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La Ley de Servicio Militar Obligatorio PDF Imprimir E-Mail
Ago-19-14 - por Raúl J. Romero

La ley de educación gratuita, laica y obligatoria del 8 de julio de 1884, la del servicio militar obligatorio (SMO) de 1901 y la del voto universal, secreto y obligatorio del 10 de febrero de 1912, configuran el trípode normativo sobre el cual se constituyó la Argentina moderna.

Estas leyes, separadas entre sí por un período de 28 años, democratizaron la educación, la prestación de servicios militares y el voto para la elección de autoridades.

Las tres cimentaron las bases de una nación moderna, pluralista y que privilegiaba la igualdad de oportunidades a una población joven y heterogénea.

Se podrá discutir la oportunidad en que fueron dictadas o si debieron hacerse en simultáneo u en otro orden de prioridades, pero lo que no podemos dejar de resaltar es que sin libertad e igualdad no puede existir una nación democrática, y precisamente a esto apuntaban estas leyes.

La ley 1420 (que se dictó en 1884) estructura el sistema educativo nacional, estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza libre, gratuita y bajo la responsabilidad del estado.

Diecisiete años después, en 1901, la ley del servicio militar obligatorio impuso que todos los ciudadanos de 20 años pasaran prestar el servicio militar por un tiempo determinado, con lo cual todos los ciudadanos de la nación formarían parte de las fuerzas armadas, sucesiva y escalonadamente.

Finalmente, el 10 de febrero de 1912 se sanciona la ley 8871 (llamada comúnmente Ley Sáenz Peña) que otorga la posibilidad de elegir autoridades a todos los ciudadanos del país. Sin lugar a dudas, esta es la reforma política más importante en la historia de la República Argentina.

Estas leyes constituyen el plexo normativo donde se asienta la Argentina moderna y que, luego de casi cien años de vida independiente, hace realmente posible que todos sus ciudadanos sean alcanzados por iguales derechos y obligaciones ante el estado nacional. En el presente trabajo nos focalizaremos en destacar la importancia de la ley del SMO y por qué se coloca en pie de igualdad con las otras dos.

En el siglo XIX comienza en Europa la profesionalización de los cuerpos de oficiales, que siempre estuvo asociado a la transformación de las fuentes de reclutamiento de la tropa, es decir que conlleva el pase de soldados de carrera a ciudadanos soldados.

Prusia fue el primer país que profesionalizó el cuerpo de oficiales y el primero que implementó el servicio militar obligatorio.

En nuestro país, luego de su constitucionalización en 1853 y durante la presidencia de D. F. Sarmiento en 1869, se crea el Colegio Militar de la Nación, con lo cual se comienza a transitar este proceso de cambio en la composición de los cuadros superiores. Como resultado de esto, a principios del siglo XX empiezan a convivir oficiales provenientes del viejo Ejército de Línea y de la Guardia Nacional, con aquellos egresados del Colegio Militar de la Nación.

Por el contrario, la tropa estaba compuesta por “enganchados” o soldados profesionales a sueldo, como así también con algunos provenientes de antiguas levas obligatorias y otros, que habían sido sacados de las cárceles para incorporarse a los cuerpos de línea, donde se habían redimido al luchar con valentía desde las guerras de la independencia hasta las últimas luchas civiles.

En los inicios del siglo XX la Argentina estaba pacificada: habían cesado sus luchas internas y externas, se había ocupado el territorio nacional y consolidado sus fronteras exteriores. A partir de 1880 el progreso y su población habían mutado totalmente el país inhóspito y bravío que había despuntado a la libertad a partir de 1810.

El desarrollo político y social acompañaban el despegue económico de la nación y hacía imprescindible la adecuación de las instituciones existentes a los tiempos que corrían. Las fuerzas armadas, como institución fundamental de la nación, también debían modernizarse y adecuarse a las necesidades de la época.

