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España: La democracia disruptiva como vía de recuperación social o el colapso PDF Imprimir E-Mail

Ene-08-14 - por Alberto Vila Porto

Alterar, interrumpir, romper el equilibrio de las funciones de un sistema. A estos efectos se les atribuye el concepto de “disrupción”.

En un sentido negativo produciría efectos disfuncionales: un colapso del modelo. Es el caso de los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno Rajoy sobre el sistema basado en el bienestar social. Entre ellas: quiebre de reglas de equilibrio, ignorar el consenso como modo de gestión, someter a las Instituciones del Estado a la ideología de un sector de los ciudadanos, hacer recaer el peso de las reformas sobre un vasto sector socioeconómico en beneficio de minorías ideologizadas o de actividad económica. En las empresas medianas y grandes, por ejemplo. En definitiva, la utilización del poder político como transmisor de la propiedad de áreas de actividad tradicionalmente gestionadas por el Estado a sectores privados de los que podrían ser representantes. Entre otras.

En su aspecto positivo la disrupción podría ser una ruptura con los ineficientes modos tradicionales que nos han llevado hasta aquí. Puede ser, por tanto, el refugio de una manera creativa de afrontar situaciones. Entonces, la circunstancia histórica española nos coloca en una posición tal que se podría aplicar el concepto de “disrupción” en un sentido o en otro. Por ejemplo, llevarlo a cabo permitiría por ejemplo: 

Que en ningún caso se han destacado las razones por las que, en 2012, España tuviera el déficit más alto de toda la UE. Ello, implicaría reconocer que una parte substancial del gasto se aplica en usos no productivos. No me refiero a la salud, la educación, la dependencia o las pensiones. Para nada. Una gran parte reside en el desmesurado dispendio en estructuras innecesarias o simplemente “oscuras”. Buen refugio para el clientelismo político o nepótico. Obra pública subvencionada. El caso de Sacyr y su conflicto con las autoridades del Canal en Panamá sugieren prácticas que se admitían como “usuales” por los diferentes gobiernos españoles. 

No estaría de más el hacer un examen de conciencia apropiado, para esclarecer la escandalosa e incompetente politización de las cajas de ahorros. Sus consecuencias desembocaron en un rescate financiero que deberán pagar, si es posible claro, varias generaciones de españolitos. Esto podría dar las claves para hacer las cosas como es debido y crear una banca de crédito real, eficiente y ética, para crear empleo y sostener una senda productiva. En ese proceso, convertir el ICO, Instituto de Crédito Oficial, en un efectivo financiador de micro y pymes. Evitando, por supuesto, que se destinen sus fondos para financiar a la ineficiente manera de gestión de ciertos administradores del estado. 

El afrontar de manera equitativa, de una vez por todas, el elevado fraude fiscal que se basa en estructuras públicas y prácticas privadas que deben no sólo erradicarse sino penalizarse de manera efectivamente disuasoria. El que no prescriban los delitos económicos, ni se los pueda contemplar en la figura del indulto. Norma esta última que tendría que restringirse de manera notable en sus características arbitrarias. 

El seguir permitiendo que se mantenga la afirmación de que el que el sistema de pensiones sea una falacia, porque nadie cotiza para su futuro sino que se destina a gasto presente, debe ser sustituida por la idea de regular las pensiones de acuerdo a renta y patrimonio, de manera de encontrar equidad. Las obligaciones igualitarias en los derechos deben relacionarse con los patrimonios de los que se disponga, aún a través de sociedades de cualquier tipo. Esto no entra en conflicto con la existencia de planes privados. Lo perverso es entregarles el monopolio de la totalidad del “negocio”. 

El intervenir de manera técnica y efectiva, y no politizada, la mala gestión económica de la inmensa mayoría de grandes municipios y comunidades autónomas. Revisar la incapacidad del gobierno de las comunidades autónomas gobernadas en su mayoría por PP y PSOE, para afrontar la crisis iniciada en 2008. Entre ellas, la existencia de diputaciones en un país teóricamente descentralizado gracias a las autonomías, con una carga de costes de funcionamiento irracionales. No se afronta una gestión razonable de las costosas y politizadas televisiones públicas autonómicas. Su existencia es necesaria, pero garantizando su independencia y capacidad de generación de culturas. Eliminarlas es como pretender ocultar el colosal endeudamiento que adquirió el poder político. 

Establecer mecanismos para evitar la politización de la justicia y la del ministerio fiscal, especialmente en la figura del fiscal del estado. Evitando así que qué las cúpulas de los partidos defiendan por ese medio a sus corruptos. Del mismo modo, legislar para evitar que el gobierno de turno se “apropie” del control de gestión de altos tribunales y órganos de control de los jueces, en beneficio propio. 

Es inaudito que no se asuma que las decisiones políticas de representantes de los partidos mayoritarios hayan encarecido tanto el precio de los recursos públicos en España. Una auditoría resulta imprescindible para revisar la estructura de costes y tarifas, de manera de realizar un efectivo contralor de los monopolios legales que sucesivos gobiernos han entregado al grupo de empresas del Ibex. 

De una vez por todas, legislar de manera de evitar que nadie parezca asumir las numerosas mentiras de los dirigentes políticos españoles. El hecho de que a la mayoría de los votantes les dé igual votar por opciones a sabiendas vinculadas a episodios de corrupción. Tampoco se procura “romper” las mayorías para revisar una la injusta ley electoral. Acabar con la obligatoria disciplina de voto de los partidos, es incongruente con el ejercicio de una democracia efectiva. Por ejemplo, transformando al Senado para que tenga utilidad práctica y reducir sus costes de funcionamiento a niveles lógicos de las posibilidades del Estado español. 

