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De la comunicación de los resultados PDF Imprimir E-Mail

Dic-01-14 - por Oscar Bottinelli

Hoy hay elecciones, se cierra el ciclo electoral nacional; a más tardar a las 20 y 30 horas se clausura la recepción de votos en todo el territorio nacional. En las últimas experiencias, la ciudadanía debió esperar entre 18 y 27 horas para conocer el resultado a través de datos no completos del escrutinio primario (el 1° de junio esa espera fue de más de una semana). Uruguay es uno de los países al tope en el mundo en calidad de las elecciones en cuanto a forma y a contenido, y sobre todo en cuanto a la confianza de la sociedad en la legitimación del resultado y en cuanto al respeto y confianza en la Justicia Electoral. No son muchos los países que exhiben casi un siglo de elecciones de plena competitividad con garantías absolutas; solo se cuenta alguna que otra excepción en momentos de debilitamiento de la poliarquía.

En el mundo políticamente desarrollado ya no es aceptable una demora mayor a las tres horas para que se conozca el resultado electoral. En prácticamente ninguno de esos países desarrollados, con poliarquía de larga vida y elecciones plenamente competitivas, ocurren demoras mayores. La sociedad no puede esperar más de tres horas ya avanzado el Tercer Milenio, en la era del twitter, el mail, el sms, las diversas formas de chat y de video comunicación instantánea. Este es un elemento crucial.

El otro elemento crucial es que la urgencia en divulgar datos preliminares en ningún momento puede poner en riesgo las garantías electorales ni la credibilidad de la sociedad en los procedimientos electorales y en la Justicia Electoral. Esto es fundamental. Lo uno y lo otro deben combinarse sin ninguno poner en riesgo al otro.

Hasta ahora Uruguay ha subsanado esa necesidad posmoderna de la sociedad a través del método de proyección de escrutinio por consultoras privadas, que en general ha sido muy exitoso, aún en la polémica divulgación de la pasada elección del 26 de octubre. Porque independientemente de debilidades iniciales de unos u otros, a las tres horas de cerrados los comicios las proyecciones de escrutinio daban resultados muy afinados dentro de los márgenes de error estadísticos de la técnica. Las dos proyecciones más aproximadas al resultado del escrutinio primario estuvieron en el mismo margen de error que la proyección de escrutinio realizada por el principal partido del país, es decir, en el orden del +/- 0,5 ó 0,6%. Lo más importante a fin de cuentas es que la sociedad y el sistema político cuentan con información que les permite conocer los resultados y evaluar las conductas a seguir. Y esa información es producto del esfuerzo realizado por profesionales privados en el ejercicio privado de la actividad y mediante el financiamiento de los canales privados de comunicación. No solo el Estado no participa en su realización, no solo no participa en su financiamiento, sino que inclusive recauda de los costos en que se incurre para realizar la actividad. Esto es quizás la mayor de todas las anomalías que presenta el Uruguay frente al resto de los países políticamente desarrollados.

La divulgación rápida de resultados electorales es una responsabilidad del Estado, que Uruguay es el único país de ese mundo políticamente desarrollado que no asume. En esos país la divulgación se hace habitualmente por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia o la autoridad electoral, ya sea la Justicia Electoral o la autoridad responsable de la organización de los actos electorales. Hay formas mixtas, como la que practicó México con gran éxito en el año 2000. El entonces Instituto Federal Electoral -con apoyo económico de Naciones Unidas- contrató a cuatro consultoras de opinión pública para realizar la proyección de escrutinio, más una quinta consultora con funciones de auditoría y consolidación de datos. Con este trabajo, el IFE anunció el triunfo de Vicente Fox como presidente de la República. Luego vino con calma el desarrollo del escrutinio en todas las casillas, más las revisiones a distinto nivel, más las apelaciones que en última instancia llegan al Tribunal Federal Electoral. Pero esa noche hubo resultados claros e inequívocos, con el respaldo y el apoyo del Estado. Tan claros e inequívocos como en Uruguay, pero aquí a impulsos privados. Este es un tema, el quién divulga.

Otro tema es el del método para acelerar la comunicación de los datos electorales. Hay varios. Uno es la proyección de escrutinio, utilizada en Uruguay, en México y de largo tiempo en todo Europa, que consiste en expandir los resultados de una muestra científicamente elaborada que, con cierto margen de error estadístico, permite conocer el resultado global de la elección. Otro método es el conteo rápido, es decir, el cómputo sintético de todos los votos de todos los circuitos del país en el mismo momento en que se abren los sobres, lo cual es posible si se cuenta con un adecuado sistema informático de cómputo y un adecuado sistema de trasmisión de datos. Un tercer método es el voto electrónico, que requiere de un sistema de votación y de cómputo más afinado aún que en el conteo rápido y el mismo adecuado sistema de trasmisión de datos. Produce un avance en la divulgación del resultado de aproximadamente 60 minutos (no mucho más) y un mayor riesgo de fallas en el cómputo de los votos, que puede llegar a cifras astronómicas para Uruguay, como del 2% o más ,Esa diferencia es mayor a la distancia con que ganó Vázquez en primera vuelta en 2004; e igual o mayor a la no ganancia en primera vuelta de Mujica en 2009 y Vázquez el 26 de octubre pasado. Es una diferencia mayor al margen de error de la proyección de escrutinio. No es la panacea, como a veces se presenta. Hay además otros métodos y varias combinaciones de métodos.

Por tanto. La divulgación la puede hacer el Estado, la pueden hacer privados o la pueden hacer privados con el contralor o con el apoyo del Estado. Los métodos a utilizar pueden ser varios. Lo importante es que haya una divulgación rápida de los resultados electorales, que esa divulgación sea confiable (como por ahora lo sigue siendo en Uruguay) y que el Estado asuma su responsabilidad en la materia.

 

 
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