la voracidad” y supuesta corrupción de la vicepresidenta, Baldetti pero, en realidad, nada en el gobierno ocurre sin el consentimiento de Pérez Molina”.

Pérez Molina y Baldetti, jefes de una red corrupta que se apoderó del Estado

El expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti fueron presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como los líderes y beneficiarios de esa red de defraudación aduanera

El jefe de la Comisión, Iván Velásquez, comentó que “es altamente probable” que a Pérez Molina le correspondan los sobrenombres de el Uno; el Mero Mero; el Dueño de la Finca, mencionados en las interceptaciones telefónicas presentadas durante la imputación a los 28 miembros de esa estructura.

La situación se complicó para el mandatario cuando la Cicig y el MP revelaron el 22 de mayo el contrato fraudulento entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa, que a la fecha ha costado la vida de 26 pacientes renales. En ese caso se vio vinculado Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado de Pérez Molina.

Y luego, Gustavo Adolfo Martínez Luna, yerno de Otto Pérez Molina y hasta el 2 de junio pasado secretario general de la Presidencia, fue involucrado esta tarde por la Fiscalía General y la CICIG en una red de tráfico de influencias al más alto nivel, para servir intereses de terceros, incluidas empresas económicamente fuertes.

El escándalo dio inicio a una fuertes movilizaciones en la capital demandando transparencia y lucha contra la corrupción además del final del gobierno de Otto Pérez Molina. 60 mil personas se congregaron el 16 de mayo en la Plaza de la Constitución.

Como señalara Julio Ligorría en el diario El País, “a fuerza de presión social y una revolución bulliciosa y cívica, ha nacido un nuevo país. La sociedad ha enviado un mensaje alto y claro a una clase política que se prepara para elecciones en el mes de septiembre. Los políticos tendrán que reinventarse y trabajar muy rápido para producir las reformas necesarias, si quieren generar condiciones de gobernabilidad y paz social durante los siguientes años”.

Sobre todo cuando han salido a la luz nuevos escándalos que involucran al principal partido de la oposición, LIDER de Manuel Baldizón.Unas movilizaciones que han desvelado el fuerte desapego hacia los partidos y las instituciones.

Las investigaciones han alcanzado al partido Libertad Democrática Renovada (Líder), con la petición de antejuicio contra su vicepresidenciableÉdgar Barquín y otros seis diputados.

El golpe final para la administración de Pérez Molina vino cuando el Congreso, con los votos del Partido Patriota, se inclinó a favor de enjuiciar al presidente por 132 votos a favor y ninguno en contra.

La dimisión de Pérez Molina, tras perder la inmunidad esta semana, es mucho más que el final de un presidente y una administración. Abre las puertas a  cambios mucho más profundos que deberán venir del próximo Congreso y del próximo gobierno que salga de las elecciones presidenciales de este 6 de septiembre.

No reformar el sistema político, el de partidos y el electoral puede poner en peligro las propias bases de la democracia guatemalteca y ahondar el rechazo de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones representativas.

Como señala el director de la revista Contrapoder, Juan Luis Font: “El orden legal ha prevalecido y ha resultado suficiente para poner coto a los corruptos. En cambio, aún no ha sido efectivo para lograr una sola de las transformaciones de las que el país está urgido. Un nuevo modelo electoral que propicie la generación de un sistema político verdaderamente democrático. La reforma de la ley orgánica del Congreso para convertir al Legislativo en un verdadero parlamento. Una nueva ley de Servicio Civil que le provea de efectividad y precisión técnica al Estado. Una ley de Contrataciones que dote de transparencia y pulcritud a los negocios públicos. Y una reforma al sistema de justicia que garantice independencia, balance y pulcritud en los jueces”.

Esa es la tarea que tiene por delante la clase política guatemalteca que, tradicionalmente y en la mayoría de las ocasiones (con las excepciones de 1985 y 1993), ha demostrado no estar a la altura de tales retos.

 
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