Esto no podía pasar desapercibido para un presidente como Roca, militar profesional y riguroso estudioso de los conflictos bélicos de su tiempo, especialmente de la Guerra de Secesión Americana y la Guerra Franco-Prusiana. Este último conflicto, cuyo desenlace hizo cambiar totalmente los sistemas de reclutamiento y ascensos en Francia, mostró el fracaso total de este modelo militar.

Por otra parte, el General Upton -enviado por Estados Unidos a Europa a observar los desarrollos de los nuevos modelos de FF.AA- recomienda, en un célebre documento de 14 puntos redactado para su país, la adopción del modelo militar prusiano.

Todo esto, más la conflictiva relación con Chile, debieron estar presente en el pensamiento del presidente Roca a la hora de proponer las reformas a la organización del ejército argentino en la época.

El presidente Roca, en su mensaje al Congreso de apertura de sesiones en 1899, se refiere a las instituciones militares, al manifestar que las leyes que las regulan son deficientes y no responden a las exigencias de la época ni a la necesidad de ajustarse a los principios modernos; se refiere, además, a la necesidad de contar con veteranos instruidos.

Al año siguiente (1900) y en la misma ocasión, se refiere a que el Poder Ejecutivo propondrá la reforma del sistema vigente y la creación de nuevas instituciones.

En 1901 se trata en el Parlamento la Organización del Ejército Argentino. Se presentan dos proyectos, uno denominado “Composición del Ejército de la República Argentina” de los diputados Capdevila y Godoy, y otro del Poder Ejecutivo titulado “Organización del Ejército de la Nación”.

La diferencia fundamental entre ambos es que el primero mantiene el sistema tradicional de soldados voluntarios y destinados, sin perjuicio de la Guardia Nacional a la que pertenecen todos los ciudadanos de 18 a 45 años. Por el contrario, el del PE elimina el sistema anterior y crea el servicio de conscripción, obligando a todos los ciudadanos de 20 años a prestar servicio militar por un tiempo determinado, donde todos los ciudadanos varones de la nación cumplirán con esta obligación sin distinción de raza, culto o grupo de pertenencia.

El trámite parlamentario para la sanción de la ley no fue sencillo. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto y luego el Senado lo devuelve a la Cámara Baja con modificaciones. Esta última acepta algunas y rechaza otras, con lo cual el proyecto retorna a la Cámara Alta, que insiste en su posición y finalmente la Cámara Baja acepta la posición del Senado y el proyecto tiene sanción definitiva. Durante los debates, varios diputados que eran militares en actividad -algunos de ellos veteranos de la guerra del Paraguay- critican aspectos del proyecto, pero finalmente se logra un acuerdo para las mayorías necesarias.

El proyecto del PE fue inspirado por el presidente Roca e instrumentado y defendido parlamentariamente por el ministro de Guerra, Coronel Ricchieri, que representaba a los nuevos cuadros de oficiales, con mayor formación académica y técnica y que por su edad no habían participado en los conflictos internos y externos que se libraron durante el período en que la nación buscaba su organización definitiva.

A partir de la promulgación de esta ley, la carga pública de prestar servicios militares a la nación pasó a ser una obligación común para todos los argentinos e igualó a todos los habitantes, dejando de lado las excepciones que a hasta ese momento existían en el cuerpo social de la nación.

Por ser por todos conocido y no constituir la finalidad de este trabajo, no abundaremos en los avances y ventajas que representó el SMO para la nación a partir de su implementación, pero sí recordaremos que en este momento histórico que transitamos, desde importantes sectores de opinión comienzan a surgir voces que proponen sus restitución.

Sí tenemos resaltar, sin embargo, la importancia de esta legislación que iguala a todos los ciudadanos en un carga pública y que, visto en perspectiva, nos muestra que la democratización en el acceso a la educación fue un paso previo a la democratización en la obligación de prestar servicios militares a la nación y ambas leyes abren el camino para la democratización de la política.

Por todo ello creemos firmemente que estas tres leyes constituyen el trípode fundamental donde se asienta el consenso básico de los argentinos y que marcan el comienzo de la verdadera democratización de nuestra sociedad. 

 
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