Algunos indicios

Las próximas elecciones a la Eurocámara comienzan a poner de manifiesto que algunas cosas se están poniendo en movimiento en Europa. Dentro de la elaboración de un informe que determinará la legitimidad democrática con la que actuó la Troika, es decir, la Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional. La Comisión de Economía de la Eurocámara interpelará al comisario europeo Olli Rehn, al expresidente del BCE Jean-Claude Trichet, y al director del fondo de rescate, Klaus Regling.

El Informe se ocupará de fijar la responsabilidad que estos gestores han tenido en relación a los cuatro países rescatados globalmente. Por ello recibirán en Estrasburgo sus explicaciones, acerca de las bases que legitimaron dichas medidas. Además, la Comisión de Empleo, se centrará en los daños sociales que ocasionaron los programas de ayuda en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. España no se incluye en razón de que su rescate se limitó a la banca. Pese a que la transferencia de las obligaciones pasaron de quedar en el sistema financiero a convertirse en deuda pública que los españoles le “deben a los bancos”. Curioso modo de resolver esta responsabilidad en la gestión. Del responsable principal, por el período de su desempeño, el señor Miguel Blesa, sólo se tiene el entusiasmo de la Fiscalía General del Estado en defender su gestión. Pero la deuda y los afectados por las preferentes siguen sin apreciar que la justicia actúe en consecuencia a los hechos denunciados.

De modo posterior a aquella gestión, un caso emblemático puede ser que, en mayo de 2012, la primera decisión que adoptó el nuevo presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, tras tomar posesión en el cargo en sustitución de Rodrigo Rato, fue someter al consejo de administración la conversión en acciones del préstamo de 4.465 millones que concedió el FROB en 2010. “No estamos hablando de ayudas, estamos hablando de capital, que será la responsabilidad de los gestores sacarle valor. No hay que hablar de devolver nada”, fueron las palabras del presidente de la entidad nacionalizada. “No ha habido discrepancias con Economía, De Guindos, ni con el Banco de España, se entendió por todas las partes que este grupo necesitaba capital normal”, prosiguió. Claro está que, al no haber plazo de devolución y que como era intención de la entidad la devolución del dinero o bien que lo recupere el Estado mediante su futura venta… esa deuda se transformó en pública afectando a todos los ciudadanos. En otras palabras, la entidad nacionalizada se “liberaba” de la obligación de devolver esos fondos…y sus acreedores se garantizaban el mantener la opción de cobro. Curioso modo de afectar el interés público…, ¿no?

El periódico El País del lunes 6 de enero indica que un informe redactado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, y que procurará llevar al pleno de Estrasburgo en marzo, se centrará en los efectos que las políticas impuestas por la troika han tenido en esos países sobre el empleo, la pobreza, el abandono escolar prematuro y el diálogo social. “En tres años se ha triplicado el desempleo, se han destruido millones de puestos de trabajo y se han superado los registros históricos de pobreza. Se ha aprovechado la crisis para destruir el modelo social nacional”, resume Cercas para este medio. Pareciera que algo se mueve en Europa. Por ello, estas elecciones son decisivas para que haya una recuperación de la equidad y la ética o un área basada en la voluntad de los mercados por encima de los estados miembro. 

Tal vez por ello, el Partido Popular inicia el año abriendo una brecha electoral muy importante con respecto al PSOE. Casi nueve puntos de ventaja que no le servirían para revalidar una mayoría absoluta, pero vienen a demostrar el efecto de los primeros datos positivos de la economía. Sobre todo, el convencimiento sobre su propio electorado, y que traslada el Gobierno sobre la recuperación, actúa como impulsores de su electorado. Aún cuando esté agotado por la crisis y ansioso de comprobar en su realidad económica personal una mejoría, el votante del PP repetirá.

Es inmune, por ejemplo, a lo que esconde que el número de personas apuntadas a los servicios públicos de empleo bajaran en 107.000 durante diciembre, de 2013. Según los datos de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Esta información fue “filtrada” anticipadamente por el gobierno a través de la agencia Servimedia, para sorpresa del conjunto de los mentideros políticos. En los archivos del Ministerio, que arrancan en 1997, no hay ningún retroceso de esta intensidad para un mes de diciembre. Nada se dice acerca de la disminución de las altas en la Seguridad Social, ni de las personas que han dejado de estar inscriptas en las oficinas de empleo, o bien por haber sido “recortadas” y expulsadas en el marco de las medidas restrictivas. O también por ser parte del fenómeno de la migración, de los que regresaron a sus países o de los españoles que se han marchado.

Así, entre parte de verdad y bastante de manipulación, el PP lograría el 33,3% de los votos, con 11,3 puntos del 44,6% que logró en las elecciones generales de 2011. Aún obtiene un 8,9 por delante del PSOE que registraría su resultado histórico más bajo: un 24,4%. Parece que los socialistas han asumido una suerte de suicidio político al seguir sosteniendo a un líder que literalmente no sólo no existe en términos de oposición, sino que se está convirtiendo en el resorte que permite que el PP de Rajoy pueda estar al borde de una nueva mayoría absoluta para cuando lleguen las elecciones generales. Ésta es la primera conclusión que sugiere esta encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO. 

En definitiva, la disrupción sugiere dos opciones. Personalmente, prefiero a lo dicho por el escritor y periodista brasileño Fernando Sabino: “Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda… un encuentro.”

 
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