Abr-18-08 por Daniela Espinoza M.* 

El referendo para aprobar el Estatuto Autonómico de Santa Cruz está cerca y lo más probable es que se realice sin mayores contratiempos, pero todavía está lejos la posibilidad de que este documento se aplique y traduzca en acciones prácticas.

En definitiva, muchos de los elementos que contempla el referendo no están respaldados en ninguno de los textos constitucionales, ni el vigente, ni el que fue aprobado por el oficialismo contra viento y marea en la ciudad de Oruro.

Lo que sí puede afirmarse es que el Gobierno ha perdido la primera de una serie de pulsetas que con seguridad acompañará este proceso. El Ejecutivo hizo todo por frenar el referendo, incluida la aprobación de una ley para condicionar la realización de la consulta a una convocatoria congresal, pero no logró su objetivo. Durante las últimas semanas también la Iglesia se dedicó a intentar persuadir a representantes cívicos cruceños sobre la conveniencia de dejar en suspenso la realización del acto, pero tampoco pudo.

Consciente anticipadamente de su derrota, al Gobierno no le quedó otra que aceptarla, porque de otra manera habría quedado en evidencia no sólo que las principales instituciones y el pueblo de Santa Cruz le daban la espalda, sino también las fuerzas responsables de garantizar el orden y la paz social el 4 de mayo. De hecho, se había insinuado ya un frente de conflicto interno en la Policía a raíz de la orden gubernamental de no mover un efectivo en esa fecha, cuando la autoridad de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz tiene, el día de la consulta, las atribuciones para mandar sobre la institución del orden.

Pero más allá de estos eventos que irán pasando rápidamente a la historia, lo que viene es lo más importante. ¿Qué va a cambiar después del 4 de mayo en Santa Cruz? ¿En qué se traducen los cambios contenidos en el Estatuto Autonómico? ¿Qué alcance tiene este documento? ¿Cuáles son en realidad las diferencias de visión que enfrentan al Gobierno con las cuatro regiones que integran la "Media Luna"? Con seguridad, ése será el próximo debate.  

El día después 

Poco o nada va a cambiar en términos legales luego del 4 de mayo. Si se cumple el pronóstico de varios estudios de opinión y encuestas que circulan en el país, lo más probable es que el Sí al Estatuto Autonómico cruceño gane la consulta con un margen abrumador sobre el No. Se habrá legitimado socialmente el Estatuto, pero no por ello será legal, ya que la sola votación popular no resuelve el conflicto que se genera entre el texto autonómico regional y el texto de la Constitución Política del Estado (CPE), tanto de la versión que vale actualmente, donde las autonomías ni siquiera existen, como en la controversial propuesta aprobada por el oficialismo en la cual el alcance de lo autonómico es mucho más limitado.

Para el abogado y especialista en temas relativos a la autonomía, Juan Carlos Urenda, los alegatos sobre la legalidad del referendo son inapropiados, como se establece en una sentencia constitucional; tienen base fundamental en virtud de los artículos 4, 229 y 35 de la CPE, el primero de los cuales establece que "el pueblo delibera y gobierna a través de referendos"; el segundo de ellos señala "que los derechos y principios constitucionales no necesitan una reglamentación" y el tercero "establece que los derechos que emanan de la soberanía popular no pueden ser alterados" ni siquiera por el texto constitucional.

Cita también el Pacto de San José de Costa Rica que establece el derecho de los ciudadanos a la conformación de los órganos públicos, así como la aplicación de un principio universal basado en los tres artículos de la CPE.

"Es importante, sin embargo, dejar muy claro que la causa central del conflicto se genera en el incumplimiento que hace la Asamblea Constituyente (AC), de manera irresponsable, del mandato soberano de las autonomías del 2 de julio en las urnas, lo que nos obliga a recurrir a los artículos de la CPE antes mencionados", añade.

El desconocimiento de la AC, explica Urenda, obligó a los cuatro departamentos que buscan autonomía a llevar adelante un proceso de "reconducción soberana", para poner en práctica el mandato soberano expresado por el Sí en las urnas.

"Si el Gobierno, en su afán dictatorial y poco plural, no ha logrado hacer aprobar en forma legal una Constitución, no por ese error, atribuible casi exclusivamente a la mayoría parlamentaria del MAS, el derecho del 2 de julio expresado en las urnas iba a ser conculcado", señala.

Las competencias

El proyecto de Constitución del MAS asigna a los departamentos autónomos únicamente 13 competencias, de las cuales sólo cinco son de carácter exclusivo: i) Planificación y gestión del desarrollo socio-económico departamental; ii) Aprobación del presupuesto departamental; iii) Planificación y ejecución de la infraestructura departamental; iv) Otorgar personalidad jurídica a fundaciones, ONG, asociaciones, sindicatos y comunidades del Departamento y v) Dotación de infraestructura, equipamiento y recursos económicos a gobiernos municipales para protección a niñez, tercera edad, discapacitados y otros sectores vulnerables.

El Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en cambio, suma a esas competencias otras 40. En total serían 53 competencias exclusivas. Según el jurista y senador Carlos Böhrt, coautor del libro Puentes para un diálogo democrático, este modelo autonómico peca por "exceso porque pretende monopolizar asuntos tan sensibles como la distribución y redistribución de la tierra o las licencias para la provisión de servicios".

Juan Carlos Urenda asegura que no se trata de sumar y califica como "vergonzosas" las 13 competencias autonómicas que plantea el proyecto de CPE del MAS. "La Ley de Descentralización Administrativa le da hoy más competencias a la Prefectura que esas 13, de las cuales cinco son de planificación, cinco de fomento y de promoción y las otras de coordinación. Esas de ninguna manera son competencias autonómicas", asegura.

Ante la ausencia de competencias constitucionales, añade el abogado y especialista, es que las regiones, en la posibilidad de hacer un Gobierno autónomo, tuvieron que ampliarlas.

Las competencias se irán aplicando de manera gradual, según explica Urenda. Como una de las primeras medidas se ha establecido la convocatoria, en 90 días, para los miembros de la Asamblea Legislativa y la conformación de una comisión que negociará con el Gobierno la transferencia de las competencias.

En realidad, el problema radica en qué competencias son, según la nueva CPE, indelegables del Gobierno central y cuáles no. El Estatuto cruceño se apropia de 21 de las materias que el proyecto de CPE caracteriza como no delegables. Es decir, el 50 por ciento de los ámbitos de competencia gubernamental pasarían, conforme lo establece Santa Cruz, al ámbito departamental.

De las 21 competencias que perdería el Estado a favor del Gobierno departamental, las que más relevancia tienen son aquellas vinculadas a los recursos naturales, la tierra, el territorio y las actividades productivas (agricultura, ganadería, explotaciones forestales, etc).

Para el Gobierno, aparentemente, es inadmisible que desde las regiones se defina la distribución y el uso de la tierra, mientras que para las regiones éste parecería ser un elemento fundamental de su propuesta. No en vano el presidente de la CAO, Mauricio Roca, pidió a los agropecuarios defender sus tierras hasta el 4 de mayor, porque a partir de esa fecha "la Prefectura será la que se haga cargo del saneamiento".

No debe olvidarse que entre los objetivos de política de tierras del Gobierno figura el saneamiento de más de 7.5 millones de hectáreas, de las cuales un 60 por ciento se encuentran en el oriente del país: Beni, 32 por ciento; Santa Cruz, 28 por ciento; Pando, 2 por ciento y el resto en los valles y altiplano.  

Un modelo casi federal 

Según Carlos Böhrt, el hecho de que el modelo autonómico cruceño prefigure los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de sumar el Electoral lo acerca mucho al sistema de gobierno federal. "Casi se llega a confundir con este", asegura. 
Para Urenda, "sin duda el proceso se ha acercado mucho al modelo federal, sin llegar a serlo, pues el sistema federal plantea el establecimiento de un parlamento bicamaral, que no es el caso nuestro". 

Caminos de solución 

Expertos en el tema plantean alternativas que permitan compatibilizar la nueva CPE con el Estatuto Autonómico cruceño, considerando dos criterios:  

1. Reconocer y aceptar que la propiedad de la tierra y de los recursos naturales no renovables es originalmente del Estado, el que, en ejercicio de la potestad legislativa y a través de las políticas públicas, decide su distribución y aprovechamiento; y

2. El principio de subsidiaredad y la presencia de determinantes ecosistémicos y biodiversos recomiendan que la gestión de la tierra y de los recursos naturales renovables y no renovables se realice a través de competencias compartidas, de manera tal que el Gobierno nacional preserve la potestad legislativa y en algunos sectores, como el de hidrocarburos, también las funciones ejecutivas y administrativas, mientras que en el resto de los sectores las facultades reglamentarias, ejecutivas y técnico-administrativas puedan encomendarse a los gobiernos subnacionales, en grados y modalidades diferentes, según se trate de unas y otras áreas. (Carlos Böhrt, Silvia Chávez, Andrés Torres, Puentes para un diálogo democrático, Proyectos de Constitución y Estatutos: Compatibilidades y Diferencias. 2008, FES-Ildis y fBDM).

Urenda asegura que no hay ninguna posibilidad de compatibilizar el Estatuto cruceño con la nueva CPE, porque como explica ampliamente en el artículo "La Constitución antidemocrática del MAS" (PULSO, domingo 6 de abril) la intención del proyecto de Constitución no sólo no incluye autonomías de manera franca y clara, sino que pretende destruir las autonomías departamentales. "Entonces ¿qué vamos a compatibilizar? ¿Una autonomía plena con un texto constitucional que la quiere destruir? Creo que la única forma de avanzar sería si la Constitución recoge los principios de las autonomías y para ello tendría que modificarse radicalmente el texto, e incluirlo como una medida transversal al Estado", dice el jurista. 

Con respecto al tema de los recursos naturales, el especialista en temas autonómicos es enfático al señalar que el Estatuto reconoce la competencia nacional de los recursos naturales no renovables, mientras que plantea capacidad departamental para el manejo de los recursos naturales renovables. 

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia