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La política militar en marzo (I) PDF Imprimir E-Mail

Abr-08-08 - por el CENM

Durante los meses anteriores -como viene sucediendo en los últimos años-, la política militar ha tenido dos ejes: la militar propiamente dicha y la política de derechos humanos, que inevitablemente tiene a las Fuerzas Armadas como eje.

En la política militar propiamente dicha, el Ministerio de Defensa lleva al plano militar la política de subsidios sociales que desarrolla para el conjunto de la sociedad, con el objetivo de afianzar la base socio-política que alimenta las estructuras clientelistas. Es así como se anunció un subsidio para los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas que tengan hijos menores de 5 años -el que será de 184 pesos- y la Presidente firmó un plan para construir viviendas para suboficiales y tropa. Ambas iniciativas apuntan a una mejora relativa del personal de menor jerarquía.

En esta misma política se inscribe la ampliación de los subsidios para ex combatientes de Malvinas y de los empleados estatales civiles que fueron movilizados con motivo de la guerra.

La ministra de Defensa anunció fondos para reparar el rompehielos Irízar, pero la ejecución de los trabajos está demorada y recién estaría en servicio en el año 2012. Algunas opiniones sostienen que resultaría más barato adquirir uno nuevo que reparar el que está fuera de servicio.

En lo que hace a la Armada, el Poder Ejecutivo informó que reglamenta su actuación contra la pesca ilegal, para evitar la clásica superposición con la Prefectura y con la ley de defensa, que impide que las Fuerzas Armadas actúen si no es contra un enemigo externo.

Esta Fuerza recibió la orden de explorar el lecho marítimo en torno a las Malvinas con el Buque Puerto deseado, lo que puede generar fricciones con Gran Bretaña.

El éxodo de militares en actividad hacia el sector privado continúa por los bajos salarios y desde el mismo Ministerio se ha informado que la situación en los pilotos es crítica. Se hace evidente que en aquellas especialidades con mayor formación técnica, este éxodo es mayor, dadas las necesidades que hoy no cubre el mercado laboral, que es la falta de personal calificado.

Pero también la situación se da en el personal de soldados y suboficiales sin capacitación técnica, porque los salarios que están cobrando los agentes de las policías provinciales, son superiores incluso en algunos casos a los que perciben oficiales subalternos.

En cuanto a los retiros, aunque la ley dice lo contrario, los suplementos que cobra el personal en actividad hacen que, llegado el momento, sean aproximadamente la mitad. En la prensa se dijo que el Ministerio de Defensa analizaba un incremento de los retiros, pero luego no se confirmó. El bajo monto de los retiros es otra de las causas que explica el éxodo militar hacia el sector civil.

En materia de reequipamiento, se anunció que la Armada tendrá 137 millones para reequipamiento, aunque no está claro cual será el destino específico de este monto.

En lo que hace a la política de modernización social que impulsa el Ministerio de Defensa, se destaca la norma de eliminar las normas que discriminan a los hijos de acuerdo a su situación legal de nacimiento y los que apuntan a promover un mayor rol de las mujeres en los roles de combate -querido por la mayoría de ellas- y a impulsar su mayor participación en las fuerzas multinacionales de paz, las que ya llegan a 65. A ello se agrega el anuncio de que 15 aborígenes se incorporan como soldados voluntarios en una unidad del noreste del país, lo que en realidad viene sucediendo desde el siglo XIX.

Pero también se analiza una reducción de las Fuerzas de Paz en las misiones que están desplegadas, con el argumento de que en realidad cumplen funciones policiales. Ello llevaría a emplear más personal de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y menos de las tres Fuerzas Armadas.

Aprovechando el viaje a Santo Domingo para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Grupo Río, la Presidente realizó una breve visita a la Fuerza de Paz de Haití, mientras que el Jefe del Estado Mayor Conjunto (Chevallier), realizó una gira visitando las distintas fuerzas desplegadas en el exterior.

Se dispuso dotar de un presupuesto de 30 millones de pesos a la Fuerza Cruz del Sur, unidad binacional argentino-chilena, destinada a actuar como fuerza de paz binacional.

En cuanto a las funciones no militares de las Fuerzas Armadas, se puede mencionar el proyecto anunciado para que el Ejército pueda generar luz a partir de la basura y el acuerdo firmado por el gobernador de Buenos Aires (Scioli), para cooperar con la Armada en distintas cuestiones vinculadas al desarrollo económico y social.

Pero han sido las acciones del gobierno para enfrentar las consecuencias del paro agropecuario, las que generaron la utilización más visible de las Fuerzas Armadas fuera de su campo específico. Se dispuso la venta de un millar de cabezas de ganado de la Armada para abastecer el mercado local, cifra que es más bien simbólica por su limitado efecto. Pero tardaron varios días en llegar, no sólo por la acción de los cortes de los ruralistas sino también por la resistencia del personal civil de la Armada a colaborar. También fueron movilizados los pocos Hércules en servicio para transportar mercaderías, como los vuelos realizados a Mendoza y Neuquén y los utilizados por empresas automotrices de Córdoba para eludir los cortes.

Por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se prorrogó el contrato con la empresa Lockheed que maneja la fábrica de aviones de Córdoba, mientras que la firma brasileña Embraer presentó una propuesta para reemplazar el avión presidencial con una aeronave fabricada por esta empresa.

En lo sustancial, avanzó en el Senado la reforma del Código de Justicia Militar, que implica un cambio de fondo que no facilitará el manejo disciplinario dentro de las Fuerzas.

El plan de radarización continúa demorado por una combinación entre el conflicto planteado entre las empresas oferentes y la falta de decisión política. Mientras Argentina sólo cubre el 25% de su territorio con los radares, esta cobertura alcanza al 80% en Brasil, 60% en Chile y 25% en Perú.

 
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