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La lucha por el Estado en América Latina PDF Imprimir E-Mail

Nov-24-14 - por Carlos Malamud (Infolatam)

La reciente actualidad informativa latinoamericana se sintetiza en algunos titulares, comenzando por las manifestaciones en México tras el asesinato de los 43 normalistas o los avatares de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Todo esto sin desconocer el escándalo de Petrobras en Brasil, la puerta abierta a la reforma constitucional en Ecuador o las propuestas para introducirla en Uruguay. Finalmente, las denuncias del gobierno argentino contra jueces “golpistas”.
 
Es difícil encontrar un denominador común para juzgar cuestiones tan dispares, aunque en el fondo subyace la peculiar función del estado en los sistemas políticos regionales. Por lo general se trata de un Estado deificado, siempre con mayúscula y omnipresente. En todos los casos aludidos subyace el control del estado y su utilización. Esto se observa en Petrobras y en las investigaciones de la justicia contra una empresa hotelera de la presidente argentina Cristina Fernández.
 
De las cleptocracias de mediados del siglo XX, encarnadas por el clan Somoza en Nicaragua o la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, se ha pasado al capitalismo de amigos. Tradicionalmente buena parte de los empresarios y grandes propietarios regionales han intentado manipular al aparato del estado y a muchos de sus gobernantes en su beneficio. El proteccionismo actualmente dominante carece de color político y el “compre nacional” no beneficia a los sectores populares, sólo engorda a los más ricos.
 
En buena medida esto ocurrió y sigue ocurriendo por la debilidad institucional y el deficiente equilibrio de poderes. El excesivo peso del presidencialismo debilita la función de control y contrapeso de los parlamentos y del poder judicial, frecuentemente meras comparsas en manos de los mandatarios. Las “leyes habilitantes” en Venezuela, que otorgan al ejecutivo plena capacidad legislativa durante un plazo prolongado, es un claro ejemplo, aunque no el único.
 
La corrupción es otro elemento importante, como muestra el caso de Petrobras. No se trata únicamente de beneficiar a ciertas empresas “nacionales” y amigas, sino también, en el mismo esquema, de generar recursos para financiar a los partidos políticos y sus campañas electorales. En Brasil el gobernante PT está siendo muy afectado, aunque no es la única organización política implicada en el escándalo.
 
En Argentina, tras la apertura de investigaciones judiciales contra los Kirchner, el gobierno ha salido en tromba ante lo que considera una agresión judicial. Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete, habló de “hostigamiento judicial” y “golpismo activo del Poder Judicial”. El líder piquetero Luís D´Elía acusó a la “mafia judicial” de buscar un “golpe destituyente”, y pidió clavar simbólicamente en una pica la cabeza del juez. Aníbal Fernández, connotado senador oficialista, remató: “en ningún país del mundo se allana una empresa que pertenece a la presidenta… Es un gesto… absolutamente falto de decoro”. Es decir, el decoro presidencial por encima de la ley y de la obligación de respetarla.
 
La llegada de políticos populistas al poder reforzó la tendencia que propicia la simbiosis entre gobiernos y estado. La legitimidad de origen aportada por el triunfo electoral da acceso al “todo vale” y al “todo me es permitido” porque tengo el respaldo popular. De ahí la deriva que conduce de un país a otro a la reelección permanente. El fenómeno comenzó en la Venezuela de Chávez y se extiende al Ecuador de Correa gracias a un fallo de la Corte Constitucional que convierte la reforma de la Constitución en un mero trámite parlamentario dada la mayoría oficialista. Bolivia, voluntad de Evo Morales mediante, puede ser la próxima estación.
 
Uruguay se ha caracterizado por su alta institucionalidad y respeto a las leyes. La idea se repite en las encuestas, como Latinobarómetro, y en los rankings de dentro y fuera del continente. En este pequeño país rige, como en otros de la región, la doble vuelta en las elecciones presidenciales. A diferencia de muchos, como Argentina, Bolivia o Nicaragua que introducen correctores que suelen dar ventaja a los oficialismos, en Uruguay hay segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene el 50% de los votos.
 
Tras su susto reciente, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quiere cambiar el sistema y condicionar el balotaje a determinados resultados. Es el mismo candidato que rehúye debatir públicamente con sus contrincantes para no cometer errores que lo hagan perder la elección. Si se introduce la segunda vuelta para dotar de mayor legitimidad a los gobiernos elegidos por votación popular el camino propuesto no es el más adecuado. Lo más sencillo es la elección por mayoría simple, como en México, donde el candidato más votado, con independencia del número de sufragios obtenido, es elegido presidente.
 
En México y Colombia parte del conflicto se relaciona con el ejercicio del monopolio de la violencia, disputado por grupos con agendas diferentes a la gubernamental. En Colombia, las FARC quieren constituirse en estado paralelo y en La Habana intentan discutir de tú a tú con los representantes del estado colombiano. En México el narcotráfico se ha erigido como contrapoder en muchos estados y ciudades gracias a la inestimable colaboración/complicidad de autoridades locales y estaduales. Las justas demandas de la población por la aclaración del abominable crimen de Iguala deben apuntar claramente contra el narcotráfico y sus aliados, exigiendo el fin de la impunidad.
 
En todos los casos encontramos otra tendencia omnipresente en América Latina, la búsqueda de atajos para resolver problemas políticos, económicos y sociales. El amiguismo, el compadreo y la vulneración de la ley (o el intento de rodearla aunque sin caer abiertamente en el delito) suelen acabar, en el medio plazo, con resultados peores a los esperados. Pero para entonces el daño ya está causado y los beneficios para sus impulsores obtenidos. Es evidente que en América Latina hace falta más Estado. Ahora bien, para que éste pueda cumplir eficazmente sus funciones debe estar acompañado de leyes e instituciones y debe dejar de ser una mera herramienta en manos de los presidentes.
 
 
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