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El “fuera Correa, fuera” y la institucionalidad de Ecuador PDF Imprimir E-Mail

Ago-04-15 - por Carlos Malamud (Infolatam )

En los últimos dos meses es cada vez más frecuente escuchar en muchas de las manifestaciones que recorren las calles de Ecuador el grito de guerra opositor de “¡Fuera Correa, fuera!”. Dada la suerte corrida por buena parte de los gobiernos previos a Correa estas palabras esconden un fuerte potencial “destituyente”, para utilizar un concepto tan querido por los actuales populistas latinoamericanos. En efecto, desde la destitución de Abdalá Bucaram en febrero de 1997 ningún presidente electo ecuatoriano terminó su mandato.

La situación cambió radicalmente en noviembre de 2006 cuando Correa fue elegido presidente, cargo para el que fue reelecto sucesivamente en 2009 y 2013. Para ello fue necesario interpretar favorablemente la Constitución redactada a su imagen y semejanza en 2008, que autorizaba una sola reelección. Según la máxima norma ecuatoriana Correa deberá abandonar forzosamente el poder en 2017, aunque con el ánimo de evitarlo sus partidarios han impulsado una reforma constitucional para instaurar la reelección indefinida.

Hasta ahora la versión oficial de Correa afirma que la proposición de reforma prosperó contra su voluntad y que “en principio” no se presentará a las elecciones al vencer su actual mandato. Ese “en principio”, muy próximo al “por ahora” chavista, no termina de aclararse. Obviamente, en el momento de tomar una decisión al respecto, el deseo y la presión del pueblo serán tenidos en cuenta.

Pese a sus resistencias a un nuevo mandato, Correa jamás ha manifestado que si bien le parece correcta la reelección indefinida él, como presidente ecuatoriano, no va a vulnerar las leyes ni bastardear las instituciones de su país para introducir dicha reforma. De hacerlo, esto implicaría apoyar una modificación constitucional en la que cree no para beneficiarse personalmente de la misma sino para que entre en vigor con un nuevo presidente. Sería la única manera de evitar que una vez más se cambien las reglas de juego a mitad de partido en beneficio de quien las elabora.

Precisamente en la defensa de la legalidad y la institucionalidad es dónde radica uno de los principales problemas del sistema político ecuatoriano, y de buena parte de los latinoamericanos. Temeroso de seguir la suerte de sus predecesores Correa, con un incuestionable respaldo popular, erigió unas instituciones a su medida. De este modo, por ejemplo, y sin claras potestades para ello, convocó un referéndum que lo habilitó para llamar a elecciones a una Asamblea Constituyente que finalmente disolvió el Congreso. Se dio el caso de que en el Parlamento el oficialismo no tenía mayoría, de modo que sus maniobras le permitieron perpetuarse más fácilmente en el poder.

Desde entonces comenzó a descalificar como “golpista” cualquier intento opositor por impulsar sus naturales reivindicaciones para consolidarse como alternativa de poder. También suele hablar de “restauración oligárquica o conservadora”, tratando de deslegitimar a la oposición y embanderarse con las propuestas de un progresismo o un socialismo que no termina de verse a lo largo de sus mandatos. Quizá el controvertido tema del aborto sea un claro ejemplo, aunque no el único, Tras presionar al Congreso ecuatoriano para que no aprobara la legalización del aborto Correa se manifestó rotundo: “Creo en la familia y creo que esta ideología de género, que estas novelerías, destruyen la familia convencional, que sigue siendo y creo que seguirá siendo la base de nuestra sociedad”.

La libertad de expresión es otro terreno donde Correa suele recibir las críticas más duras, tanto desde dentro como desde fuera de su país. Su postura es radicalmente opuesta a los cuestionamientos más generalizados, ya que según su punto de vista en Ecuador “hay total libertad de expresión, pero como toda libertad tiene que venir con responsabilidad”.

Por eso los periodistas o columnistas irresponsables son castigados con severas penas y cuantiosas multas por una justicia escasamente independiente. Así y todo, en una reciente entrevista en televisión Correa reconoció su intolerancia: “sí soy intolerante con las mentiras, con la corrupción, con la mala fe, con lo que hemos visto estos días [las protestas de la oposición], con la doble moral”

Para el próximo 13 de agosto hay convocada una huelga general en Ecuador, que coincidirá con una marcha sobre Quito convocada por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), un “recorrido por la vida y los derechos” según la denominación de los organizadores. Tras ocho años de gobierno el descontento de los sectores populares y de las clases medias ha aumentado de modo considerable y este descontento es el que impulsa el “Fuera Correa, fuera”.

Sin embargo, para la consolidación de la democracia ecuatoriana, tan afectada por la gestión personalista y en algunos momentos autoritaria de Correa, lo menos conveniente sería un nuevo “golpe de calle” en Ecuador. El gobierno debería reflexionar sobre la imposibilidad de seguir gobernando el país como si se tratara de un fundo particular, sin siquiera escuchar las voces divergentes. Y la oposición, pese a su fragmentación y debilidad, debería apostar claramente por los cauces institucionales. Sólo así se cargaría de razón para el futuro.

 

 
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