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El rol de los militares en Argentina: III. El rol militar en seguridad interior PDF Imprimir E-Mail
Mar-10-14 - por Rosendo Fraga

La política del Kirchnerismo en materia de fuerza pública fue fortalecer la Gendarmería Nacional (la policía de frontera militarizada), que fue ampliando sus funciones y competencias.

Esta Fuerza, y en menor medida la Prefectura Naval -la guardia costera y de las vías fluviales-, son las que incrementaron más su personal y equipamiento durante la década kirchnerista. La Gendarmería, que ya era utilizada frente a desordenes públicos, fue asumiendo funciones de policía en las rutas nacionales y los ferrocarriles y desde finales del primer mandato de Cristina Kirchner fue desplegada en el Gran Buenos Aires y otros lugares del país para dar seguridad frente al incremento del crimen y el narcotráfico.

Esta política entró en crisis en octubre de 2012, cuando tuvo lugar la primera huelga salarial en la historia de la Gendarmería y la Prefectura, la que se extendió a personal de la Armada. 

El movimiento se prolongó durante más de una semana y el gobierno se vio obligado a ceder, aunque adoptando después medidas disciplinarias contra quienes lideraron el movimiento. 

En septiembre de 2013, semanas antes de las elecciones legislativas, un gendarme en un control de tránsito en la localidad de Lomas de Zamora en el conurbano, filmó al primer candidato a diputado nacional del Kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires (Cabandié) ,cuando amenazaba verbalmente a una joven inspectora de tránsito que lo interrogaba por violar normas como conductor. El video fue difundido en los medios, generando un impacto político importante.

Estos hechos llevaron al gobierno a asumir que no puede dejar toda su confianza en material de orden público en la Gendarmería.

En diciembre de 2013 tuvo lugar la huelga policial por reclamos salariales más extendida de la historia, registrándose protestas con distinta intensidad y modalidades en 21 de las 24 provincias del país. En los saqueos que tuvieron lugar con motivo de la ausencia de fuerza pública en las calles fueron muertas 20 personas y heridas centenares.

Las fuerzas federales (Gendarmería y Prefectura) fueron enviadas a algunas provincias, pero en varios casos llegaron tarde. En Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Chaco han sido detenidos y procesados por “sedición” policías, acusados de haber promovido las huelgas, aunque en la mayoría de los casos se cedió ante el reclamo policial, como era inevitable.

Esto llevó al gobierno a considerar que tampoco puede confiar en las policías en caso de una crisis de seguridad en las calles.

La ley de defensa nacional, al igual que la de seguridad interior sancionadas en 1988 con el voto de radicales y peronistas, establece que las Fuerzas Armadas no pueden cumplir roles en materia de seguridad interior, ni hacer inteligencia en cuestiones como narcotráfico, crimen organizado, protestas sociales, etc.

Las leyes establecen que en el caso excepcional que fuera necesario emplearlas, el Ejecutivo debe primero dictar el estado de sitio -si está en las sesiones ordinarias del Congreso éste debe aprobarlo- y dictar un decreto con las “reglas de empeñamiento”, determinando qué pueden y qué no pueden hacer en este tipo de circunstancia los militares. El decreto reglamentario de la ley de defensa firmado por Cristina Kirchner en su primer mandato a propuesta de la Ministra Garré, pone aún mayores requisitos.

Pese a ello, la decisión de la Presidenta sería utilizar las Fuerzas Armadas ya sea para reprimir una huelga policial o de las fuerzas de seguridad federales, o para reestablecer el orden interno si éste fuera alterado por saqueos fuera de control o una situación análoga. 

Pero Milani viene cumpliendo también un rol extraoficial en materia de inteligencia interior a pedido del gobierno, como lo han denunciado legisladores opositores. Como Jefe de Inteligencia vio incrementar fuertemente su partida secreta para estas actividades. Ya al frente del Ejército, en noviembre de 2013, el Ejecutivo dio 1300 millones de pesos adicionales para realizar “tareas de apoyo contra el narcotráfico”. Es una asignación extra-presupuestaria cuyos fondos se gastan fuera del presupuesto y en forma discrecional.

Esta cooperación se viene dando desde hace más de dos años en el marco del Operativo Fortín que se realiza en el norte del país, con apoyo de efectivos del Ejército y medios de Fuerza Aérea.

La posibilidad de organizar patrullas conjuntas de gendarmes y militares contra el narcotráfico -solo los primeros tienen capacidad legal de detener- habría sido criticada por la conducción de la Gendarmería, por el hecho de violar las leyes de Defensa y Seguridad.

La controversia entre el ministro de Defensa (Rossi) y el secretario de Seguridad sobre si Argentina ha pasado a ser un país de producción y consumo de droga y no solo de tránsito, es una evidencia de las tensiones subyacentes respecto al rol de los militares en esta cuestión.

Notas relacionadas:
El rol de los militares en Argentina: I. Chavismo y kirchnerismo
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