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La tercera ola nacional de saqueos PDF Imprimir E-Mail

Actualizado a Dic-11-13 - por el CENM

El seguimiento cuantitativo de los saqueos que a través de los medios de comunicación viene haciendo el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría en el último cuarto de siglo, muestra que entre 1989 y 2013 inclusive han tenido lugar en Argentina 3.356 hechos de este tipo.

El fenómeno irrumpe a fines de los años ochenta, cuando con el estallido de la hiperinflación a mediados de 1989 tienen lugar 676 saqueos, los que en general se concentraron en el conurbano de las ciudades más importantes. Con mucha menor intensidad se repiten a fines de 1990, cuando tiene lugar la hiperinflación en el comienzo del gobierno de Menem: ese año se registran 95.

Una década más tarde reaparece el fenómeno cuando, al estallar la convertibilidad a fines de 2001, tienen lugar 875 saqueos, los que continúan en las primeras semanas de 2002, en la cual ocurren otros 151. Hasta el año 2002 los saqueos reaparecerán esporádicamente y con baja intensidad.

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(*) Abarca hasta el 11 de diciembre de 2013 inclusive.
Centro de Estudios Nueva Mayoría

En 2003 se registran 14; en 2008, 9; al año siguiente (2009) sólo 5; en 2010 y 2011 se contabilizan 26 y 11 saqueos respectivamente. Pero el fenómeno reaparece con fuerza en diciembre de 2012, cuando tras iniciarse en Bariloche, se extienden a varias provincias del país, incluyendo Buenos Aires y Santa Fe. No alcanza la fuerza y extensión de los saqueos de 1989 o de 2001, pero muestra que puede ser un fenómeno que se nacionaliza.

Ahora, en lo que va de 2013 se contabilizan un total de 1266 saqueos, lo que constituye una manifestación incluso superior a las registradas en 1989 y 2001.

Esta cifra surge aplicando la misma metodología desde 1989, que es la cuantificación de la información difundida por los medios de comunicación. Una entidad que representa a los comercios medianos y pequeños ha difundido una aproximación en números redondos, que habla de aproximadamente 1900 saqueos durante la última semana, los que han tenido lugar en 14 provincias. Estima un costo del perjuicio económico que llega a los 600 millones de pesos.

Si bien inicialmente se concentraron en Córdoba -donde se contabilizan un millar-, se han extendió también a Santa Fe, varios lugares de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, Chaco, Tucumán, Jujuy, Chubut y otras provincias. El lunes 9 de diciembre se contabilizaron 116 saqueos de comercios en un solo día en una decena de provincias y el martes 10 se registraron 84 saqueos de comercios pero sólo en 3 provincias.

Los muertos alcanzan a una decena y también ha sido muerto un policía de la provincia del Chaco. No hay información oficial sobre los muertos y por lo general la información ha sido dada desde los hospitales a los cuales han llegado. Tanto en Entre Ríos como en Jujuy se ha informado desde estas fuentes sobre más muertos en los saqueos, ya sea provocados en enfrenamientos entre saqueadores y comerciantes o entre los primeros.

Los heridos son centenares y no hay cifras precisas sobre ellos ni sus identidades. Hay miles de detenidos, aunque no hay información oficial: en Tucumán detuvieron a un centenar de personas por participar en saqueos y en Mar del Plata otras 72; en Córdoba se detuvo aproximadamente a 300 personas durante los saqueos y después por vender en Facebook el producto de lo robado. Son solo ejemplos de algo que ha sucedido en forma generalizada en la mayoría de las provincias del país.

Pero esta tercera ola nacional de saqueos en un cuarto de siglo tiene fuertes diferencias con las anteriores. Ante todo no se corresponden con una situación extrema de crisis económica como sucediera en 1989 y 1990 o en 2001 y 2002. En segundo lugar, en ambas situaciones el detonante fue la situación delicada de la pobreza extrema; en cambio ahora lo es la extendida protesta policial, que potenció el brote iniciado en el Gran Rosario la semana antes de las medidas de fuerza de las policías provinciales; en las dos situaciones anteriores los saqueos fueron protagonizados por sectores que vivían en la indigencia o pobreza extrema, en cambio ahora también participan sectores de la clase media baja; por último, los alimentos fueron lo más robado en las dos oportunidades anteriores, pero ahora los electrodomésticos y la indumentaria son una parte importante del botín.

En 2001 irrumpieron las imágenes de televisión como un factor relevante, ya fuera tanto para generar un efecto de imitación en unos como para infundir temor en otros. En 2013, a este efecto se le suman las redes sociales, que han sido utilizadas para convocar y para vender lo robado: que quienes participaron en los saqueos utilicen también las redes sociales evidencia por un lado la alta penetración que hoy tienen estas redes en Argentina, pero también la participación que en este fenómeno social -que no deja de ser un delito- tienen los sectores de clase media-baja.

A ello se suma que el narcotráfico y el consumo de drogas son más relevantes en la población, que las barras bravas han creado nuevas redes de delincuencia organizada y que, por la inseguridad, hoy es más alto el porcentaje de la población total que está armado.

En consecuencia, la Argentina está frente a una ola nacional de saqueos como sucedió en 1989 y 2001, pero las causas no son las mismas y, sobre todo, tienen lugar en una sociedad que ha cambiado mucho desde entonces. Se trata de un problema social que sin dudas tiene consecuencias políticas y económicas, pero que es peligroso simplificarlo o tratar de utilizarlo argumentando que es un plan de desestabilización.

La ley de Seguridad Interior -sancionada con el voto del Peronismo y el Radicalismo en los años ochenta- prevé para estas situaciones de emergencia la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional que está integrado por el Presidente de la Nación, los ministros de Interior y Defensa, los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales, los gobernadores de las provincias en cuyo territorio se vea alterado el orden público y los jefes de las fuerzas policiales y de seguridad provinciales si fuera necesario.

Generalmente, en las emergencias es mejor acordarse, y no olvidarse, de los mecanismos institucionales.

 
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