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España: La violencia y el autoritarismo en el estado de derecho PDF Imprimir E-Mail

Nov-12-13 - por Alberto Vila Porto

El Poder consiste en un conjunto de relaciones de fuerza que individuos y grupos sociales establecen entre sí a partir de la posición que ocupan en la sociedad. Entonces, el Poder es el dominio sobre personas, grupos o situaciones, que privilegia a una de las partes de la relación, debido a la condición de la fuerza que cada uno representa. En Democracia esa relación tiende a ser equitativa y basada en la norma.

Los efectos perversos de esas relaciones pueden manifestarse bajo la forma de una disfuncional manera de ejercer el Poder. Por ejemplo, cuando las relaciones se traducen en un dominio que se salta las reglas de juego, o normas, que se dan los ciudadanos en Democracia. Dado esto, estamos en presencia de un escenario de violencia. Si definimos Violencia como el acto de forzar a personas o grupos contra su voluntad, puede acordarse de que los Estados Autoritarios son violentos.

Incumplir el pacto establecido con los ciudadanos, tanto votantes como no, relativo a la plataforma electoral, por ejemplo, es violentar la voluntad de aquél, al menos, que deposito su voto con la convicción de obtener a cambio la gestión del Poder por la que confiere su voto.

Algunos dirán, con razón, que el verdadero sentido del Poder no debe ser que algunos sometan a los otros, sino que todos se sometan a las normas de convivencia. Esto, incluye a los depositarios de la voluntad de los votantes. Sin embargo, si esas normas se transgreden desde el mismo centro de administración del Poder, se está en presencia de un Estado Autoritario.

Las decisiones contrarias a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, tal como muestran las encuestas, en materia de recortes sociales y económicos o, en materia delictiva, la corrupción, por ejemplo. El Autoritarismo supone que quién ejerce el Poder obtiene todas las ventajas a través de la manipulación de aquellos sobre los cuales se ejerce el mismo. ¿Es reconocible ese perfil en la gestión de los gobiernos calificados como democráticos?

El Autoritarismo no permite escoger. Quién determina las normas, para bien o para mal, es siempre la Autoridad que concentra el Poder. No atiende a razones ni a argumentos de probada validez. Su práctica se basa en el Temor a la Autoridad. Maquiavelo enseñó al príncipe que tenía que utilizar el temor para gobernar. Así, se pone de manifiesto la sensación de vulnerabilidad y dependencia de los ciudadanos sometidos a ella.

Estos Estados en evidencia cuando, a su pesar, desde fuentes supranacionales, les dejan al descubierto de su propia situación. Los fallos desde Bruselas son el ejemplo que evidencia esta afirmación.

En España, el Partido Popular acaba de “instar” al Gobierno para que modifique el Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones por agresiones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este partido considera que la prisión de dos a cuatro años o las multas de tres a seis meses no son castigos suficientes por emplear la fuerza, intimidar o resistirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esto sucede, porque en los Estados Autoritarios se procura manipular a la Justicia, de modo que sea instrumental a los intereses del grupo dominante. Así, se trata sea ejercida de manera “ejemplificadora” contra aquellos que osen manifestarse en contra de sus excesos.

También, la gestión de la Fiscalía General del Estado está siendo observada con interés, como consecuencia de algunas decisiones que pueden llevar a la reflexión sobre los límites de la legalidad. Es decir, el bien y el mal son establecidos en función de la finalidad que pretenden los que concentran el Poder. No resulta edificante observar la discrecionalidad en la orientación del tratamiento que, en ocasiones, confiere la Fiscalía, según la causa de que se trate. Valga el curioso ejemplo de la “desimputación” de la Infanta, en el llamado caso Undargarín.

Por tanto, mientras se esté en un Estado de Derecho en Democracia, los ciudadanos tienen la responsabilidad de la defensa de su propia libertad. Ello, no es otra cosa que la recuperación de los valores que el Autoritarismo pretende degradar en su beneficio. Los ciudadanos deben recuperar la ilusión en que la pertenencia a una sociedad tiene como fin el enaltecimiento de sus integrantes, en el marco de relaciones equitativas de esfuerzos y obligaciones compartidas, todo en función del Bien Común. Eso, es un modo de evitar el propósito de los intentos autoritarios, de lograr que el conjunto social acepte como inevitable que el sometimiento es la única salida frente al Poder.

Ese ejercicio de defensa de la Democracia debe hacerse sobreponiéndose a los “miedos”. Como expresa certeramente José Antonio Marina, en su ensayo “Anatomía del Miedo”: “Si hemos perdido aquello en que poníamos nuestra dicha, nos sentimos tristes o, en casos extremos, desesperados. Si surge un obstáculo que nos impide la culminación de nuestro propósito, experimentamos un sentimiento de furia, que nos impulsa a ir contra el impedimento. Pues bien, si percibimos un peligro que amenaza nuestros deseos, lo vivimos como miedo.”

En conclusión, la Democracia real está en los ciudadanos. Si estos renuncian a ese cometido, su calidad se irá deteriorando ya no sólo en la dimensión económica, sino en el conjunto de las relaciones que nos caracterizan como personas. Ese futuro no es creíble que sea el sentimiento de la mayoría de los españoles. Por tanto, deberá ser custodio de los límites de la legalidad en la toma decisiones de los gobernantes. En esa función, la última frontera es la administración de Justicia.

Blaise Pascal afirmaba que: “La Justicia sin la Fuerza es impotente; la Fuerza sin la Justicia es tiránica”. La palabra la tienen los ciudadanos honestos.

 
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